Los datos ofrecidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, sólo contemplan las solicitudes que llevan más de seis meses sin resolver, es decir, aquellas con las que las Comunidades incumplen la Ley, que les obliga a resolver en ese plazo. No se trata, pues, de una “lista de espera” como tal, sino de una “lista de incumplimiento de la Ley”. La lista de espera real, según la información oficial que ofrece el propio Ministerio es de 286.861 personas. Esos son los datos reales facilitados por el presidente Asociación de Directoras y Gerentes, José Manuel Ramírez.
De esas casi 300.000 personas en lista de espera, 136.009 se hallan esperando valoración; a 123.857 no se les ha elaborado aún el PIA (reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde), y otros 26.995 tienen aprobado el PIA, pero están esperando recibir la prestación o servicio que establece ese PIA. Todo ello significa que la lista de espera real ha aumentado en 16.536 personas en este primer semestre de 2025.
Según esta asociación, para una persona -y sus familiares-, que llevan cuatro o cinco meses esperando una respuesta de la Administración en una situación tan apremiante, “ha de resultar doloroso que el Ministerio se olvide de ellos al hablar de la lista de espera de la dependencia”.
Bustinduy se olvida, además, de las personas que llevan meses esperando una revisión de Grado o un cambio del PIA. Y, por supuesto, de todas aquellas cuya solicitud -su expediente- está sin grabar en el Sistema (sin registrar), de los que ni siquiera se ofrecen datos porque “oficialmente” aún no han solicitado nada.
Personas fallecidas estando en lista de espera
Para la Asociación de Directoras y Gerentes llama la atención que el Ministerio no hiciera ninguna referencia a las personas fallecidas esperando ser atendidas por su situación de dependencia. “Estamos convencidos de que a miles de familias les resultaría cruel este olvido”. Recurriendo de nuevo a los datos del propio Ministerio, en los seis primeros meses de 2025 fallecieron 16.866 personas en la lista de espera de la dependencia: 9.006 pendientes de resolución de grado de dependencia y 7.866 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de su situación de dependencia.
En el primer semestre de 2025, una media de 92 personas fallecieron a diario en las listas de espera. Este sato “se le olvidó mencionarlo a los portavoces del Ministerio”, afirman desde la Asociación.
Esperando una plaza residencial
En su informe glorioso y triunfal, el Ministerio de Bustinduy destacó como un “éxito” en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia el incremento de los servicios domiciliarios, coherente con su estrategia de desinstitucionalización. Sin embargo, ni una sola mención a las más de 35.000 personas que están a la espera de una plaza residencial, porque su situación de dependencia y sus circunstancias personales o familiares hacen inviable que puedan recibir los cuidados que necesitan en su propio hogar.
“Nadie quiere irse de su propia casa por gusto; y hay que reconocer que con las escasas ayudas o la escasa intensidad de los servicios domiciliarios (ni siquiera dos horas diarias de ayuda a domicilio), personas Grandes Dependientes o Dependientes Severos, que necesitan ayuda continuada todos los días para todas las actividades de su vida diaria, puedan permanecer en su domicilio”, afirman en la Asociación.
Por esa razón, esta espera de meses y aun años para una plaza residencia puede resultar extremadamente angustiosa y generar gran sufrimiento en ellas y en sus familiares. Además, según los datos recabados por la citada Asociación, en lugar de aumentar las plazas residenciales, en el primer semestre de 2025 se han reducido en más de 2.000. Es decir, las personas -y familias- que están esperando una plaza residencial, cada día lo van a tener más difícil: “Sería de justicia realizar un impacto de género de estas 35.000 personas esperando una plaza residencial a la que, no olvidemos, se les ha reconocido el derecho”.
Prestación económica y servicios domiciliarios
El titular con el que encabezaba su nota de prensa el Ministerio señalaba que “el 56% de las prestaciones se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”. Pero, según los directores de servicios sociales, no es el 56%, sino el 87%, ya que se olvidaron de contabilizar entre estas “prestaciones” una de las más extendidas -y exiguas-, que es la prestación económica de cuidadores familiares.
El alarde del Ministerio de un modelo más integral y normalizado para una atención centrada en la persona en su propio domicilio no compadece con servicios low cost, con una media de intensidad del servicio de ayuda a domicilio de 36 horas mensuales o una cuantía en la prestación económica de cuidadora familiar de 264 euros al mes. Y solamente el 13,6% de las cuidadoras están dadas de alta en el convenio especial de cuidadoras no profesionales.
En cuanto a la teleasistencia, el Ministerio olvidó señalar que el 56,5% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de Teleasistencia, siendo que el Plan de Choque del año 2021 estableció este servicio como un derecho de toda persona en situación de dependencia que viviera en su casa. A ello hay que añadir que 63.356 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia reciben como única prestación la Teleasistencia. “Resulta absolutamente vergonzoso que se considere atendida una persona con esa prestación”, dicen en la Asociación.
