Sostiene Hacienda que los superricos pagan apenas 150 millones de impuesto sobre patrimonio, lo que viene a ser una miseria. Por esto, el propio PSOE, ahora alarmado por la fiscalidad madrileña, donde este impuesto está bonificado, suprimió en su momento tal impuesto que en total solo recauda 1.200 millones.
Esta semana se ha conocido que los expertos han propuesto lo que el Gobierno pedía: aumento de impuestos y armonización fiscal. Todos, excepto los dos dimitidos que, por distintas razones, parecen haber reprochado al grupo de expertos un trabajo favorable al Gobierno.
Uno de ellos, Monasterio, considera con cierto criterio que el federalismo es poco compatible con la armonización fiscal. Zubiri pone el tiro en una peligrosa diana: el dinero está en la clase media: agárrense el bolsillo. Si no fuera por las consecuencias de la guerra el efecto fiscal sería, a corto plazo, demoledor.
Pero, en realidad, sabemos quién baja y dónde los impuestos. Al parecer sí; incluso el gobierno tiene datos de las administraciones autonómicas que cuadran poco o nada con las sospechosas teorías del “dumping fiscal”.
Si me permiten un “spoiler”, son los depósitos en paraísos fiscales y los fondos de pensiones los instrumentos que los superricos usan para su elusión fiscal.
Ayuso ha decidido elaborar una ley para blindar su régimen fiscal, cosa que, probablemente, no es constitucional pero que, ya de paso, ha irritado mucho a la señora Monasterio que quiere rebajas de impuestos para todos y afirma que esas leyes son cosas de independentistas.
Como ya les dije en mi interior comentario que con el lío que tenemos encima habrán olvidado, solo un 17% de toda la recaudación de las Comunidades Autónomas se financia con impuestos propios, donde toda autonomía normativa y de tipos es posible.
El 37% es fundamentalmente IRPF, donde sólo hay un margen relativo normativo sobre el 50% de la base imponible. La mayor parte, el 40% corresponde a IVA e impuestos especiales donde las autonomías ni pinchan ni cortan.
Los datos con los que les castigo proceden del ministerio de Hacienda y de informes de la Fundación FEDEA que cuenta entre sus patronos al propio Gobierno.
Sobre el afamado impuesto de sucesiones y donaciones les diré que, considerando todos los grados de parentesco, el grado de beneficios fiscales en Madrid es del 60,8%, mientras en Catalunya es del 63,11%. Además de las citadas, Canarias, Cantabria, Murcia y Rioja tienen la misma bonificación equivalente que Madrid.
Este impuesto recauda poco más de 1.600 millones, de los que Madrid “roba” al estado ni más ni menos que 375 millones, siendo Catalunya la que mejor recaudación ahorra con 493 millones.
Es en transmisiones patrimoniales donde el tipo impositivo madrileño es de los bajos un 6% (7% la media estatal, 10% el máximo). También lo es en Actos jurídicos documentados donde el tipo es del 0,75% (1 la media estatal y 1,5% el máximo). Esas notables ventajas le producen a Madrid un redito de 236 millones de euros.
El capítulo financiero más relevante en crecimiento después del IVA, que no corresponde a las Comunidades Autónomas, son las tasas. Las tasas es lo que a usted le cobran por pedir un servicio.
Madrid es la cuarta en recaudación, por detrás de Catalunya, Valencia y Andalucía que cobran más a sus ciudadanos por servicios similares. Hay 11 comunidades que cobran menos que Madrid.
Los tributos tradicionales cedidos son: Tasas, Impuesto Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Tasas sobre el juego y el Régimen Fiscal Canario. Sobre estos impuestos, con la excepción canaria, obviamente, es sobre los que Ayuso ha declarado que espera la mayor rebaja fiscal de la historia.
Antes de que ustedes se me asusten, déjenme decirles que estos impuestos suponen la extraordinaria cantidad del 9% sobre 23 mil millones de euros de ingresos en impuestos.
Hablando como se habla de las ventajas fiscales madrileñas conviene señalar que los llamados tributos cedidos tradicionales son los que desde el origen se cedieron a las Comunidades Autónomas.
El otro elemento de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, que guarda relación con el uso de nuestros impuestos, es su recurso a la deuda. La crisis financiera expulsó a las Comunidades Autónomas del mercado y el Estado debió establecer una serie de mecanismos de apoyo para cubrir los niveles de deuda.
Hay tres mecanismos establecidos que son el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) la subvención de intereses y, en un primer momento de la crisis financiera, el mecanismo de pago a proveedores.
El FLA es deuda que el estado asume en nombre de las Comunidades Autónomas: en este caso el saldo neto en 2019, año de la última liquidación, son 180.170 millones de euros, prácticamente el 15% del total de la deuda pública española en ese año.
Hay que decir que el 71% de esa deuda la concentran Catalunya (59.666 millones), Valencia (40.765 millones) y Andalucía (26.867). La Comunidad de Madrid solo ha usado este mecanismo financiado por el estado en 1.429 millones. Madrid ha recurrido al mercado mediante emisiones de bonos y se financia con sus impuestos propios.
Como habrán ido entendiendo, no se es en estas páginas muy jacobino. Pero, sobre todo, lo que se deduce de los números es que la “madrileñofobia fiscal” es económicamente tan irrelevante como absurda.
La armonización fiscal o los impuestos que vienen (el impuesto sobre la renta y los impuestos verdes) son otras dos cuestiones sobre las que habrá que reflexionar para tener una foto global del asunto que discutimos.
