La irrupción de Donald Trump en Venezuela, con el secuestro del presidente impostor Nicolás Maduro, ha roto con la narrativa convencional del idealismo democrático para centrarse en la Realpolitik o política de hechos consumados. En este escenario, el apresamiento y posterior juicio de Maduro por la administración de Trump no sigue los cánones de un guion heroico, sino la partitura de una estructura de poder pragmática y fría.

La política exterior de Trump se ha caracterizado históricamente por el trato directo con quienes sostienen el poder real, más allá de la legitimidad moral. Bajo esta premisa, la salida de Maduro de Venezuela no es el triunfo inmediato de la oposición, sino el resultado de una negociación con el chavismo armado.

El reconocimiento de la fuerza sobre la razón

Trump ha decidido que, en esta transición de alta complejidad, la paz en Venezuela no se firma con quien tiene los votos, es decir, con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, sino con quien tiene la capacidad de apagar o encender una revolución. El poder real en Venezuela reside hoy en los fusiles y el control territorial, no en las actas electorales.

Para evitar una guerra civil o un vacío de poder caótico, el plan de Trump requiere pactar con el “poder duro”, es decir, con Delcy Rodríguez. El Departamento de Estado norteamericano se mueve bajo una visión pragmática, y para ellos Delcy Rodríguez no es solo una figura del régimen, sino que representa tres activos críticos que la oposición no posee actualmente. En primer lugar, la continuidad administrativa, con el control operativo del petróleo venezolano (PDVSA,) el sistema bancario y los puertos. Sin este control, el país colapsaría al día siguiente de la salida de Maduro.

En segundo lugar, Delcy representa el canal directo con el poder duro del régimen chavista: es el nexo con el alto mando militar y los servicios de inteligencia.

Y en tercer lugar, el Departamento de Estado estima que Delcy cuenta con la capacidad de ejecución: es ella quien tiene la firma autorizada y la información necesaria para entregar el mando de forma ordenada.

El análisis de este plan de Trump sobre Venezuela desplaza a las figuras principales de la oposición a etapas posteriores, basándose en limitaciones logísticas inmediatas. Por ejemplo, María Corina Machado: aunque posee la legitimidad popular, para el ala dura del chavismo, Machado representa una amenaza de persecución total. Al no controlar territorio ni la logística militar, su entrada inmediata podría disparar una respuesta violenta de los grupos armados que temen por su propia supervivencia.

Por su parte, Edmundo González se percibe como una figura de consenso y un símbolo electoral necesario para la etapa de normalización, pero carece de la fuerza coercitiva para domar las facciones en conflicto en las primeras horas de una transición.

Desde ese punto de vista, el plan de Trump y los halcones de la Casa Blanca se estructura en un orden cronológico inverso al deseo popular, pero ajustado a la estabilidad. La Fase 1 es la de la negociación armada, con Delcy Rodríguez y los militares como actores principales, con el objetivo de evitar que el país arda, localizar recursos y asegurar el cese de fuego.

La Fase 2 se trata de una implementación que tiene como actores a técnicos y civiles “aceptables” por Washington con el objetivo de poner a funcionar el Estado, la economía y los servicios.

Y la Fase 3, la última, solo se concibe como parte secundaria y a largo plazo: es la de la legitimación, con María Corina como actor principal con el objetivo de convocar elecciones realizar una narrativa democrática. Pero ése es solo el final del proceso, no el principio, y eso es a largo plazo. Es decir, que a Trump no le interesa para nada la democracia en Venezuela, sino todo lo contrario.

Ahora bien, ningún movimiento de esta magnitud ocurre en el vacío geopolítico. Este plan de la Casa Blanca asume que Rusia da su consentimiento. Para Moscú, asegurar sus inversiones y mantener una cuota de influencia es más importante que la figura de Maduro. Si Trump garantiza los intereses rusos, el Kremlin permitirá la ejecución del plan, dejando al líder venezolano sin su principal respaldo internacional.

En todo caso, en este esquema de poder planteado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y aceptado por Trump, el orden de prioridades es innegociable: primero mandan quienes pueden evitar el caos; luego, quienes saben gestionar el Estado, y solo finalmente, quienes pueden representar al pueblo. En la visión de Trump, la libertad de Venezuela no es un acto de justicia poética, sino una operación logística de traspaso de mando. Y, eso por supuesto, quedarse con el petróleo, el oro y las tierras raras venezolanas. Una vez más, como con Irak, el matón norteamericano ha cambiado sangre por petróleo.