¡Basta ya! Surgió en el País Vasco como un grito de protesta y movilización ciudadana frente al terrorismo de ETA y la falta de libertad para quienes no compartían la ideología nacionalista. La primera vez que se hizo público fue en marzo de 1995, cuando un grupo de personas simpatizantes de colectivos como Denon Artean y asociaciones de apoyo a víctimas del terrorismo se manifestaron anta la sede de Herri Batasuna en San Sebastián con una pancarta que exhibía el lema “¡Basta Ya!”. Este acto marcó el inicio de una plataforma cívica que unía a ciudadanos de distintas ideologías bajo tres principios: oposición activa al terrorismo, apoyo a todas las víctimas y defensa del Estado de Derecho y la Constitución.

La plataforma ¡Basta Ya! se consolidó especialmente tras el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco en 1997, que supuso un punto de inflexión en la sociedad española. En 1998 se formalizó la organización con el apoyo de colectivos como Foro de Ermua y la Asociación Víctimas del Terrorismo. Su portavoz más conocido fue el filósofo Fernando Savater, quien, junto a otros miembros destacados, pasó a ser objetivo directo de ETA y recibió escolta policial.

¡Basta Ya! defendía la oposición firme al terrorismo de ETA y al nacionalismo vasco excluyente, el apoyo a las víctimas, la defensa del Estado de Derecho y la libertad de expresión en el País Vasco. Promovía estos ideales mediante manifestaciones, actos de protesta y eventos de discusión intelectual y política. En el año 2000, el Parlamento Europeo concedió a ¡Basta Ya! el premio Sajarov a la libertad de conciencia, reconociendo su labor en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es una lástima que recuerdos tan tristes, que surgen cuando las tragedias cobran una dimensión insoportable, vuelvan a adquirir protagonismo muchos años después. Aquel final, del que solo sabemos que ETA decidió dejar de matar, sin arrepentimiento público ni declaración alguna de no volver a matar, parece ocultar otras razones.

Tras abandonar mi responsabilidad en el Ministerio del Interior, la lucha contra el terrorismo seguía “marcando el paso” en mi memoria. Aunque intenté distanciarme de aquel periodo, conocido posteriormente como los “años de plomo”, me resultó imposible desvincularme de las vivencias y secuelas que me dejó esa etapa.

Mi salida del Ministerio, aunque fue una decisión personal, me convirtió en objetivo político, judicial y mediático, siendo considerado “pieza de caza mayor”, con o sin razones justificadas. Esta situación desencadenó un acoso sistemático, que incluyó procesos judiciales, estancia en prisión y una persecución mediática que se extendió incluso a mi familia. A pesar del tiempo transcurrido, no he conseguido ni creo poder conseguir alejarme de aquellos años, ni de las consecuencias derivadas de ello.

Con la movilización ciudadana, el miedo y el silencio que acompañaban a la sociedad vasca empezó a cambiar de “acera”. Al menos, el “salto” que había dado ETA en su búsqueda sanguinaria de nuevas víctimas, con aquella consigna de “socializar el sufrimiento”, estaba alimentando una reacción cívica de ira y de condena. Aquellas soledades que viví, cuando a los funerales de guardias civiles, policías y militares, solo asistíamos algunos responsables de Interior, familiares de los asesinados, mandos de las unidades que sufrían las bajas y, siempre presente, a las entradas y salidas de las iglesias o catedrales donde se rezaban los responsos o las misas, el grupo de exaltados de aquella extrema derecha violenta e involucionista, nostálgicos del antiguo régimen, gritando contra ETA y contra el gobierno. No sé por qué, pero me quedó la imagen de todo aquello asociada a un día gris, bajo una lluvia mansa y fría, con el ánimo decaído y preguntándote cuando y donde sería el siguiente funeral.

Ahora, me toca vivir la cara “B” de aquello, con 81 años cumplidos camino del final, pero con la cabeza despejada y sin barreras que respetar en la denuncia y en el señalamiento. Compruebo, una vez más, cómo mi Gobierno, el de todos los españoles, cuando entra en esos momentos de pánico, de tensión política, y necesita revalidar acuerdos y compromisos con los socios que le acompañan para seguir en el poder, echa mano de decisiones que rozan la traición y el engaño. Acuerda con Bildu, conceder terceros grados a terroristas de ETA condenados a largas penas de prisión por la comisión de crímenes execrables.

Los asesinos, en la calle; las víctimas, ignoradas

Bildu, el refugio político de ETA, se encarga de pasar la nota a Sánchez para que cumpla. No tardan demasiado en hacerlo, con el beneplácito inmediato de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco. Convendría que esta señora se enterase del papel que jugó, en los años 80, su compañero de partido Patxi López, amigo y colaborador de García Damborenea, lehendakari del Gobierno Vasco entre 2009 y 2012 con el apoyo del PP, cuando ETA tenía en el punto de mira a dirigentes y militantes del PSE.

Ya está en la calle, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, nacido en 1973 en Bilbao, fue jefe militar de ETA, asumiendo la máxima responsabilidad operativa en 2008 hasta su detención ese mismo año. Se inició, como muchos otros etarras en la “kale borroka” y fue entrenado por miembros veteranos de ETA. Como jefe militar, reorganizó los comandos de ETA y planificó numerosos atentados, entre ellos el de la T-4 de Barajas, cuando Zapatero nos prometía un 2007 mejor. Asesinó en diciembre de 2007 a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, en Francia. Colocó una bomba en el vehículo del socialista Eduardo Madina, que sobrevivió, pero tuvieron que amputarle una pierna. Participó en el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 2001. En 2011, fue condenado a 377 años de prisión, por un total de 20 delitos, incluyendo el atentado contra la teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo.

A la vez de Txeroki, y en este mismo “paquete”, iba incluida la concesión del tercer grado a otro etarra destacado, Asier Arzalluz Goñi, miembro del comando Totto de ETA, que asesinó al periodista y columnista José Luis López de Lacalle, el 7 de mayo de 2000 en Andoain. Fue condenado a 30 años de prisión en diciembre de 2024. En la sentencia se destaca que ni él ni su compañero de comando mostraron durante más de dos décadas “ningún signo de arrepentimiento o de disculpa”. Este mismo comando, en el año 2000, cometió otros tres asesinatos: Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas y Máximo Casado Carrera. Además, en todos estos casos, ya se encarga Bildu y el Gobierno Vasco de conseguirles trabajo y vivienda.

Cuando el expresidente de aquellos gobiernos socialistas, Felipe González, en los años más difíciles del combate contra ETA, se manifiesta de la manera que lo hace, siento que, en sus comentarios, en sus consejos y en sus críticas, va implícito el recuerdo de los momentos de amargura, de pena y de tragedia que vivimos entonces. Tengo la seguridad de que es prudente al no ir más allá, no señalando una de las razones de mayor peso que siempre será el terror que desplegaban los asesinos de la libertad.

Parece que el presidente Pedro Sánchez se recrea alimentando a la extrema derecha con sus políticas de excarcelaciones y concesiones a los independentistas. Menos mal que esta extrema derecha, que defiende la Constitución y su bandera, no es aquella que a la salida de los funerales en el País Vasco nos gritaba: “¡Gobierno al paredón!”.