Entre la furia verde y los precios

Bruselas, tras meses de marear la perdiz, se enfrenta a reacciones violentas y acusaciones de lavado verde después de publicar propuestas preliminares en la víspera de Año Nuevo. Sus pretensiones son permitir que el gas y la energía nuclear sean etiquetados como inversiones “verdes”. Los alemanes han calificado la decisión de “lavado verde”. Idea a la que se han sumado España y Austria.

El ejecutivo de la UE ha sido acusado de tratar de ocultar sus propuestas al publicar reglas técnicas en su guía de inversión verde, dirigida a los diplomáticos, en la víspera de Año Nuevo, horas antes de que expirara el plazo.

Según esta guía, el gas y la energía nuclear pueden incluirse en la “ordenación de actividades económicas ambientalmente sostenibles” de la UE, sujeto a ciertas condiciones.

Robert Habeck, que se convirtió en ministro de Economía y Acción Climática el mes pasado, como parte de una coalición de socialdemócratas, demócratas liberales y verdes, ha definido el argumento que se está utilizando en España y Austria. Estos planes “diluyen la etiqueta de sostenibilidad” y es “cuestionable si este lavado verde logrará la aceptación en el mercado financiero”.

El gobierno de Austria reiteró su amenaza de demandar a la Comisión si los planes siguen adelante. Sin embargo, no se espera que los oponentes obtengan la supermayoría necesaria para bloquear los planes.

Francia y otros estados pronucleares, como la República Checa y Hungría, apoyan la inclusión de la energía nuclear, mientras que muchos gobiernos del centro, este y sur de Europa presionaron para que se incluyera el gas como combustible “puente”.

El ministro de Finanzas de Alemania, liberal, es defensor de este argumento de transición y argumenta que Alemania necesita centrales eléctricas de gas como tecnología de transición si se renunciaba al carbón y la energía nuclear al tiempo.

Alemania cerró tres de sus seis plantas de energía nuclear el viernes, para cumplir con el compromiso de eliminar gradualmente la tecnología para fines de 2022.

Según el borrador europeo, el gas solo podría clasificarse como una “inversión sostenible” si “no se puede generar la misma capacidad energética con fuentes renovables” y existen planes para cambiar a energías renovables o “gases con bajo contenido de carbono” en una fecha específica.

La energía nuclear solo podría incluirse como financiable si un proyecto demuestra que tiene un plan para hacer frente a los desechos radiactivos.

La ordenación económica de la UE se convirtió en ley en julio de 2020, pero los legisladores dejaron detalles importantes por resolver a través de “actos delegados”: legislación secundaria destinada a cuestiones técnicas que no está sujeta al mismo grado de supervisión ministerial y parlamentaria.

La furia verde está en marcha, mientras muchos otros países consideran que la transición energética se ha calculado sobre parámetros que están produciendo tanto un despiadado encarecimiento de la energía como un notable desequilibrio social y territorial.

La generación eléctrica con carbón tiene en los escenarios para la transición energética el mismo tratamiento que se viene señalando desde hace años para el carbón español: su desaparición en 2030. Bien es cierto que se suponía un impuesto (precio del CO2) de 50 euros por tonelada, cifras que ahora se multiplican haciendo insostenibles los precios de las fuentes alternativas.

Los sondeos realizados en España suelen definir la opinión ciudadana al respecto: un 62% apoyaría el cierre de carbón y un 72% el cierre ordenado nuclear.

¿Se puede prescindir a la vez de ambas fuentes de energía?

La diferencia del coste total de un sistema sin carbón ni nuclear con un crecimiento de la demanda eléctrica contenido (por la eficiencia energética) y alto porcentaje de renovables frente al contrario era antes de la crisis de precios de apenas 186 millones de euros, diez veces menos que la mala gestión de Castor, sin contar los intereses.

Sin embargo, el cierre adelantado de las centrales nucleares podría duplicar las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%.

Otro parámetro clave en la estrategia es la fiscalidad ambiental. El impuesto al CO2, al gasóleo y otra imposición verde pretende compensar las faltas de eficiencia. El problema es que pilla a la Unión Europea con estrechos márgenes fiscales y con mucho retraso en una movilidad eléctrica que, dados los materiales en marcha, es extremadamente cara para ser universal.

Este será el debate: entre la furia verde y los precios.

 

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