Controlar precios o dopar mercados

Los que vivimos, aunque adolescentes, la crisis petrolífera de los setenta sabemos lo que es la estanflación. Ésa, probablemente, no volverá: si me preguntan las diferencias, les daré dos: el cambio tecnológico y los sindicatos.

En aquel momento, la industria básica era altamente consumidora de energía, la tasa de actividad masculina y el empleo alto, y los sindicatos podían poner una ronda de inflación sólo con una llamada a sus sedes. Y si no me creen, les preguntan a los británicos.

Hoy, las circunstancias son, efectivamente, que se espera un mantenimiento de inflación -aunque van bajando algunas materias primas-, que habrá reducción del crecimiento sobre las previsiones y, por último, que salvo empeño de los gobiernos, los sindicatos no están en condiciones de imponer indexación salarial alguna, digan lo que digan.

O sea, si para evitar una segunda ronda de inflación hay que preocuparse de alguien no es de los sindicatos que, salvo funcionarios y pensionistas, no controlan nada, sino del gobierno.

En este punto, ya les pido que no se dejen llevar por las exageraciones: el problema del control de precios no es que nos traiga el socialismo y esas cosas. El problema es que no arregla nada.

Las rebajas que Carrefour y otras cadenas le regalaron a Sarkozy en 2011, fue puro marketing social: ni mejoró la alimentación de los vulnerables ni bajó los precios. Lo mismo pasará aquí. Por cierto, una dieta sin huevos, leche, carne y pescado, la dieta Carrefour en 2011, ya me dirán ustedes.

El Gobierno organizando un cártel de precios (ilegal) tiene gracia. Un Gobierno, progre de progre total, presionando los márgenes del pequeño comercio tiene gracia. Y es de risa de morirse que cuando el Gobierno no mandaba en el INE se decía que la cesta de la compra está sobrevalorada.

Así, entre ustedes y yo, la clave de las subidas de precios en la cesta de la compra está en la energía: como ya les he dicho aquí, la inflación procedente de un shock de oferta energético ha contagiado al resto de los alimentos y consumos (eso es lo que mide la inflación subyacente).

Este tipo de inflación es distinta a otras. Por eso, la subida de tipos de interés no tiene tanto que ver con enfriar la economía como en señalar dos cosas: que la caída del euro es peligrosa para las importaciones de materias primas y que debemos moderar las expectativas económicas.

Por cierto, los que hoy piden controlar precios son los que en febrero decían que la inflación era cosa de dos días y que exagerábamos su futura relevancia. Lo que es, es.

Puestos a hacer resumen de predicciones, en 2023 se materializarán en la actividad todas las malas noticias con las que arranca la vuelta de las vacaciones. La economía europea crecerá la mitad de lo provisto, en el mejor de los casos. En el peor -y la tozuda realidad camina en esa dirección- el PIB de la zona euro caerá.

Esos datos no alterarán el camino que se ha marcado el BCE de seguir subiendo tipos porque, como ya les he dicho, va de expectativas y no de políticas económicas. Eso es cosa de los gobiernos.

El alza de tipos de interés, les tengo avisados, reduce el empleo, encarece sus créditos variables y sus pretensiones de conseguir otros.

La energía y la logística, unida a las sequías y las reducciones de las producciones agrarias elevarán los precios.

Del mismo modo que aquí les he dicho que es absolutamente insolidario subvencionar la gasolina que consume un Ferrari del mismo modo que la que consume una furgoneta de un autónomo, me atrevo a preguntarles si subvencionar la cesta de la compra de una pareja con pensiones máximas (5 mil seiscientos euros) es tan justo como financiar a una pareja con pensiones mínimas, que no supera los mil euros.

Por eso, todas las instituciones globales y europeas recomiendan cuidar las medidas globales y las que tienen futuros efectos fiscales, mientras recomiendan ayudas concretas a los vulnerables.

Hay que decir que el Estado interviene hoy en la regulación de los precios en sectores como la energía, la telefonía, los medicamentos y los productos sanitarios y las tasas de las universidades. Algunas administraciones autonómicas intervienen en otros capítulos como el transporte público. En otros países europeos también hay regulación de los precios de algunos productos. La cesta de la compra (muy reducida, seis productos) solo se financia en Hungría.

La vicepresidenta y su monaguillo (dicho sin ánimo de ofender, es que sólo le lleva la estola) no nos traen ni el socialismo ni la caída de precios sino una redistribución de beneficios en el sector de la alimentación, sin que esté muy claro que esa redistribución favorezca a los más vulnerables.

Sumar votos es una necesidad y si es contra el gobierno y Podemos, mejor, dice la vicepresidenta con Garzón y Errejón. Pero ayudar, exactamente ayudar, a quienes lo más necesitan es mejor encargárselo a las agencias del estado del bienestar que interviniendo en una distribución bastante engrasada.

No hay pruebas de que las grandes superficies se estén forrando en mayor proporción de lo que lo hacían. Si las hay, ya puestos, les ponemos un impuesto para financiar un cheque alimentos y no necesitamos dopar los mercados. Claro que sabemos que los cheques, bonos y ayudas no se gestionan. Por eso el sector público paga lo que haga falta.

 

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