Catalunya es, como se sabe, una “república que no existe, idiota” (gracias Octavi, contigo empezó todo). A pesar de ello, han negociado siempre con las necesidades del reino, en clientelar parasitismo político, escasamente transparente. Felipe V, acuciado por congraciarse, les concedió el privilegio fiscal del puerto franco y, también, el que permitió el práctico monopolio del textil. En tiempos del sexto, el acuciado es el presidente Sánchez que ha concedido nuevo privilegio, científicamente insospechado: el monopolio de la ordinalidad.
Más allá de la ética del encuentro entre Sánchez y Junqueras, el caso es que esta vez no se han juntado para resolver sus cosillas, indultos, amnistías, malversaciones… Se han juntado para decidir el sistema financiero de los demás, además del propio privilegio; del privilegio foral no tocarlo. Cosas ambas poco democráticas. Ya el pasado día 8 les di mi primera opinión sobre la financiación singular, conociendo pocos datos más, mantengo que estamos ante abandonos notables de valores de izquierda, guiados por la necesidad de mendigar alianzas.
Como saben, y si no se lo cuento, el cronista se considera de izquierdas (vale, hay días que dudo si soy de los nuestros) y tengo cierta práctica en estos asuntos acumulada. En su tiempo, y durante cuatro años, fui miembro de la Comisión Mixta de Transferencias en Aragón, lo que señalo no como argumento de autoridad, sino para que me entienda la señora Montero: somos bastantes los que, por h o por b, no nos chupamos el dedo.
Entendámonos: no es un concierto con cuponazo, eso es el negocio de Junts. Esta vez, interesaba a Illa y Sánchez el negocio de ERC: pasta rápida y privilegio permanente, a cambio de un presupuestillo que no sabemos si se ha pactado o no. La ministra Montero, de los Montero de Hacienda, puso encima de la mesa 18 “filminas” (“slides”, que pasa) para no explicarnos casi nada, salvo lo mollar: a Catalunya le tocan 4.686 millones; es la tercera en contribuir, será la tercera en recibir: o sea, la ordinalidad es solo para ellos; para los demás, no. De las trampas y fiscalidades que se nos vienen no dijo nada.
Es cierto, se reducen las diferencias entre la Comunidad que más recibirá y la que menos. Pero ni se acaban las diferencias ni se realiza un reparto equilibrado de la cantidad total: 20.975 millones.
Ya les advertí aquí sobre los efectos del privilegio fiscal sobre la gestión del estado del bienestar. EL IRPF, elemento fundamental de la financiación autonómica no está diseñado para la financiación territorial. Como tampoco lo está el IVA, el otro gran impuesto financiador. Están para la financiación del estado del bienestar. Los 20 mil millones salen en su mitad de la ampliación de la cesión de estos impuestos. Los otros diez mil saldrán de los gastos de la Administración General del Estado. Hay que decir que, desde 2023 hasta 2027, habrán aumentado los recursos del sistema en 50 mil millones, además de esta ayuda planificada. De lo que deben deducir el fiscalazo al que estamos sometidos por la crisis de precios y la no deflactación del IRPF.
Estos 20 mil millones son casi un 6% de los gastos no financieros de la administración central. Suponiendo que deseamos pagar los intereses de la deuda y los salarios de los funcionarios, solo hay una partida de la que poder detraer esa cantidad: la transferencia a la Seguridad Social para pensiones. La otra alternativa es más endeudamiento o más impuestos. Ustedes mismos. No es poco importante, el troceado de la agencia tributaria, que no solo limita su capacidad de intervenir ante el fraude fiscal. Constituye un incentivo para la intervención política en el ámbito fiscal territorial.
El coste de oportunidad de la financiación singular, lo que se pierde, es la financiación equivalente de las políticas públicas. Esta estrategia que no es otra que la de dejarle la caja vacía al que venga es casi tan malvada como la ordinalidad. Ordinalidad que como se ha dicho solo opera en el noroeste. Los demás no estamos concernidos por el asunto.
El que se acorten las diferencias entre el que más o menos percibe, no oculta ni el embrollo que resulta del sistema ni las trampas implícitas en él. Es evidente que si hay un privilegio catalán y hay que mejorar a las infrafinanciadas para que cuele, alguien deberá perder y alguien deberá ocupar el puesto de las infrafinanciadas.
Las comunidades que, en términos de financiación por habitante (datos de la última liquidación), perderían posiciones, manteniéndose por encima de la media: Cantabria (estaba muy sobrefinanciada), Aragón, Canarias, La Rioja. Por debajo de la media se quedarán: Asturias y Extremadura, ambas en el límite; Andalucía, Madrid, Castilla y León, Baleares y Galicia. Estas cuatro últimas pasarán a ser las nuevas infrafinanciadas. Lo que quiere decir que esos óptimos que aparecen en los libros, para cuando alguien mejora su posición, sin perjudicar a otros, no ejerce en este caso.
Las razones de esta evolución está en detalles que no han sido concretados. Singularmente los cambios en las magnitudes de reparto. La población homogénea cambia, fundamentalmente debido a la sanidad y también la educación (cambia la banda de edad financiada). También han cambiado los parámetros de dispersión, superficie o insularidad.
El gobierno no ha informado de que variable de población ajustada que se aplica en 2027, fecha de puesta en práctica: se trata de jugar con esas variables en el futuro a modo de premio y castigo en una hipotética negociación, suponiendo que no haya trampas ulteriores para financiar la ordinalidad catalana por Madrid y Baleares.
El caso de Madrid es paradigmatico. Como ciudadanos del Estado se nos priva (vía reducción de gasto de la administración central) de 456 euros, se nos devuelven 359. O sea, nos desaparecen 106 euros por cabeza: unos 800 millones de euros. También se trata de potenciales cambios fiscales para evitar el “dumping fiscal” (cosa que ustedes no encontraran en los manuales, es como la inexistente república): la izquierda no solo renuncia a la solidaridad, también a la corresponsabilidad fiscal que tanto se defendió.
Habrá más trampas, estoy convencido, como lo es que el IVA no sea el del consumo, sino el de las empresas (favorece la sede fiscal, no dónde se gasta), perjudica a algunas comunidades como Andalucía, beneficia a Cataluña, no sé cómo se impediría en Madrid.
Iremos conociendo detalles y todo el mundo los valorará. Estamos ante una notable chapuza, no tanto por el intento de reducir las diferencias y simplificar el sistema, como por desarmar la capacidad del Estado (por cierto, ante evidentes riesgos fiscales derivados del invierno demográfico) y de asentar el monopolio de la ordinalidad. Decir que nos hemos quedado en susto, al evitar la muerte de otro cupo es blanquear el despropósito.
No deja de sorprender al cronista, el sorprendente asunto de meterse en un endiablado follón político que beneficiará el voto a la derecha, sin tener la menor garantía de que éste sea aprobado. Pero es lo que tienen todas las resistencias: no hay quien las entienda.
