El grupo de presión de la llamada “España vaciada”, expresión que no dice nada como ya les he dicho aquí, salvo poliqueterío populista, está contento: sostiene, con poca explicación, que su aparición ha cambiado la lógica presupuestaria.
Les hago un adelanto: encabezado por Aragón y Extremadura, la cosa va de chorro de dinero, pero no se sabe si bien aplicada porque lo que se dice dudas no se resuelve ninguna.
Como ustedes pueden imaginar, la financiación de la España despoblada depende de las tres administraciones concernidas: Corporaciones locales, Autonomías y Presupuestos del Estado.
No les sorprenderá que los Ayuntamientos pinten entre poco y nada. Los recursos locales dependen de las transferencias del Estado, vinculadas a la población, o de los impuestos al inmobiliario. Entenderán que, en territorios despoblados, ningún recurso de estos es lo suficientemente potente.
La financiación autonómica es la que produce, en realidad, los recursos más notables para cubrir estos costes. Téngase en cuenta que el sistema de financiación autonómica reparte 124 mil millones de euros (última liquidación 2019).
Conviene señalar que todas las Comunidades reunidas en Galicia tienen una financiación por habitante ajustado en el actual sistema de financiación por encima de la media española, con la excepción de Castilla-La Mancha y todas ellas superior, por ejemplo, a Madrid.
Hablamos de habitante ajustado porque la población que se considera se corrige con diversos parámetros, según sean recursos sanitarios, educativos, servicios sociales o gastos generales, de modo que no coincide con la población real.
Entre esos factores ya se incluyen la despoblación, la orografía y el coste de servicios debido a la superficie. Hasta un tres por ciento se redistribuye por esos factores.
Téngase en cuenta que estamos hablando de un 3% del sistema de financiación para favorecer a la España despoblada: a 1.200 millones el punto, verán que el sistema de financiación da más que los Presupuestos del Estado, una vez que se descuenta lo que se llevan las telefónicas.
El Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica para hacerle un gesto al grupo de presión de moda, subiendo hasta un 4% estos fondos y modificando la población ajustada de reparto.
Sí, es exactamente como ustedes se temían: los que más ganan -en relación con las propuestas- son Aragón, Extremadura y las dos Castillas y la que más pierde es Madrid.
La clave de los cambios es la modificación de los criterios sobre la población ajustada -la población ficticia que, según distintas variables, reparte los recursos de la financiación autonómica-.
Los cambios en la población sanitaria acaban compensándose con los cambios en la población universitaria y educativa. El “truquillo” para manejar el sistema es sencillo: la definición de un nuevo criterio de despoblación y la aparición de un nuevo concepto de costes fijos.
Para que me entiendan, si un coste fijo, al ser fijo, debería ser igual para todos, no lo es, según el gobierno. Sobre la despoblación se viste a cada comunidad según conveniencia. La dispersión es notable: Aragón ganará un 8% en la financiación y Madrid perderá casi un 5%.
Sobre el estado, como siempre, hay más música que letra. En el mes de marzo el Gobierno anunció un nuevo plan, naturalmente estratégico, de diez mil millones de euros.
A la hora de los presupuestos se han quedado en 4.200. Hay que decir que el año pasado bajo la rúbrica de reto demográfico se incluyeron cien millones más. O sea, que la cosa de la presión no ha sido para tanto, con la excepción de Teruel, que algo ha sacado: premio de Sánchez a la persistencia del apoyo.
Casi todos ellos procederán de fondos europeos. Hay que decir, también, que no todo va al entorno rural. En ellos se mezclan recursos para el 5G (1.500 millones) o la cohesión sanitaria. Solo el 9%, unos trescientos cincuenta millones, se destinarán directamente a las personas.
Esto es una forma de decir que serán grandes empresas las que reunirán una tercera parte de estos recursos. Lo del 5G rural será después de las grandes ciudades, para qué engañarse. O sea, que vayan restando de los cuatro mil y pico millones.
La gran parte se la lleva, casi un tercio, el Ministerio de Transición Ecológica: unos 1.200 millones que se destinarán a gestión forestal y un Erasmus para que los universitarios hagan prácticas laborales en la España despoblada.
Lo que, evidentemente, trasladará el empleo universitario precario al turismo rural, como ustedes comprenderán. En realidad, para municipios de menos de cinco mil habitantes hay unos 360 millones.
En Agricultura, como hemos indicado en alguna entrada anterior de esta bitácora, de innovación y diversificación nada, de nada; más de lo mismo y más agricultura de la de siempre.
El 60% de sus inversiones irán a regadíos y a calidad agrícola, lo de siempre. 200 millones se destinan a sostenibilidad turística y no pasarán de ochenta millones las inversiones en transportes.
O sea que el grupo de presión no es que haya sacado mucho del Estado, de hecho, es un poquillo menos que el año pasado. Pero, eso sí, el de Teruel Existe está satisfecho, y el grupo de presión también.
Lo mollar vendrá de la financiación autonómica, pero no se resuelve ninguna duda: la cosa de la despoblación seguirá como iba. Ya me darán la razón un día de estos: parecen muchas perras y hay muchos truquillos.