¿Por qué tienen que morir personas por no poder pagar la luz, mientras las tarifas suben más de un 30 % y las eléctricas acumulan beneficios siderales? Nadie lo entiende, pero el grito de guerra ha vuelto a aparecer, como en los inicios de la transición, hace ya más de 40 años: “No podemos consentir que en un país supuestamente desarrollado como España nos encontremos con niveles de pobreza energética que llevan a la gente directamente a tener que morir por no poder pagar el precio de la luz”. IU, subsumida ahora en Podemos, valora todas las opciones, incluyendo la nacionalización de las eléctricas, como pedía la izquierda real en los debates preconstituyentes de 1977.
Es solamente un sueño, sobre todo en esta Europa de los mercaderes que vivimos, pero el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ya empezó hace unos meses a reclamar algo que nunca ha olvidado la izquierda real: una “reforma en profundidad” del sistema tarifario eléctrico y que se valoren “todas las opciones posibles”, entre ellas la adopción de medidas para “nacionalizar las empresas eléctricas” ante el nivel de pobreza energética que “lleva a la gente a morir”.
Izquierda Unida, formación subsumida en Podemos, considera que es necesario y urgente un gran cambio para abaratar el recibo eléctrico, mucho más ante la última y desproporcionada subida que debe soportar la ciudadanía en la actualidad: “No podemos consentir que en un país supuestamente desarrollado como España nos encontremos con niveles de pobreza energética que llevan a la gente directamente a tener que morir por no poder pagar el precio de la luz”.
Garzón ya advirtió a principios de enero, cuando arreciaba el frío, que buena parte de la sociedad pasa “como mínimo, un montón de privaciones fundamentales”, de ahí que es imprescindible que el Gobierno “haga algo” y que desde el Parlamento se estudien propuestas para modificar el sistema y acabar con estas privaciones que “vulneran los derechos humanos”.
Almaraz no debe convertirse en un basurero de residuos nucleares
Dentro de ese mismo capítulo energético, el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, en su calidad de presidente de la Comisión de Energía del Congreso, se comprometió públicamente a “trasladar a todos los grupos parlamentarios” la “enorme preocupación” del pueblo y de la Asamblea portugueses por la construcción por parte española de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central de Almaraz (Cáceres), apenas a 100 kilómetros de la frontera.
Sixto se manifestó así tras mantener a principios de año una reunión con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento portugués, Pedro Soares, a quien había invitado para conocer la opinión portuguesa sobre este delicado asunto.
El Gobierno portugués ya presentó una queja formal ante Bruselas por Almaraz, según confirmó Soares, quien dijo que no buscaba “provocar una crisis diplomática”, pero que sí quiere que la sociedad y los políticos españoles conozcan esa “enorme preocupación” lusa por el hecho de que el ATI suponga aumentar el riesgo de un accidente nuclear, que pondría en peligro también a “las personas, el medio ambiente y la economía” portuguesas.
En IU creen que la construcción de este ATI es “el primer paso necesario” que demuestra la intención del Gobierno del PP para alargar la vida útil de la central de Almaraz más allá de 2020. Pero IU, a través de Ricardo Sixto en su calidad de presidente de la Comisión de Energía, buscará que en el Congreso se abra un debate para acordar un calendario sobre la vida útil de las centrales nucleares.