Josefa Hernández.

Josefa Hernández, de 62 años, tendrá que permanecer seis meses en prisión por no tirar una casa que construyó hace 16 en el Parque Rural de Betancuria, una zona protegida de Fuerteventura. Tenía una multa, que pagó, y una sentencia de derribo que ha incumplido porque no tiene otro lugar donde vivir. Pero la familia Aznar-Oriol sólo tendrá que pagar una multa por construir un auténtico palacio en Cabañeros, mientras que en Playa Blanca, Lanzarote, siguen funcionando como si no ocurriera nada los hoteles ilegales. Esta es la España que nos sigue tocando vivir.

Los casos no son iguales, claro, porque es la España rica frente a la España pobre, tan pobre que Josefa Hernández tiene una hija con un 39% de discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, y está dispuesta a aceptar una vivienda social para dejar su casa. Pero el sistema no le permuta vivienda y sólo le deja una salida: la cárcel por no cumplir la orden de derribo, aunque ello conllevara que tuvieran que dormir en la calle.

Josefa Hernández padece diabetes e hipertensión, pero eso no le impidió iniciar el pasado miércoles una huelga de hambre, motivo por el que se desmayó el viernes y no pudo embarcar hacia Lanzarote para cumplir su condena. El caso de Josefa es una injusticia flagrante, cuando en Playa Blanca hay hoteles ilegales funcionando a todo ritmo, hoteles que el gobierno insular quiere regularizar.

Una hija de Josefa, Minerva Zerpa, cuenta que en esta casa su madre, sus hermanos y sobrinos sobreviven con apenas 740 euros al mes: la pensión de su madre que es de 320 euros y la prestación por desempleo de su hermano de 420 euros: «Con este dinero es imposible pagar un alquiler», dice, y con razón.

Josefa Hernández llegó a Fuerteventura hace 23 años. Tiene siete hijos y edificó esa casa hace 16 años en un terreno que heredó de sus padres. En 2012, una sentencia firme del Juzgado de lo Penal Número dos de Puerto del Rosario condenaba a esta mujer a pagar 700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. Esta cantidad Josefa ya la ha abonado pero es la negativa de derrumbar la construcción lo que le ha hecho que tenga que cumplir condena en la cárcel.

Pero Minerva Zerpa denuncia que esa zona se declaró Parque Rural después de que la vivienda hubiese sido construida. Concretamente, el Gobierno de Canarias lo ratificó así en el año 2009. En la plataforma Change.org se han recogido firmas desde el pasado jueves, para luchar por esta causa y ya se superan las 10.000.

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Los Aznar-Oriol: multa por construirse una mansión en Cabañeros

En esta España profunda…mente injusta en la que tenemos que vivir sobresale otro hecho: que mientras una madre y abuela coraje tiene que ir a la cárcel con los antecedentes arriba enunciados, una pareja de poderosos, el matrimonio Aznar-Oriol, tiene que pagar una simple multa por construirse un auténtico palacio en el Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real: el instructor de Medio Ambiente admite que es una falta muy grave pero propone 201.000 euros, aunque la ley permite llegar a los dos millones.

Alejandro Aznar, que preside el grupo naviero Ibaizabal y las bodegas Marqués de Riscal además de estar casado con la ex presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol, es dueño de una finca en el corazón del parque protegido. Allí existía anteriormente una casa. Según denunció eldiario.es, en 2010, la sociedad a cuyo nombre está registrada, Inmobiliaria del Bullaque, pidió permiso para mejorar los aislamientos, la calefacción y los saneamientos de la vivienda. Obtuvo el visto bueno, pero aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar reses. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m2 cada una. La ley de creación de este espacio protegido prohíbe «la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley».

Pero hasta que la cuestión de la mansión no saltó a luz pública, el Ministerio de Medio Ambiente fue, al menos oficialmente, ignorante de lo que se fraguaba en un territorio de su competencia. La inspección se personó en la casa el 14 de noviembre de 2014, según los hechos que relata la propuesta de resolución. Cinco días después se inició el expediente sancionador.

Ahora tres organizaciones ambientales (Seo-birdlife, Ecologistas en Acción, WWF Adena) han denunciado ante la fiscalía las obras. Veremos que ocurre, pero no será el mismo caso de Josefa Hernández.

Los hoteles ilegales de Lanzarote

Ahora bien, cómo será la desvergüenza en este país que el Gobierno de Canarias preparó en 2014 una ley que debía servir, entre otras cosas, para encajar dentro de la legalidad a casi todos los establecimientos hoteleros con licencias anuladas que no encajaban dentro del nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza, en Lanzarote.

Este proyecto quería redundar en la solución prevista en el Plan General, que a su vez recogía lo que preveía la nueva Ley de Modernización Turística, que permite el aumento de la edificabilidad en un cincuenta por ciento para aquellos hoteles que vayan a mejorar sus zonas comunes sin aumentar el número de camas. Esta medida está pensada para la rehabilitación de establecimientos, pero en la práctica se van a poder acoger a ella los hoteles con licencia anulada que hubieran superado el número de plazas que se les permitía, y así convertir esas plazas en zonas comunes y adaptarse al planeamiento.

Con el aumento de la edificabilidad del cincuenta al cien por cien se facilita a varios establecimientos que acaben encajando en el planeamiento municipal, insular y regional. A cambio del aumento, los hoteles deberían obtener la licencia y pagar las plusvalías correspondientes, así como abonar el 15% del aprovechamiento urbanístico.

La inclusión en el Plan General de esa disposición que aumentaba la edificabilidad ya había recibido críticas y alegaciones en el Plan, por considerar que después de haber incumplido la normativa, se regalaba a esos hoteles la posibilidad de ampliarse usando una disposición pensada para la rehabilitación. Aunque, claro, el Gobierno, cuando se anunció esa medida, argumentó que no estaba hecha ad hoc para legalizar los hoteles de Playa Blanca. Pero los hoteles de Playa Blanca que no son legales siguen funcionando, y a una anciana la quieren meter en la cárcel por no tirar su chabola en la que viven seis.