Más allá del escándalo político y académico que ha acabado, probablemente, con la carrera de Cristina Cifuentes, la mayoría de españoles son conscientes de dos cosas: de que el prestigio de la Universidad Juan Carlos I está por los suelos -quién presumirá, a partir de ahora, de haberse titulado allí?- y que toda la Universidad española se encuentra bajo sospecha, tanto, al menos, como nuestra clase política.
Los docentes son tan funcionarios públicos como los políticos y ambos cobran de nuestros impuestos. Mientras que a los segundos llevamos años mirándolos con lupa, escandalizados de su corrupción, hemos dejado actuar impunemente a los primeros, basándonos en su autonomía universitaria. Pero, ¿cuánta corrupción no existe en nuestra Universidad?
Episódicamente nos enteramos de profesores que copian sus tesis doctorales, falsean sus actas académicas o se apropian del trabajo de sus subordinados sin que esas noticias tengan mayor trascendencia didáctica y mucho menos repercusión penal. ¿A qué se debe tanta impunidad?
A la endogamia de la profesión, en primer lugar. A medida que se ha ido generalizando la enseñanza y se han creado centros universitarios en cada pueblo -para que los pobres chicos no tengan necesidad de salir de casa de sus papás ni hacer otros esfuerzos-, los claustros de docentes se han convertido en cotos cerrados, en los que la fidelidad al grupo prima sobre el mérito curricular; por eso, nadie se atreve a denunciar las malas prácticas, a fin de no ser excluido de la casta o hundir así su carrera profesional.
A falta, pues, de un auténtico reconocimiento del mérito, de la sana competencia de unas universidades con otras y de la existencia de una verdad curricular -¿a quiénes no nos han propuesto compartir nuestros trabajos, vendernos unas tesis académicas, fusilar Internet o atribuirnos el esfuerzo de quienes por su condición no tienen otro remedio que agachar la cabeza?-, habrá, pues, qué investigar qué sucede con la Universidad española con la misma pasión y el detenimiento con el que enjuiciamos a unos políticos cuyos sueldos salen del mismo Presupuesto que el de los docentes.
