Víctimas asesinadas desaparecidas: crimen sin castigo

Se ha celebrado juicio por las muertes (homicidios imprudentes, 1 a 4 años, o asesinatos, 15 a 25 años), de Airlene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer. El jurado, siete mujeres y dos hombres, recibió el lunes 150 folios con 700 preguntas a las que responder para emitir su veredicto, culpable o inocente, y después el tribunal dictará sentencia. El acusado, Jorge Ignacio Palma, contactaba con prostitutas o mujeres por redes sociales y mientras mantenían relaciones introducía cocaína en sus vaginas, pudiendo haber provocado sus muertes. Siete mujeres declararon como víctimas de dichas prácticas.

El acusado dice que Marta Calvo murió por accidente, que se asustó, descuartizó su cuerpo y lo arrojó en contenedores de basura. No se han encontrado rastros de sangre, ADN, etc., ni en su domicilio ni en contenedores y otras zonas revisadas. Posiblemente mienta y sepa dónde está el cuerpo. Su condena puede ser prisión permanente revisable si es declarado culpable de las tres muertes, pero estos crímenes con ocultación del cuerpo de la víctima deberían conllevar un agravamiento de pena porque supone para los familiares de víctimas una tortura mientras vivan.

El asesino de Marta del Castillo puede salir en libertad en cualquier momento sin haber aparecido el cuerpo de la niña. La sentencia que condenó al autor dejó muchos cabos sueltos. La familia pide seguir practicando diligencias encaminadas a encontrar su cadáver y la justicia responde con indiferencia y burocracia. Un fracaso de la justicia y la policía.

La prisión permanente revisable no es una condena perpetua. La administración penitenciaria puede conceder tercer grado a un condenado a esta pena a partir de pocos años, empezando a salir con permisos que se conceden con rutina a todos los presos, también asesinos o violadores reincidentes.

Ante criminales que hacen desaparecer los cuerpos de sus víctimas para ocultar pruebas se precisan leyes justas pensando también en las familias de las víctimas, las grandes olvidadas en nuestra legislación desde que nació el Código Penal. Es hora de que la justicia señale como referente a las víctimas y sus familias, hoy despreciadas, antes que la rutinaria reinserción del asesino. Hay que legislar sobre los derechos de las víctimas y sus familias cambiando si es preciso la Constitución, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ninguna víctima desaparecida sin castigo

Legislar que la prisión permanente NO es revisable mientras el asesino no facilite la localización del cuerpo. Ni permisos, ni progresión de grado, ni las habituales prácticas que permiten salir de prisión a asesinos y violadores en serie pocos años después de cometidos delitos brutales. Existen muchos ejemplos; el asesino de Laura Luelmo había asesinado años antes a una anciana para que no declarara contra él, entrando en su domicilio por una ventana; el asesino del niño de Lardero, al que confundió con una niña porque iba disfrazado por Halloween, salió de permiso contra el criterio de los profesionales por decisión política de Instituciones Penitenciaras. Decisiones arbitrarias que cuestan vidas sin que quienes las toman respondan por ello.

Impunidad administrativa

Respetar los derechos de los criminales no es anteponerlo a los de las víctimas y sus familias. Cuando esto ocurre, y en España es la práctica habitual, lo que se imparte es una condena permanente, una tortura mientras vivan para las familias que no merece llamarse justicia. Los políticos que legislan para que eso sea posible son cómplices de los criminales y del dolor que provocan. Son culpables. La sociedad avanza cada vez que se enfrenta a leyes injustas y las cambia.

 

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