Sugerencia: anoten lo pendiente, para que las cosas no resueltas no sean ocultadas por el ruido nuevo. Es una herramienta de cronista que les será muy útil. Es una forma saludable de evadirse de la manipulación comunicativa, el hurto de la agenda pública por parte del superviviente. Tengo, de la última semana, algunas cositas.
El jueves se hizo un funeral en Huelva por las personas fallecidas en Adamuz. Sabemos que fue el mantenimiento, pero las víctimas no saben por qué se mantuvo mal, ni los demás sabemos dónde siguen mal. Tenemos contratos que aparecen o desaparecen, renovaciones que un día son integrales y otros no; documentos que aparecen y desaparecen de los repositorios de la documentación contractual pública. Documentos que Puente no quiere enseñar, amenazas del ministro a empresas o trabajadores si no guardan silencio y otras cositas parecidas.
Sabemos que un muerto en Cataluña y la incomunicación de las cercanías merecen dos ceses de gente que ni sabíamos que existían. Los de Andalucía se conformarán con una indemnización. Ofender a un pueblo es progresista, como ustedes saben. Supongo que Puente anda buscando algún becario para cesarlo. De vergüenza en vergüenza, hasta la vergüenza final.
Sabemos que el gobierno organizó un ómnibus con rehenes (pensionistas o pequeños propietarios) para sustituir un presupuesto por una cacicada. Que eso del ómnibus es antidemocrático no lo dice el cronista: el Tribunal Constitucional ya ha señalado que estos ómnibus no deben vulnerar el procedimiento legislativo y, además (STC 163/2011), que no debe abusarse de la “falta de conexión material”. Pero que sea o no democrático al gobierno le importa poco o nada. Que la democracia no estorbe una buena patraña.
En ese penúltimo ruido, ustedes se preguntaron, quizá, qué hará para salvar a Puente y para sobrevivir él mismo. Pues ya tenemos ruido nuevo: un acuerdo con Podemos. Sí, luego hablamos, si eso, de regularización, pero reflexionen conmigo. Sánchez solo busca sobrevivir, comprando voluntades, vendiendo lo que sea.
Compra a Podemos por dos razones: desembarazarse de Sumar y cambiarles un éxito político a cambio de que acepten lo que Belarra calificó de racista: la transferencia a Cataluña y País Vasco de la inmigración: o sea, que allí no se regularizará a nadie. Con esas dos cositas pretenden comprar a Junts y PNV, a Bildu ya lo tienen.
Ya ha sido anunciado que va a reunirse con Pradales, presidente del País Vasco. Repítanse conmigo: el cupo ya es negativo. Cada vez que hay una transferencia a la Seguridad Social para pagar las pensiones más caras del Estado o ajustamos el IVA resulta que el “cupo real” se reduce. Ya es negativo. Tampoco los vascos quieren regularizados.
Y, ahora, hablemos un poco sobre regularización. Pero empecemos hablando de dónde queremos regularizar: en un estado de bienestar. Esto quiere decir, si me lo permiten, dos cosas.
La primera, que nuestro tardío estado de bienestar se basa en que el 10% más rico financia al 70% más pobre. Los que están del 80 al 90 se quedan, entre lo que ponen y lo que reciben, en paz. Como es previsible que las personas regularizadas pertenezcan a las rentas más bajas, habrá necesidad de recaudar más, invadiendo la zona neutra que no es otra que la clase media. Eso quiere decir que, por mucho que la “información oficial” presente sesudos documentos, leyéndolos mal, por cierto, no habrá saldos fiscales positivos. Cosas que un país puede decidir perfectamente; eso sí, en términos democráticos: o sea, no por decreto.
Una segunda cuestión es que los volúmenes de los que estamos hablando requieren algún tipo de decisión planificadora. Por ejemplo, Madrid aumentará su población en cinco años en un millón de personas. Eso significa, construir un hospital anual en el próximo quinquenio, multiplicar centros de salud y educativos, comprar trenes de metro, añadir infraestructuras. Habrá otras presiones sobre aspectos muy tensionados. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital o la vivienda, donde por cierto se ha notado ya la presión migratoria, lo que no culpabiliza a los inmigrantes sino a los gestores públicos.
Hay aspectos positivos, seguro: la salida de la zona negra de la economía, las cotizaciones y pago de impuestos, la seguridad y los derechos. La contribución a paliar nuestro invierno demográfico. También que la cultura que mayoritariamente será regularizada será próxima a la nuestra, pero también más competitiva.
Aspectos menos positivos, además de los señalados sobre la sostenibilidad del estado del bienestar, vivienda o subsidios, pueden encontrarse el colapso de los servicios sociales, la precariedad de los que ya están y han visto sus plazos de legalización muy por encima de los tres meses, etcétera. Todas estas advertencias no tienen que ver con la xenofobia o el clasismo. Tienen que ver con la gestión de lo público.
En España ha habido seis regularizaciones. Felipe González (1986, 1992) -la primera pasó por el Congreso, la segunda no (140 mil personas)-. Aznar (1996, 2001) –Congreso y Real Decreto (unas 520 mil personas)-. Todas estas exigían oferta de empleo o empleo existente. En 2025, Zapatero “normalizó” a 570 mil personas, por decreto, con contrato obligatorio. La nueva regularización abordará a más de 850 mil personas, sin ninguna vinculación laboral.
No se trata, en consecuencia, de una regularización como las demás. Y requeriría de un análisis más sosegado del simple aspaviento pactista y una inevitable necesidad política. Por cierto, tenemos algo pendiente de la semana pasada: las víctimas andaluzas y nosotros, seguimos sin saber qué pasó. Puente ha dejado de dar explicaciones, todo es bruma, la Comisión de Investigación ya no le gusta al ministro. Se lo he dicho al principio: que las cosas no resueltas no sean ocultadas por el ruido nuevo.
