Las políticas sobre inmigración deben ser consensuadas en España y en la UE. Los años de puertas abiertas, asilo, refugio y subvenciones a todos se han acabado y ahora son un problema en muchos países europeos. Así ocurre en Italia, Francia y Reino Unido, y en Alemania, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega han acordado la expulsión masiva inmediata de inmigrantes.

Lo de vivir 40 años de ayudas sociales con varios hijos sin trabajar en cualquier país europeo se acabó. En esto, como en otras cosas, España va con años de retraso y si aprendemos de las consecuencias en otros países quizás no tengamos que llegar a su nivel de deterioro  de la convivencia. En España se conocen casos de inmigrantes que siendo terroristas vivían sin trabajar de ayudas sociales, o quienes residen fuera de España y perciben una renta muy generosa, superior a la de un jubilado con decenas de años de cotización.

Si hay algo que está acabando con los gobiernos progresistas en Europa (ya quedan pocos) es el fenómeno de la inmigración descontrolada y sus consecuencias de criminalidad y choque cultural. Porque cometen delitos, porque no trabajan y porque no se integran. Es devastador para la comunidad ver los contenedores donde siguen viviendo hoy ciudadanos en La Palma y que los inmigrantes ilegales lleguen a hoteles de cuatro estrellas. Es inaceptable que haya españoles viviendo en la calle pidiendo limosna y no reciban la misma atención de alojamiento o reparto de alimentos que los inmigrantes. Ser español en España no te abre, te cierra puertas en esos niveles de pobreza.

Hay que frenar la inmigración ilegal en origen, organizando flujos que aporten riqueza en sus países y en el nuestro. La política de las últimas décadas de acogida, refugio y asilo se acabó. La UE somos el 6% de la humanidad y nuestro gasto social suma el 50%. Esto es un efecto llamada muy potente.

La inmigración debe ser la política europea común más importante y debe implicar a todos los países y sus consulados en el mundo de donde se exporte inmigración. Abrir negociados en todos los consulados para que quienes quieran venir a Europa a trabajar puedan registrarse; por hacerlo recibirán una retribución básica a cambio de comprometerse a no tratar de ingresar ilegalmente, aprender el idioma del país al que quieran viajar y, si procede, un oficio que puedan desarrollar. Además, un compromiso de respeto a los valores occidentales como la igualdad entre hombre y mujer, a la opción sexual que cada uno quiera (hetero, gay, lesbiana…) y la práctica religiosa sÓlo en el templo o en su casa, no en la calle, además de cumplir las normas de convivencia que nos hemos impuesto los nativos.

Cincuenta euros/mes en muchos países de África ayudarían a familias enteras y empezaría a frenarse la inmigración ilegal a través de mafias con miles de muertes. Una cantidad por su compromiso, inscripción en cada consulado, asistencia a los cursos de idioma y otros sería mucho más barato que el ingente coste que produce hoy la inmigración ilegal en los países receptores impidiendo que las mafias arriesguen sus vidas.

No menos importante es que la ayuda llega a cada ciudadano, no a organismos que los roban o se pierden en intermediaciones. Hay fortunas en Suiza y en paraísos fiscales de dirigentes de países que han recibido muchos millones de ayuda que no ha llegado a su ciudadanía.

Los inmigrantes ilegales son en amplísima mayoría personas honradas pobres que buscan trabajo; delincuentes son los menos, y terroristas, una excepción. No se puede deformar la realidad a conveniencia de los xenófobos ni en sentido contrario, los del pensamiento woke del Gobierno que son expertos en mentir y negar la realidad. No se puede negar que la inmigración ilegal incrementa mucho los delitos, en especial los violentos y las agresiones sexuales. El Gobierno puede y debe ponerle solución. Siendo muchos los delitos, son pocos los que los cometen en comparación con el total de inmigrantes que llegan, la mayoría de ellos en busca de trabajo incluso con salarios miserables.

España tiene que mirar principalmente a América, de donde muchas personas con la misma lengua y cultura vendrían a trabajar si se les permitiera. Y un servicio estatal de relacionar trabajo con personas en su lugar de residencia que hoy es inexistente. Si hay parados en Algeciras y trabajo en Valencia, con los salarios actuales es imposible desplazarse para trabajar. ¿Necesita Europa mano de obra de fuera dado que tenemos pocos hijos? Sí. Lo que no necesita es a quienes no vienen a trabajar sino a vivir de ayudas y exigiendo que se respeten sus normas de vida, sociales o religiosas.

Quien no trabaje, expulsado o sin ayuda. Quien sea ciudadano de un país por ser hijo o nieto de inmigrantes, viva de ayudas y no quiera trabajar, lo mismo, nada de ayudas sociales. Para tener derecho a ayudas sociales hay que trabajar. Es la condición imprescindible. Quienes no acepten las normas de convivencia antes expuestas, fuera. A los que cometan delitos expulsión, y si no es posible por no aceptarlo su país, pulsera de control y trabajos para la comunidad; si es un delito grave (asesinato, violación…) prisión permanente revisable y si es posible después, expulsión.

Hay que enviar el mensaje de que nadie que ingrese ilegalmente en España ni Europa será acogido ni tendrá asilo o refugio; en Europa hubo en 2022 más de 900.000 peticiones de asilo. En algún país, el 80 % de refugiados que reciben ayudas van de vacaciones a su país del que presuntamente huyeron por ser perseguidos. Aun así, los que lleguen deben ser tratados dignamente; hay que darles comida, alojamiento, asistencia médica… ¿o es mejor dejarlos morir de hambre y enfermedades en nuestras calles? Ni eso ni aparecer en el mundo como si en Europa pudiéramos recibir y atender a toda África, porque es falso y acaba con la democracia y el estado de bienestar del que gozamos.

No se puede venir a España sin seguir los cauces legales establecidos y quien venga así, se devuelve. En España, como en otros muchos países del mundo, entran más personas ilegalmente por aeropuertos y fronteras marítimas, aéreas o terrestres que en pateras. Entran con permiso de visita como turistas, traen una cantidad de dinero y billete de vuelta, pero muchos se quedan buscando un futuro mejor. Hombres o mujeres que trabajan en el mercado negro, explotados en tareas mal pagadas, cuidando a ancianos, enfermos o limpiando viviendas, dados o no de alta y con bajos salarios. Llaman menos la atención porque no llegan en pateras de gente pobre (además, negros y moros).

Cuestión aparte es que esas medidas de expulsión no pueden aplicarse con efecto retroactivo a todos los inmigrantes; hay que expulsar a quienes tengan antecedentes por delitos estén legales o ilegales y respetar a quienes estén trabajando. Esas personas, normalmente mujeres que vienen de países de Sudamérica que están explotadas, llevan años sin ver a sus hijos y familias y trabajan legal o ilegalmente por bajos salarios, están tan presentes en esta sociedad como los inmigrantes que trabajan en el campo, hace 30 años que viven en campamentos o casas en ruina sin luz ni agua y ya forman parte del paisaje.

Es inhumano, inmoral y criminal dejarlos que mueran en el mar o explotarlos. Hay que rescatarlos y pactar con estados africanos que los acojan allí si vienen ilegalmente. La política de inmigración debe ser justa; no criminalizar a millones de inmigrantes honrados por lo que hacen unos miles de delincuentes. A quienes llevan aquí años trabajando, regularización es la única medida justa, legal y beneficiosa para ellas y la sociedad. La eficacia en la gestión del interés general no es incompatible, al revés, con la moral del humanismo cristiano, la justicia social o la solidaridad.