La reciente amenaza de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid no es solo un exceso verbal; es una declaración de guerra contra la libertad individual y el orden competencial. Bajo el pretexto de una supuesta “insumisión” por no aplicar las zonas tensionadas de la Ley de Vivienda, el Ejecutivo central pretende intervenir una región que, simplemente, se niega a aplicar recetas que han fracasado allá donde se han implantado.

Las políticas prohibitivas que intenta imponer Moncloa -control de precios, ataques a la propiedad privada y límites a la libre contratación- no son nuevas en la historia. Tienen un aroma inconfundible a los regímenes más autoritarios del siglo XX. Significan un intervencionismo con eco de tiempos oscuros. El control estatal absoluto sobre dónde y cómo debe vivir la gente, asfixiando al pequeño propietario, es una práctica propia del estalinismo y del fascismo.

Ambos sistemas, opuestos en la superficie, pero idénticos en su desprecio por la autonomía del ciudadano, utilizaban la vivienda como una herramienta de control social. Convertir el mercado inmobiliario en un cuartel donde el Estado dicta el precio y las condiciones es el primer paso para anular la libertad económica.

Resulta sarcástico que un Gobierno que amenaza con intervenir administraciones ajenas sea incapaz de gestionar la propia. A día de hoy, el balance de Pedro Sánchez en materia de vivienda es desolador. Éstas son sus promesas de humo, una realidad vacía:

Cero viviendas terminadas: De las más de 184.000 viviendas prometidas en sucesivos anuncios electorales, la ejecución real de obra nueva por parte del Estado es prácticamente inexistente.

Propaganda contra realidad: Mientras la ministra señala a Madrid, los datos oficiales muestran que el Gobierno central no ha creado ni una sola de las viviendas de alquiler asequible que prometió con gran pompa mediática. Se han limitado a “movilizar” activos ya existentes de la Sareb o a anunciar planes sobre suelos de Defensa que siguen siendo solares vacíos.

No podemos olvidar el contexto en el que se producen estas amenazas. Estamos ante lo que muchos analistas y la oposición ya califican como el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Es el “efecto Sánchez”, que se mueve entre la ineficacia y la sospecha.

La sombra de la sospecha no es una conjetura; es una realidad judicial que asfixia al entorno más cercano del presidente. Desde el “Caso Begoña Gómez” por presunto tráfico de influencias, pasando por el “Caso Koldo” y las mordidas en contratos de mascarillas, hasta las investigaciones sobre el hermano del presidente en Extremadura y las tramas que salpican a múltiples ministerios.

Así las cosas, la amenaza del 155 a Madrid no es una medida de política social, es una cortina de humo para tapar los escándalos de corrupción que cercan al Palacio de la Moncloa.

Como conclusión, la ministra Rodríguez debería mirar más hacia los juzgados y hacia sus propios solares vacíos antes de señalar con el dedo a quienes, como Madrid, mantienen una política de incentivos y libertad que sí genera actividad. España no necesita un 155 para imponer el fracaso; necesita un Gobierno que cumpla lo que promete y que limpie su propia casa antes de intentar derribar la del vecino.