Comprendo el alborozo de los automovilistas que circulan entre Tarragona y Alicante y los que lo hacen entre Cádiz y Sevilla porque a partir de ahora les salen gratis las autopistas. Asimismo, comprendo el cabreo de los usuarios de la circunvalación de Galicia, cuyo peaje subirá hasta los 22,10 euros.
Lo que no entiendo es la alegría con que la población en general ha acogido semejantes medidas, que no dudo en calificar de demagógicas.
A nivel personal, a mí, como a la mayoría de los ciudadanos, éstas no me supone ningún beneficio económico, ya que no utilizo dichas carreteras. Por eso, mi única e interesada pregunta es: ¿quién pagará ahora la financiación y el mantenimiento de las citadas autopistas gratuitas?
Porque ahí está la madre del cordero: para que no haya un deterioro vertiginoso —infraestructural, de pavimentación, de seguridad, de ornamentación, etcétera, etcétera— habrá que realizar sucesivos y constantes desembolsos que, si no corren con ellos los usuarios de la red viaria, apechugaremos usted y yo, que jamás las usaremos, por la vía de la subida de impuestos.
Por eso, insisto, ni entiendo el “gratis total”, por una parte, ni las subidas escandalosas en las autopistas gallegas, por otra. Entendería, eso sí, que a quienes las usan se les cargase una cantidad mínima, si se quiere. Por su parte, en Galicia, cobrar 22,10 euros por cruzarla me parece una barbaridad. Yo, y me atrevo a decir que todos los demás contribuyentes, preferiríamos que se prorrogase el doble de tiempo la concesión administrativa y en consecuencia se redujese a sólo 10,05 el citado precio.
¿Están o no de acuerdo? En cualquier caso, el debate queda servido.