La historia del final de la banda terrorista ETA no fue un hecho aislado ni repentino, sino el resultado de un largo y complejo proceso que combinó la presión policial, la acción judicial, la colaboración internacional y la firme voluntad política.

En este contexto, nadie recordará -y aún menos le darán importancia- a lo que supuso la detención en Francia de un hombre conocido como el “archivero” de la banda. Fue una pieza clave que ayudó a desmantelar no solo sus comandos operativos, sino también a la intrincada red política y social que los sustentaba. Una prueba más de que todo el complejo de dirección, operativa y política residía en el país vecino. No fue una operación de gran relevancia mediática, como “Sokoa”, pero la importancia de la documentación incautada estuvo a su altura, destacando especialmente por su contenido político, que confirmaba de manera más sólida, si cabe, la fraternidad entre ETA y el mundo abertzale.

La reciente liberación de este individuo, el “archivero” José María Dorronsoro Malasetxeberria, ha vuelto a colocar el foco sobre un momento decisivo en la lucha contra el terrorismo en España. Pero, ¿por qué su caso es tan relevante y cómo se conecta con la actualidad política, en particular con la figura de Arnaldo Otegi y el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado? Veamos.

El arresto del “archivero”: un antes y un después en la lucha antiterrorista

En 1993, la policía francesa detuvo a José María Dorronsoro, quien en ese momento era el responsable del aparato político y de financiación de ETA. Lo que originó que ese arresto fuera un golpe tan demoledor para la banda no fue su papel operativo, sino la impresionante cantidad de documentos que se le incautaron: más de 100 discos de ordenador que contenían un archivo detallado de la organización.

Para las autoridades policiales, este hallazgo fue un tesoro, un “mapa” que permitía entender la verdadera magnitud de lo que otros llamaron poco después “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” (MLNV). Aquella documentación, tan prolija en datos y personas, se siguió utilizando policialmente hasta el anuncio del cese de las actividades terroristas y la disolución de la banda.

Hasta la caída de Dorronsoro, la lucha contra la banda terrorista ETA se había centrado principalmente en sus comandos armados, que eran los autores de tanta muerte y destrucción, pero los documentos de Dorronsoro vinieron a demostrar, una vez más, que la banda no era solo un grupo de pistoleros, sino una compleja estructura con tentáculos que se extendían al ámbito político, social y económico. Este archivo fue crucial para probar los vínculos entre ETA y su brazo político, Batasuna, y para desentrañar la influencia que ejercía sobre otras plataformas y organizaciones.

La relevancia judicial de los documentos de Dorronsoro

Los documentos incautados a Dorronsoro no se quedaron en los despachos de la policía, sino que se convirtieron en la base de importantes procesos judiciales que debilitaron a ETA hasta su asfixia. Una de las sentencias más relevantes, que aplicó la tesis de que “todo es ETA”, fue la que dictó el Tribunal Supremo en 2015 sobre las herriko tabernas (bares populares). La sentencia certificó que estos establecimientos, que eran puntos de encuentro de la izquierda abertzale, servían como fuente de financiación para la banda terrorista. En esa misma resolución judicial se mencionan los documentos de Dorronsoro como la prueba que fundamentó esa conexión financiera.

Además, el archivo del “archivero” fue determinante en el sumario 18/98, la causa instruida por el exjuez Baltasar Garzón que llevó a la ilegalización de la plataforma KAS, de EKIN y de otras organizaciones que formaban parte del entramado terrorista. La detención de Dorronsoro fue, en definitiva, un punto de inflexión que ayudó a la Justicia a cortar los brazos del “pulpo” que representaba ETA y a demostrar su influencia más allá del terrorismo explícito.

De Batasuna a Bildu: el nexo con la política actual

Con los años, el brazo político de ETA se ha ido transformando. Batasuna fue ilegalizada, pero sus herederos, bajo la denominación de Sortu, la formación principal de la coalición EH Bildu, regresaron a las instituciones. Los estatutos de Sortu fueron validados por el Tribunal Constitucional, que entendió que la formación había roto con su pasado y cumplía con los requisitos legales para presentarse a las elecciones.

Éste es el punto en el que el pasado y el presente se encuentran. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que fue exportavoz de Batasuna, ahora ha pasado a jugar un papel clave en la política nacional. Con sus diputados, la coalición abertzale se ha convertido en una fuerza decisiva en el Congreso de los Diputados, apoyando la agenda del actual gobierno de coalición.

La conexión entre la política penitenciaria y los apoyos parlamentarios no es una mera coincidencia, y tarde o temprano saldrá todo a la luz. La política de acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, y ahora la reducción de penas, han sido, como se sabe, demandas históricas de la izquierda abertzale. En 2021, el propio Arnaldo Otegi declaró: “Si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos”, lo que revela la importancia que para su formación tiene este asunto.

La liberación de Dorronsoro y la política de los Presupuestos

La reciente excarcelación de José María Dorronsoro coincide en el tiempo con el debate sobre los futuros Presupuestos Generales del Estado. Aunque no hay una relación directa y públicamente reconocida entre ambos hechos, el contexto político hace que esta coincidencia sea algo más que casual.

Según la información hecha pública por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la liberación de Dorronsoro se ha adelantado gracias a la aplicación de una medida que descuenta los años de prisión cumplidos en Francia. Este tipo de políticas penitenciarias son, precisamente, las que la izquierda abertzale ha defendido durante años y que ahora se están aplicando. Cabe recordar que esta medida fue aprobada por el Parlamento por unanimidad, incluyendo los votos de PP y Vox, que luego afirmaron no ser conscientes de que con su voto estaban cediendo a una de las históricas reivindicaciones de Bildu.

La postura de Arnaldo Otegi sobre los presupuestos fue clara la semana pasada: su formación está dispuesta a negociar “con toda la voluntad del mundo” para evitar que la derecha llegue al gobierno, con la misma voluntad que prometió, en su día, aplicar para sacar a los pistoleros de ETA de las cárceles.

Para EH Bildu, los acuerdos con el gobierno no solo representan una oportunidad para influir en la política económica y social, sino también para avanzar en su propia agenda política. Esto incluye, entre otras cosas, la aplicación de medidas que beneficien a los presos de ETA, como la que, parece, ha facilitado la liberación del “archivero”. Los más “duros” de la banda están amenazando a la dirección de Bildu para acortar los tiempos de condena. El Gobierno vasco, por su parte, que ya es competente en las clasificaciones penitenciarias, también tiene prisa.

En conclusión, el caso de José María Dorronsoro es un claro ejemplo de cómo, lamentablemente, el pasado de ETA sigue influyendo en el presente de la política española.

La liberación de un individuo cuya detención fue clave para desmantelar la banda y su entramado político coincide con el momento en que su heredero político, EH Bildu, se ha convertido en una pieza fundamental para la gobernabilidad de España, incluso por delante de los socios de gobierno, ante la debilidad del conjunto de su coalición.

Esta compleja relación entre política, justicia y memoria del terrorismo sigue marcando la agenda y el debate público en el país y, sin dudas, terminará siendo una gran losa para los socialistas, aunque ahora algunos no lo vean.

• * Rafael Vera Fernández-Huidobro ha sido secretario de Estado para la Seguridad en los gobiernos socialistas de Felipe González