En Madrid, los primeros hombres del sindicalismo clandestino en la Policía Nacional fueron Fernando Vázquez Romay, Teodoro Escudero, Miguel Terrón Berrocal, Javier Tirado Melo, Modesto Chavez, Rafael Marín Ramírez, Benjamín Arias, Antonio Moya, Pablo Torras y unos pocos más. En abril de 1983 en un programa de TVE apareció uno de los dirigentes, Miguel Terrón, exigiendo la desmilitarización de la Policía y que los militares abandonaran la misma. Eso fue una bomba en el colectivo y entre los militares y también desencadenó un debate interno entre los pocos afiliados y todos los policías.
En octubre de 1982, el sindicato clandestino en Madrid estaba dividido en tres grupos: uno «patrocinado» por la Inspección General, que defendía la permanencia de los militares en la Policía, otro por sindicatos del Cuerpo Superior (luego integrado en el Cuerpo Nacional de Policía que defendían que la Gestora Nacional debía estar en Madrid) y otro por mandos del Cuerpo que pretendían que se defendieran sus intereses.
En ese momento y por distintas razones se produjo un crecimiento de afiliación, y la división entre los tres grupos citados permitió a los que entramos pasar a formar parte de la Gestora Provincial Clandestina en Madrid prácticamente recién afiliados. Leovigildo Gala, Rafael López Fonseca, Javier Alonso, José Luís Negrillo, Marcelo Monzón, Ramón Escudero y yo mismo nos afiliados en esa fecha, aportamos un crecimiento de afiliados y un nuevo grupo para la división en Madrid.
En junio de 1983, en la nueva Gestora Provincial Clandestina ya no estaban ninguno de los fundadores del sindicalismo en Madrid, citados en el primer párrafo, salvo Rafael Marín y Benjamín Arias, y entramos en la misma los citados Leovigildo Gala, López Fonseca, Negrillo, y yo, y se mantuvo la misma hasta la legalización, en noviembre de 1984, no sin dificultades.
Esa Gestora ya tenía claro que el objetivo era una policía civil al servicio del pueblo, que se concretaba en: a), una policía respetuosa de los derechos de la ciudadanía, y b), que sus miembros tuvieran derechos como policías en un cuerpo civil, entendiendo que formaban parte ambas cosas del mismo modelo y que no era posible lo uno sin lo otro. Es patético ver hoy a policías y sus sindicatos que reclaman sus derechos al tiempo que aplican a rajatabla la «ley Mordaza» contra la ciudadanía. Allí donde la ciudadanía no tiene plenos derechos civiles los policías, menos.
Los que querían una policía militar: Romay
Carlos Fernando Vázquez Romay siempre fue considerado como un policía afín a la Inspección General Militar de Policía Nacional. Sus movimientos lo delataban y un libro escrito en 1984 por dos periodistas «Policía sin censura «, así lo denunciaba. Al no ser elegido en el SUP, Romay creó la APUE, Asociación de Policías Uniformados del Estado, a finales de 1983, (tras una asamblea nacional celebrada en septiembre de ese año en Torrejón de Ardoz, de la que expulsado), que colocaba sus estatutos y notas en los tablones de anuncios de las comisarías y defendía la permanencia de los militares mientras los demás éramos perseguidos.
Romay también intento que funcionara el SUP-reconstituido, creó el SNP con el que consiguió un vocal en las primeras elecciones al Consejo de Policía y por lo tanto la condición de representativo (1987) y aprovechó la división interna del SUP de 1989 para crear la UFP bajo el manto protector de UGT. Después creó una nueva organización (SNPE) y en la actualidad está en una embajada, repitiendo por tercera vez, ya alejado de la actividad sindical.
Juego sucio del estamento militar
En ese tiempo convulso y con las dificultades que conlleva la clandestinidad, llegaron a haber hasta tres grupos manteniendo reuniones y emitiendo comunicado en nombre del SUP de Madrid. Uno de ellos, no el legítimamente elegido que era el de Leovigildo Gala, Javier Alonso, Benjamín Arias… se entrevistó con Manuel Chaves, grabó la conversación y la difundió, lo que cerró muchas puertas durante un tiempo pues nadie se fiaba de quién iba en nombre del sindicato por esa actuación.
No fue un error; el grupo que lo protagonizó estaba patrocinado por el estamento militar en la Policía y consiguieron lo que pretendían: dificultar las relaciones de los miembros del SUP.
En el sindicato se habían celebrado distintas reuniones de dirigentes de provincias, en Gines y Zaragoza, que fueron consideradas asambleas nacionales, pero en septiembre de 1983 se celebró en Madrid, Torrejón de Ardoz, una a la que asistieron representantes de 40 provincias y que supuso el empujón definitivo para que a partir de 1984 comenzaran las presentaciones públicas de los distintos comités para forzar la legalidad (comenzó la Gestora Nacional Clandestina en Sevilla, en marzo de 1984, siendo expedientados todos sus miembros).
Hacia la normalización del SUP
En la Asamblea Nacional de Torrejón se decidió centrar todos los esfuerzos en la legalización y aparcar hasta estar legalizados las disputas por la dirección nacional del sindicato que protagonizaban Sevilla y Zaragoza. Esta disputa se saldó a favor de Zaragoza, que pactó con algunos miembros de la Gestora Nacional Clandestina de Sevilla para apartar a Juan García Gámez, que era el secretario general en la clandestinidad, considerado hombre muy afín al PSOE y poco exigente en las reivindicaciones (al que apoyaba el Comité de Madrid).
En el congreso constituyente de enero de 1985 resultó elegido secretario general del sindicato José López González, uno de los cinco fundadores del SUP y secretario de organización en la Gestora Nacional Clandestina, y de número dos Francisco López Antonio, líder de Zaragoza y protagonista de la línea más dura del sindicato, acompañados por otros dos miembros de Sevilla de la Gestora Nacional Clandestina, José Osorno Marín, otro fundador, y José Camino Durán, además de responsables de Cádiz (Curro Moreno, que fue además presidente del congreso constituyente, muy polémico al figurar como miembro de una de las candidaturas), Ramón Castro (Asturias) Venancio González (Tito, de Cantabria), Pedro Acosta (Pamplona), Eduardo Alaiz (León), Ángel Visiedo (CRGs –hoy UIPs-), Isidoro Rodríguez (Barcelona), Ángel López (Galicia), Ramón Silva (Álava)… entre otros. Daba comienzo una nueva etapa.
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