Secreto y democracia son términos antagónicos. Y en la lucha contra el Covid19, amparados en un estado de alarma, sobra de lo primero y falta de lo segundo.

Por no saber, ignoramos hasta el número de muertos y de infectados realmente por la pandemia. Y eso porque también desconocemos el número de test realizados y de sus resultados concluyentes.

Ignoramos también cuánto nos han costado los susodichos test, así como las mascarillas y demás material sanitario, a quiénes se las hemos comprado y el nombre de los intermediarios que presuntamente se han beneficiado haciendo unas compras equivocadas cuando no fraudulentas.

Realmente no conocemos casi nada, ni siquiera los nombres de los presuntos expertos que aconsejan al Gobierno sobre la famosa y desconcertante desescalada. Tanta ignorancia recuerda los viejos procesos de la Inquisición, en la que los reos lo eran por denuncias anónimas y sin posibilidad de apelación debido al oscurantismo del procedimiento.

En esas estamos, multados muchas veces por normas cambiantes y arbitrarias que no sabemos quién las dicta ni por qué motivo, como la última de impedir a coches circular con la bandera de España -al parecer, se permitía cualquiera otra- por ser una manifestación de protesta que entrañaba riesgo sanitario.

El mismo criterio se aplicó a una misa en la catedral de Granada, con veinte fieles diseminados en toda ella, y no pareció oportuno hacerlo a una masiva concentración de musulmanes en la calle durante el Ramadán.

O sea, que entre las medidas contra la pandemia del Covid, la más estricta, ya que no la más eficaz, consiste en el secreto, dada la aleatoria contradictoriedad de los demás procedimientos.