En 2025, nueve Comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia. Y esto después de en 2024 el gobierno de Pedro Sánchez redujera al 27% (es decir, un -1,5%) su porcentaje de financiación de la Dependencia. Parece que Sánchez se ve obligado a pagar ‘financiaciones singulares’ de territorios ricos e insolidarios bajando las prestaciones sociales.

Los del sanchismo son malos años para las políticas sociales, en general, y para la dependencia en particular. Así se deduce de los últimos datos recabador por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que preside José Manuel Ramírez Navarro.

Según esos datos, la estructura para la distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2025 tiene cuatro fondos diferenciados: fondo de estructura, fondo de gestión, fondo de cumplimiento de objetivos y fondo relativo al apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022.

De acuerdo a esos fondos, he aquí la curva resultante, según la Asociación:

En 2024 Sánchez redujo un 1,5% el porcentaje de financiación

En 2024, 12.843 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron, como media, el 72,9 %, con 9.365 millones de euros (13,8% más que en 2023). La aportación estatal fue el 27,1% (un -1,5%), con 3.478 millones de euros (+5,6%).

Como resultado de todo esto, nueve Comunidades pierden financiación en la distribución de los 783 M € del Nivel Acordado en 2025.

Las Comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).

El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021 (con el Gobierno de Sánchez), por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque.

El peso de las CCAA en la financiación cae un 13% entre los años 2020 y 2023, por la AGE que refuerza la financiación. Sin embargo, en 2024 vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después. La Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el Ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones. Sin embargo, este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema.

Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.845 €), Extremadura (2.779 €) y Navarra (2.474 €), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.317 €), Canarias (1.339 €) y Murcia (1.667 €)

Por su parte, 8.592 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 2.327 € en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.267 €. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.554 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 7.173 euros anuales.