El golpe de Cataluña triunfa en España

El 1 de octubre de 2017 el independentismo catalán organizó un referéndum ilegal, sin censo, donde se podía votar una o varias veces en la misma o distintas mesas. Fue posible por un rotundo fracaso del Estado y sus servicios de seguridad (CNI, Policía, Guardia Civil y Mozos). Decenas de policías nacionales siguen imputados en distintos juzgados de Cataluña por uso excesivo de la fuerza. Los políticos y mandos que impartieron las órdenes siguen la tradición española de escurrir el bulto cobardemente. El “yo disparé” de Thatcher cuando su policía acribilló a 3 miembros del IRA desarmados en Gibraltar nunca se ha producido en España. GAL, Fondos Reservados, “Chivatazo”, Kitchen… jalonan nuestra historia de podredumbre moral de políticos y mandos.

El presidente de la Generalitat, hoy prófugo de la justicia española, pronunció en el parlamento catalán el 27 de octubre una Declaración Unilateral de Independencia que dejó en suspenso 56 segundos después. El Gobierno de la nación, con el apoyo de distintos grupos políticos aplicó el artículo 155 procurando no molestar mucho, como pidiendo disculpas a los golpistas. Pedro Sánchez apoyó la aplicación blanda del 155 porque así lo pactó con Rajoy, más de cara a la galería que eficaz para controlar la administración independentista catalana.

El 31 de mayo y 1 de junio de 2018, una moción de censura expulsó a Rajoy y eligió presidente del Gobierno a Sánchez con apoyo de quienes defienden trocear el Estado y la nación: ERC, Ehbildu, UPodemos, PNV, entre otros. Sánchez no cumplió su palabra de convocar elecciones inmediatas, sus socios de investidura no aprobaron sus presupuestos y se celebraron elecciones en abril de 2019. Los 123 diputados obtenidos y las exigencias de Podemos (ministerios de Interior, RTVE, CESID…) llevaron a nuevas elecciones, en noviembre, en las que el PSOE obtuvo tres diputados menos. Como la prioridad siempre fue conseguir el poder a cualquier precio, el “no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno” que llevó a repetir los comicios, transmutó en 24 horas en abrazo a Iglesias y nombramiento como vicepresidente segundo.

El Tribunal Supremo condenó a dirigentes independentistas a distintas penas de cárcel por sedición y malversación en octubre de 2019, un mes antes de las elecciones generales. El 14 de febrero de 2021 se celebraron elecciones en Cataluña siendo el PSC la fuerza más votada, pero ERC formó gobierno con apoyo de JxCAT. El independentismo gobernaba tras la declaración de independencia y el 155.

Cuatro meses después, el 21 de junio de 2021, el Gobierno indultó a los independentistas condenados y en prisión. En mayo de 2022, el TSJ de Cataluña dispuso que debía aplicarse un 25% en lengua castellana (idioma oficial del Estado español) en la enseñanza en Cataluña, a lo que responde la Generalitat con una nueva norma que ratifica la imposición del 100×100 en catalán. Père Aragonés dice que ha pactado con el Gobierno de España que no recurran dicha norma, que el Gobierno no recurrió. También existen obstáculos para el uso del castellano en el País Vasco, Navarra, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Ahora el Gobierno anuncia que se eliminará el delito de sedición, añadiendo sus supuestos en otra tipificación legal con penas más leves, y se muestra dispuesto a negociar una reducción de la pena del delito de malversación que propondrá ERC en el trámite parlamentario. De aprobarse esa reducción, beneficiaría a Junqueras y otros independentistas y de rebote (¿o no?), a Griñán, que podría evitar su entrada en prisión. Quien conozca la historia reciente de España encontrará paralelismos entre estos actos políticos de 2017-2022 con los de 1932-1936, que llevaron a Lluís Companys a ser presidente de la Generalitat, detenido, encarcelado, condenado a muerte por declarar la independencia y poco después amnistiado.

No puede decirse que el golpe de Estado del independentismo en Cataluña haya fracasado sino todo lo contrario, alcanzó objetivos más allá de lo que pretendía; influye tanto en el gobierno de España que consigue indultar a los condenados, facilitar su reinserción política reduciendo las penas por los delitos cometidos y ahora pretenden que se considere legal utilizar dinero público para promover la ruptura del Estado. Ya solo quedará el referéndum pactado que anuncia Père Aragonés como próximo objetivo.

¿Quién puede mantener que fracasaron? Dividir el Estado y la nación se puede intentar unilateralmente contra las leyes o con la complicidad del Gobierno de España cambiándolas, que es lo que se está produciendo. En el debate de ruptura nacional faltaba el PNV, que aparece con Urkullu pidiendo aprovechar la reforma legal sobre la sedición para modificar el artículo 155 de la Constitución.

Las élites políticas están tratando de amoldar la nación y su estructura a su conveniencia. Millones de ciudadanos en el umbral de la pobreza, cientos de miles en colas de hambre, pensiones de miseria, cinco millones en listas de espera sanitaria y una deficiente atención en Asistencia Primaria importan menos; millones de parados, desigualdad entre territorios en sanidad, educación, cobertura social, pobreza energética, prohibición de usar la lengua común en educación en varias comunidades autónomas, desprecio y desatención en servicios públicos o privados como el SEPE, la Seguridad Social o la banca, entre otros múltiples problemas de la gente, son cuestiones secundarias para ellos, viviendo como maharajás de las ubres del Estado multiplicadas hasta el infinito. Se equivocan. Viven con privilegios derrochando el dinero de todos despreciando necesidades básicas y derechos de la ciudadanía, de la gente, que se defenderá más pronto que tarde no permitiendo que conviertan la nación en cortijos que dirigen como caciques, como tribus de Alí Babá y sus 400.000 ladrones.

La hoja de ruta del independentismo y del PSOE incluye un referéndum en Cataluña. Con mayoría progresista y Conde-Pumpido de presidente, el Tribunal Constitucional validará un referéndum consultivo no vinculante, que más allá de su ineficacia legal, tiene la lógica política de que distingue un cuerpo electoral decisorio sobre Cataluña negando al resto de españoles el derecho a decidir sobre dicho territorio. Los jueces no pueden mancharse la toga legalizando actuaciones dirigidas a dividir el Estado y la nación y si lo hacen, deben salir de sus despachos detenidos por los servicios de seguridad competentes.

Con la unidad del Estado y la nación no se juega a conveniencia de intereses partidistas, ideológicos o particulares, aunque se sea presidente del Gobierno, de la Generalitat o se vista toga con puñetas en la bocamanga. ¿Qué no hemos aprendido de las dos repúblicas, la Guerra Civil y la dictadura? El derecho a decidir de todos los españoles no es otorgado por políticos, leyes ni jueces. Es un derecho fundamental sustentado en la misma existencia de la nación española de la que forma parte indivisible Cataluña, como además recoge la Constitución de 1978 porque sin contemplar la unidad territorial de la nación nunca habría sido aprobada.

 

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