El Estado es Pedro. Será normal, en consecuencia, que no haga falta preguntarse de quién depende el Estado, la Fiscalía o cualquier otra cosa: de Pedro. Esto satisface mucho al socialismo realmente existente y a la izquierda de verdad verdadera, aunque a algunos de izquierda nos salen los colores cuando pasan las cosas que pasan.
En las últimas fechas, una ministra de Hacienda ha hecho públicos datos fiscales de un ciudadano investigado, que en el futuro sea culpable o no es secundario a estos efectos. El fiscal general del Estado ha hecho públicas las gestiones de un abogado defensor en medio de una causa. Una portavoz socialista hace público en una rueda de prensa-mitin una resolución de una oficina gubernativa que aún no ha emitido comunicado oficial.
Los sumarios vuelan cual pajaritas de papel y, naturalmente, los periodistas adecuados reciben una información u otra según la agenda que el responsable del Estado y sus cabezas de huevo han decidido.
Mientras, la oficina de transparencia, dependiente del Gobierno faltaría más, piensan en el Gobierno, acaba pidiendo, a través de jueces, que el Gobierno que le manda informe sobre contratos que se financian con fondos públicos o, incluso, de cuánto, dónde y cómo ha viajado el avión oficial del estado. Tontadicas que al estado no le conviene señalar, por si acaso se suma alguna sospecha al asunto.
Que la porquería de estado ha sido históricamente abundante en España es algo que no puede ignorarse. Pero que la voladura de aspectos esenciales del estado de derecho – básicamente me refiero al derecho a la defensa y la protección de datos-, lo de marear con el ventilador de la porquería y la corrupción se lo dejo a ustedes, se produzca en nombre del progresismo global es insultante.
A golpe de superioridad moral del socialismo realmente existente y de reparto de carnés de progresismo, frente a los que sin ese carné pertenecemos a la fachosfera, se han ido minando lo que considerábamos adquisiciones de nuestra democracia reciente que acababan por gustarnos: especialmente, el derecho a nuestros datos y el derecho a nuestra defensa.
Todo ha volado. Los fiscales publican la agenda de los abogados, los órganos colegiados se convierten en subsidiarios de líderes digitalmente nominados, vulnerando los criterios de capacidad o mérito, la fiscalía pasa a ser un cuerpo militar, los datos de las pesquisas se hacen públicos y así, sucesivamente.
Un tuit de Oscar Puente nos muestra la finura de estado, Bolaños certifica el progresismo generalizado del reaccionario independentista y la ministra de Hacienda amenaza al contribuyente con manejar la Agencia Tributaria a su antojo, todo muy progresista.
Desde hace, probablemente, veinte años el deterioro de la calidad democrática española ha sido espeluznante y crecido a un ritmo exponencial. El problema es que esta cuestión es ya difícilmente debatible. Es, simplemente, un problema de barricada.
El deterioro de la tecnología política hasta la banalización de lo que antaño parecía sustancial hace imposible la reflexión, ya que lo determinante no es el contenido sino la personalización de la práctica. Será el nominalismo lo que determine la corrección política más que las viejas reglas.
Esto no sólo se ha convertido en una barrera al debate sino que, además, aprovecha al populismo para contaminar la reflexión sobre las prácticas normalizadas en la experiencia del estado de derecho y su sustitución por un nuevo nominalismo. Si lo que importa es de quién es el Estado, en consecuencia, si cambia el poder cambian las reglas.
Éste es el problema. La forma que es parte del contenido democrático ha pasado a mejor vida. Hoy, el Estado es Pedro, mañana puede ser otro y, quizá, nos pase lo mismo.
