La recaudación por multas no deja de crecer. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a batir récords: durante 2023, las sanciones impuestas a los conductores han dejado en las arcas del gobierno de Pedro Sánchez la impresionante cifra de 501,4 millones de euros, una cantidad que, aunque ligeramente inferior a la de 2022, sigue situándose en niveles históricos. La Guardia Civil ya no ayuda en carretera: Pere Navarro la ha reconvertido en un mero agente recaudador en manos de María Jesús Montero, alias ‘Chiqui’.

En los últimos 16 años, la recaudación por sanciones de tráfico ha crecido un 66,25%. Si en 2007 la cifra se situaba en 301,6 millones de euros, en 2023 –últimos datos disponibles- se ha disparado hasta los 501,4 millones. Este aumento estelar demuestra que la DGT ha intensificado sus esfuerzos para recaudar lo máximo posible y contentar la avidez del gobierno de Pedro Sánchez.

El dato más llamativo de los resultados de 2023 es que el número total de denuncias ha disminuido un 6,67% con respecto a 2022, pasando de 5.542.178 sanciones en aquel año a 5.202.185 en 2023. Sin embargo, esto no ha impedido que la recaudación se mantenga en cifras récord, lo que sugiere que muchas de estas multas han sido de mayor importe o se han impuesto con mayor efectividad.

Como viene ocurriendo desde hace años, los radares han resultado ser los ‘empleados perfectos’ para recaudar más: no cuestan mucho, se amortizan rápidamente, cumplen ciegamente las órdenes y, con apenas consumo, le ‘sacan’ más de 500 millones de euros al ciudadano en forma de multas de tráfico allá donde la Guardia Civil tiene competencia.

Es el gran negocio de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Pere Navarro, especialmente en verano, del cual dicen sus dirigentes políticos que el dinero va a parar finalmente a los Agentes, pero estos niegan tal afirmación. No repercute ni en sus nóminas, ni en sus coches y motos ni en sus cuarteles.

Si comparamos el histórico de multas, las cifras son escalofriantes. Sólo en multas por radares, desde 2011 hasta 2017 la Dirección General de Tráfico impuso, allí donde tiene competencias, un total de 10.504.817, por las que el Gobierno recaudó nada menos que 568 millones de euros en total. Algo así como 81,3 millones por año sólo en multas por radar. En el singular ranking de radares ´multadores´ se llevaban la palma Madrid, seguida de Ciudad Real y Cuenca; eso teniendo en cuenta que en las estadísticas no contemplaban ni Cataluña ni País Vasco, que tienen competencias autonómicas.

La cifra es realmente importante, entre otras cosas porque los radares apenas tienen consumo, no cobran salarios, apartan a agentes de las carreteras, lo que reduce nóminas, y cada uno de esos equipos es más efectivo que diez Guardias Civiles a la hora de multar, como llegó a decir hace unos años un ‘insigne’ director general de Tráfico, felizmente en el olvido, originando una oleada de indignación en el Cuerpo.

La colocación de más radares explicaría, por ejemplo, que la Guardia Civil de Tráfico recortara en más de 800 efectivos su plantilla en 2017, según datos oficiales: ese año, la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico pasó a tener 8.852 agentes frente a los 9.673 que se contabilizaban un año antes. Con tantos radares y con tan excelentes resultados recaudatorios, ¿quién quiere Agentes en las carreteras?

La situación es así: en un solo año, 2023, se recaudado casi lo mismo que en seis años, entre 2011 y 2017. Es el milagro de ‘Chiqui’ Montero y Pere Navarro. Ellos gastan, usted es el paganini.

Hay que argumenta que sólo se castiga a los infractores. Es posible, pero vean el siguiente ejemplo: autopista A-6, provincia de Valladolid, entre los kilómetros 140 y 160. Es una autentica recta, con firme en perfecto estado y sin mayores problemas. Precisamente por eso, allí se suelen instalar en la mediana –mirando en dirección contraria- coches camuflados de la Guardia Civil. Hacen su agosto… y las delicias de la ‘Chiqui’.