Ningún muerto en la cuneta (I)

El Gobierno tiene derecho a hacer leyes que permitan la exhumación de víctimas de la Guerra Civil de cualquier bando y de la dictadura posterior. Cualquier persona tiene derecho a exigir al Estado que extraiga los restos de un familiar de una fosa común, cuneta, campo… para darle sepultura conforme a sus creencias. El Estado debe asumir el coste y hace décadas que este asunto debería estar resuelto. Parece de elemental justicia y sentido común tras una guerra civil.

Lo contrario a la más elemental justicia y sentido común es exhumar a destacados dirigentes de un bando con deshonor, como criminales de guerra (que algunos pueden serlo), a la vez que se plantean homenajes a políticos del bando contrario que ejecutaron miles de condenas de muerte y no se comportaron de forma distinta.

Es un grave error volver a las dos Españas, utilizar políticamente una guerra civil que acabó hace 83 años. Cierto que después hubo 36 años de dictadura y los primeros fueron muy duros, represalias, cárcel, destierro y fusilamientos. Pero la sociedad, a partir de la década de los 60, prosperó y se olvidó de la contienda; España fue en su último tramo una dictadura sin libertades políticas, pero con sanidad universal, algunos derechos laborales, libertad de movimiento para entrar y salir del país, residir donde se quisiera y una creciente clase media, en condiciones incomparables con lo que ocurría en las dictaduras comunistas que pretendieron implantar en España.

Una ley que diferencia entre los combatientes del bando republicano, ejemplares demócratas (falso, pretendían imponer una dictadura bastante más brutal que la de Franco), frente a alimañas fascistas que ganaron la guerra acaba con la Transición que nos trajo la democracia.

Desde la proclamación de la II República (1931) las milicias de socialistas, comunistas y anarquistas quemaron iglesias, atacaron a rivales ideológicos y desenterraron “enemigos” políticos para desestabilizar la República; la seguridad, la discrepancia política, la libertad religiosa y la democracia estaban en cuestión. En 1934 se produjo un intento revolucionario de cambio de régimen (o intento de golpe de Estado), tratando de derribar la República para imponer la dictadura del proletariado; Franco lo sofocó con miles de muertos a las órdenes del Gobierno de la República.

En 1936, la dirigente comunista “Pasionaria” amenazó en el congreso al diputado Calvo Sotelo conque no volvería a hablar allí, siendo secuestrado y asesinado semanas después por escoltas de Indalecio Prieto. La quema de iglesias, los ataques a curas, monjas y dirigentes políticos se producían mientras Largo Caballero anunciaba en entrevistas y mítines que pretendía implantar una dictadura como en la URSS, que si no triunfaba en las urnas la impondría con guerra y por la fuerza porque la República era una despreciable democracia burguesa; este clima político, social y el crimen de Calvo Sotelo levantaron al ejército hasta entonces obediente a la República.

Levantamiento militar y crímenes en uno y otro bando. Fusilamientos, chekas, venganzas, robos, quema de iglesias y bombardeos contra ciudades de ambos bandos (entre otros varios, Guernika, 26 de abril de 1937, 654 muertos, 889 heridos -bombardeo del bando nacional-; Cabra (Córdoba), 7 de noviembre de 1938, 109 muertos, más de 100 heridos -bombardeo del bando republicano-).

Es noble desenterrar a los muertos en demanda de su familia o por la concordia nacional, y es miserable la utilización política de la guerra, querer cambiar la historia y utilizar la ley como palanca política partidista. Ese distinto rasero ensucia y evidencia la catadura moral del Gobierno. Lo que debía ser un acto cívico compartido, de entendimiento, solidario y humanista, deviene en un acto político revanchista, cobarde y canalla. Hay que ser fanático en lo personal y miope en lo político para, teniendo en la mano actuar por la convivencia, hacerlo fomentando el odio y enfrentando a la sociedad. ¿Estaremos en una estrategia política de polarización para obtener réditos políticos?

 

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