Guerra de manifiestos contra los ‘golpistas’ de Junts pel sí, con Artur Mas a la cabeza… del cuarto puesto. El Círculo de Empresarios, por un lado, y 25 exministros de España, por otro, han lanzado sendos manifiestos en los que advierten de las consecuencias económicas, sociales e incluso penales que puede tener una declaración secesionista unilateral. Todos abogan por el diálogo, pero avisan: en ese escenario de secesión «cabría utilizar» instrumentos de «carácter penal, de orden público y en general, coactivos» para hacer cumplir la Constitución.
Un total de 25 exministros de UCD, PSOE y PP, miembros de la Fundación España Constitucional, han suscrito un manifiesto en el que abogan por que se abra un «riguroso análisis» sobre si la «singularidad» de Cataluña está siendo «reconocida y valorada de manera justa», a fin de dar respuesta a las «aspiraciones legítimas de los catalanes». Pero el texto pide el derecho a decidir «entre todos» los españoles, no sólo los catalanes, que no hacerlo así «equivaldría a un golpe de Estado» con las consecuencias penales derivadas del mismo.
Es decir, que ante una declaración unilateral de independencia, estos exministros creen que «no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase» la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña, una previsión constitucional «vigente» para situaciones graves. También consideran que en ese escenario «cabría utilizar» instrumentos de «carácter penal, de orden público y en general, coactivos» para hacer cumplir la Constitución. No obstante, ellos prefieren las vías de reflexión y concordia, porque «hora es la hora de la prudencia y la responsabilidad».
Los empresarios avisan de los riesgos económicos
Paralelamente, el Círculo de Empresarios ha emitido también un manifiesto en el que avisa a la sociedad catalana de los riesgos económicos y sociales de una ruptura con el resto de España. Uno de los párrafos básicos de ese manifiesto es suficientemente clarificador:
«Si hipotéticamente prosperase la pretensión separatista, la economía española y especialmente la catalana sufrirían gravísimos daños. Al situarse Cataluña fuera de España, dejaría de pertenecer con carácter inmediato, entre otros organismos internacionales, a la Unión Europea (con salida de la Unión Monetaria y del Euro), Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. A su vez, se produciría una deslocalización de empresas, así como una caída de las inversiones, del PIB, de la renta per cápita, del nivel de empleo y, en definitiva, del bienestar social».
Estos grandes empresarios apelan «al buen sentido de la ciudadanía catalana» para que evite con su voto emprender «un camino de difícil retorno», pues rompería lazos sociales y relaciones económicas que han mostrado su utilidad y su beneficio, «y al mismo tiempo, exija a sus representantes políticos que eviten promesas e imposiciones imposibles de cumplir, y retomen el espíritu de diálogo y de concordia que permita alcanzar el consenso necesario para una eventual reforma de las leyes».
Es decir, que se abra una vía de diálogo para la búsqueda de acuerdos sobre cuestiones cruciales como la educación, el uso de las lenguas oficiales, el sistema de financiación autonómica y la unidad de mercado.
