La Unión Europea ha incorporado en la nueva Directiva Anticorrupción elaborada por Bruselas una advertencia contra el uso de amnistías, indultos, privilegios o inmunidades que puedan proteger a cargos públicos investigados o condenados por corrupción, pues pueden socavar la confianza pública. La iniciativa partió del Partido Popular y a partir de ahora los Estados de la Unión estarán obligados a notificar a Bruselas todos los indultos relacionados con delitos de corrupción, introduciendo así un mecanismo de transparencia verificable.

Esta Directiva supone un serio aviso al régimen de Pedro Sánchez, que ha usado indiscriminadamente tanto el indulto como la amnistía para obtener votos parlamentarios y ventajas políticas. La iniciativa partió del PP y, tras ser incluida en la nueva Directiva Anticorrupción, representa no sólo un aviso, sino también la posibilidad de que Bruselas se decante en contra de la amnistía concedida a los golpistas y supuestos corruptos catalanes seguidores de Carles Puigdemont, un asunto que debe verse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El texto final adoptado incluye varios elementos defendidos por el PP que alertan sobre medidas de gracia amplias de responsabilidad penal. En este sentido, recoge que no puede haber un uso abusivo de amnistías o indultos para proteger a políticos, porque eso destruye la confianza pública. Además, cualquier privilegio o inmunidad debe poder ser levantado mediante un proceso objetivo y transparente y todos los indultos deberán ser reportados y controlados.

El texto aprobado en Bruselas señala que “si bien la presente Directiva respeta plenamente todas las normas pertinentes de las constituciones nacionales, los principios constitucionales y las leyes, se hace hincapié en que proteger indebidamente a las personas —en particular a los titulares de cargos públicos— frente a la rendición de cuentas por delitos de corrupción podría socavar la confianza pública de una manera incompatible con los objetivos de la presente Directiva”.

En cuanto a las inmunidades, la Directiva pide que puedan levantarse y alerta del efecto de medidas que bloqueen las investigaciones. El texto señala que las “inmunidades pueden obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los delitos de corrupción” y que, por lo tanto, “debería existir un equilibrio adecuado”. Añade que “los Estados miembros deberían garantizar que los privilegios o inmunidades puedan levantarse. No obstante, los Estados miembros no estarán obligados a modificar sus constituciones nacionales”.

“Esta disposición vuelve a subrayar que los privilegios o inmunidades no deben impedir investigaciones o procesos penales por corrupción, un punto directamente relacionado con el debate español sobre los efectos de la amnistía en causas pendientes”, según el eurodiputado del PP y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, uno de los impulsores de la iniciativa.

Además, se incluye la obligación de que los Estados garanticen procesos transparentes para levantar privilegios, pues deben “adoptar las medidas necesarias para garantizar que los privilegios o inmunidades frente a la investigación y el enjuiciamiento (…) puedan levantarse mediante un proceso objetivo, imparcial, eficaz y transparente (…) concluido en un plazo razonable”.

Por otra parte, los Estados miembros deberán informar de todos los indultos concedidos en relación con delitos de corrupción, creando un mecanismo europeo de transparencia que permitirá detectar posibles usos de medidas de gracia que afecten a casos incluidos en el catálogo de delitos de corrupción.

Un toque de atención al sanchismo desde Bruselas

Aunque la Directiva respeta las constituciones nacionales, alerta explícitamente contra la utilización de amnistías, indultos o inmunidades que puedan impedir la rendición de cuentas en delitos de corrupción, tal y como estamos viendo en España merced a las necesidades del régimen sanchista. “Con esta Directiva, la UE eleva su nivel de escrutinio sobre cualquier medida que pueda percibirse como un blindaje frente a procedimientos judiciales en materia de corrupción”, afirma Zarzalejos.

La nueva directiva no supone una prohibición absoluta de las amnistías o indultos, pero sí establece límites claros cuando su aplicación afecte a la rendición de cuentas en casos de corrupción, lo que en la práctica podría impedir el uso arbitrario de este tipo de medidas en el ámbito político. Es, justamente, el caso de los supuestos corruptos catalanes a los que Sánchez ha amnistiado incluso por sus posibles delitos de corrupción económica.

El acuerdo alcanzado en el trílogo debe ser ahora ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para su entrada en vigor. Como es sabido, los trílogos son reuniones entre las tres partes implicadas en el proceso, la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo con el objetivo de alcanzar un acuerdo político y un texto común que pueda ser finalmente adoptado.