Criminalidad 2022: un crecimiento constante

Datos oficiales año 2022: 325 homicidios dolosos y asesinatos consumados, +10,9%; 1.208 tentativas de homicidios dolosos-asesinatos, +17,4%; 26.422 delitos graves, menos graves, lesiones y riñas tumultuarias, +30,5%; 17.389 delitos contra libertad sexual, +13%; 2.870 agresiones sexuales con penetración, +33,9%; 14.519 delitos contra la libertad sexual, +9,6%; 63.711 robos con violencia e intimidación, +20%; 120.676 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otros, +14,6%; 86.308 robos con fuerza en domicilios, +14,3%; 642.579 hurtos, +30,2%; 330.982 robos de vehículos, +17,3%; 19.014 tráfico de drogas, +3,8%; 1.027.461 hechos de criminalidad convencional, +11,8%; 375.506 delitos por la red, +22,9%; 336.778 estafas informáticas, +26,1%; 2.325.358 hechos criminales, +18,8%. La tasa de criminalidad (delitos x 1.000 habitantes) en los últimos años ha sido: 2016: 43.2; 2017: 43.9; 2018: 45.6; 2019: 46.8; 2020 (confinamiento ilegal): 37.2; 2021: 41.4; 2022: 48.8.

A pesar del crecimiento no hay que descartar manipulación en las estadísticas; por ejemplo, anotando un delito y no veinte cuando roban en veinte coches en un garaje, o lo mismo si hay varios delitos en horas cercanas en una misma zona aplicando el “delito continuado”, o no computando las denuncias sin autor conocido que se archivan en comisarías sin remitirse al juzgado, o dificultando la presentación de denuncias en comisarías y cuarteles.

Los delitos crecen en todos los ámbitos: ciudades con Policía Nacional, pueblos y zonas rurales con Guardia Civil y territorios con policías autonómicas en País Vasco, Cataluña y Navarra. Las policías, incluidas las locales, cumplen sus tareas y lo prueba que la inmensa mayoría de detenidos por cualquier delito suelen tener una amplia lista de antecedentes y bastantes de ellos se encuentran en libertad provisional pendientes de varios juicios.

No faltan policías y aunque están mal repartidos y coordinados no es elemento esencial que afecte a la criminalidad. Sobran efectivos sumando todos los cuerpos, muchas veces en desleal competencia entre ellos por órdenes de sus mandos, para quienes es más importante el corporativismo que la seguridad pública. No está relacionado el crecimiento de la delincuencia con el modelo policial.

La reorganización policial no pasa porque los sábados por la tarde esté todo el personal de administración y servicios burocráticos ni todos los mandos en las comisarías, sino por centralizar los servicios que se dividieron para justificar un plus económico de catálogo a inspectores-jefes, inspectores, subinspectores y algunos oficiales (UPR, GOR, GAC…) con la circunstancia de que en algunas brigadas (Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia…) son más los que cobran ese plus de “jefes” que los “indios” de escala básica, que son quienes hacen lo mismo el sábado por la tarde que el lunes de mañana. Sobra estructura artificial creada para que todos los jefes menos los policías básicos puedan cobrar más, lo que crea problemas de dirección y coordinación.

La criminalidad evoluciona en constante crecimiento (salvo durante la pandemia). Si la ley Mordaza (2015) era para mejorar la seguridad pública, hay que constatar que ha sido un rotundo fracaso. Pero no era para eso. Es una ley de control social imposible en una democracia. Una ley que trata a las personas como ciudadanos de una dictadura bananera sin derechos con patente de corso para todos los policías y que suelen utilizar los malos profesionales.

Han crecido las sanciones, identificaciones arbitrarias (ilegales), multas administrativas y detenidos por desobediencia y resistencia mezclando churras con merinas: ciudadanos indignados por no ver lógico que un policía le requiera identificarse sin razón para ello, con quienes son violentos cuando son requeridos con razón objetiva. Los mandos no controlan los abusos y felicitan a los malos profesionales porque incrementan una falsa estadística de eficacia, aunque el detenido sea un ciudadano al que la policía no debería legalmente identificar provocando la detención por defender su derecho a no ser identificado caprichosamente, lo que, insisto, es ilegal.

En un grupo de amigos decía hace pocos días un policía jubilado, que lo fue con Franco, durante la Transición, la democracia y con un hijo policía, que los mandos en la dictadura y la Transición les aconsejaban/ordenaban prudencia con la ciudadanía y firmeza con los delincuentes, y que hoy ordenan molestar a ciudadanos para rellenar estadísticas del mando y prudencia con los delincuentes. No estaría mal que volvieran al consejo del pasado. Respeto sin injerencia sobre ningún ciudadano sin razón porque supone una vulneración de sus derechos civiles que la policía debe proteger, y toda la firmeza necesaria ante delincuentes y cuando la situación lo exige.

Según los tribunales Constitucional y Supremo, para activar el carácter de agente de la autoridad de un policía ante un ciudadano es necesario que exista un hecho objetivo que motive la intervención policial, y eso no es lo que enseñan en las academias de todas las policías; les forman en la creencia de que un policía por el hecho de serlo puede vulnerar todos los derechos civiles de cualquier persona, por su capricho o por orden ilegal del jefe para rellenar su inútil estadística de productividad policial con identificaciones indiscriminadas.

Sesudos mandos policiales con academias de formación les enseñan a mentir y abusar de la presunción de veracidad de su palabra. Los enseñan a ser malos profesionales, indignos de una democracia. Los políticos deberían impedir esas academias de actualización y ascenso para malos profesionales que enseñan prácticas ilegales; también dejar de utilizar a la policía con funciones administrativas, de control, multas, identificaciones injustificadas contra la ciudadanía y dedicar sus esfuerzos a protegerla.

El informe del pasado año de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa es demoledor contra nuestras prácticas policiales. La ley Mordaza es un cáncer contra los derechos de ciudadanía imposible en una democracia y propia de cualquier dictadura bananera.

La inmigración ilegal es un factor desencadenante de criminalidad. Hay personas que vienen buscando trabajo y no se les permite hacerlo con trabas burocráticas/administrativas, pero otros, decenas de miles, eran delincuentes en sus lugares de origen y vienen ante la llamada de la permisividad de nuestra legislación. Reciben asistencia médica gratuita, ocupan viviendas, cometen delitos y aunque sean detenidos o internados en Centros de Extranjeros acaban quedando en libertad. Son el 12% de la sociedad y cometen casi el 50% de los delitos.

Ocurre lo mismo con los Menores No Acompañados; se ha hecho una legislación que mantiene a miles de menores tutelados en España con ONGs que por tenerlos en centros acogidos reciben entre 10.000 y 15.000 euros de media al mes por cada menor. Un drama que se ha convertido en forma de vida para muchas personas que trabajan en esas ONG. ¿Qué sentido tenía mantenerlos varios años y a los 18 echarlos a la calle sin permiso de residencia ni trabajo o expulsarlos a su país? Ahora se ha avanzado en este asunto para los jóvenes que han residido como MENAs al alcanzar la mayoría de edad, pero sigue siendo insuficiente.

También hay miles de ciudadanos de otros países empadronados en España que reciben ayudas mientras residen en su país de origen, mayoritariamente de Marruecos. Es una estafa consentida desde hace años. Podrían aprender nuestros políticos de países donde, gobernando la socialdemocracia, se plantea exigir a quien recibe ayudas estatales que preste un servicio a la comunidad; o de esos de derecha que tienen contratado un centro en Ruanda para enviar allí a los solicitantes de asilo. Pasaron por la situación actual de España hace 20 años y aprendieron. En todos avanzan los partidos de derecha o de extrema derecha porque se sienten maltratados por la clase política.

Además de la inmigración ilegal, el principal factor del crecimiento de la criminalidad es legislativo y de Instituciones Penitenciarias. Personas con 10, 20, 30 detenciones con varios asuntos pendientes de juicio que siguen en libertad. Quien ha sido detenido 20 veces ha cometido cientos de delitos. Hay que modificar la multirreincidencia como elemento nuclear para reducir la criminalidad. Quien sea detenido por un delito cometido intencionadamente estando en espera de juicio, sea robo, agresión, maltrato, violencia sexual… irá a prisión provisional hasta la celebración de todos sus juicios pendientes.

No se puede mantener en libertad provisional a quien tiene 14 detenciones por robos en viviendas o comercios (habrá cometido cientos) y que siga robando. Para que la justicia pudiera responder a este cambio legislativo con la agilidad precisa serían necesarios tres veces más de juzgados, de jueces (pasar de 5.000 a 15.000) y de personal de justicia. Y no solo en materia penal, también mercantil, social y contenciosa. No es justicia en ningún ámbito cuando un asunto se resuelve con muchos años de retraso. En vía penal, que delincuentes con muchas detenciones sigan cometiendo delitos en libertad provisional pendiente de varios juicios es un caso evidente de negligencia política desde hace años.

La filosofía buenista de que todos los “malos” merecen la reinserción, aunque sea una alimaña criminal que no se reinserta es un factor criminógeno de primera magnitud. Como si existiera una pócima mágica por la que un psicópata asesino y violador, siendo condenado y pasando unos años en la cárcel ya estuviera curado y el Estado hubiera cumplido su tarea poniéndolo en libertad.

Interior es responsable de este estado de cosas porque es quien marca la política de Instituciones Penitencias. Ha habido violadores reincidentes tras decenas de condenas. ¿Eso es un Estado de derecho? ¿Es lo que quiere la Constitución cuando habla de la reinserción del delincuente? No, eso es fruto del buenismo criminal que aplican el PSOE y el PP en la legislación penitenciaria y que es responsable por omisión de miles de crímenes, violaciones y delitos desde la llegada de la partidocracia.

Que asesinos y violadores con altas condenas o prisión permanente revisable puedan salir de permiso de fin de semana antes de cumplir 10 años, permisos en los que se han cometido delitos de robos, atracos, violaciones… es un fallo del sistema. Que queden en libertad muchos años antes de la mayor condena que estén cumpliendo (olviden las condenas de cientos de años porque solo computan la mayor de todas las que acumulen que siempre suele rondar los 20 años), convierte en cómplices de los crímenes que se cometen por falsos reinsertados a los responsables políticos que imponen esa laxitud punitiva.

Lamento decirles que hay alimañas que no se reinsertan; hay muchos ejemplos, los dos últimos, el asesino de Laura Luelmo o el del niño de Lardero (con antecedentes por violación y asesinato, en libertad y protegido por el silencio cómplice del Estado). Los políticos de cualquier partido o ideología que permiten este estado de cosas son corresponsables de los crímenes cometidos por alimañas que no deberían estar en libertad.

También ayudaría que quienes alcanzan las cúpulas en los cuerpos policiales lo sean por sus capacidades profesionales y acreditada decencia y no por su cercanía a los políticos de turno. ¿Qué méritos tenía María Gámez para ser directora general de la Guardia Civil? ¿No se recopila una mínima información sobre quien se nombra directora general de esa institución? ¿Qué méritos tiene el director general de la Policía, aparte de compartir sede de negocios con José Bono, un multimillonario con doble nacionalidad, empresas off shore e hijos que antes de trabajar habían adquirido bienes por millones de euros? En materia de política criminal, justicia, legislación penitenciaria, corrupción y coordinación de los cuerpos de seguridad estamos muy lejos de ser un servicio público eficaz y una democracia del primer mundo.

 

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