El día 28 de junio se celebran las décimas elecciones sindicales al Consejo de Policía en la Policía Nacional. Se eligen 14 vocales del Consejo: 10 de la escala básica (policías y oficiales), 1 de subinspección (subinspectores), 2 de ejecutiva (inspectores e inspectores-jefes) y 1 de superior (comisarios y comisarios principales).
El Consejo es un órgano burocrático de participación administrativa, que informa sobre normas internas, expedientes y acuerdos sindicales; lo más importante que hace es determinar la representatividad, qué organizaciones participan en ese Consejo y quienes tienen más apoyo del colectivo. Hoy es mayoritario JUPOL con 8 vocales (6 en básica, 1 en subinspección y 1 en ejecutiva), el SUP tiene 2 en la escala básica, el SPP 2, uno en escala ejecutiva y otro en superior, y son representativos la UFP y la CEP, cada uno con un vocal en la escala básica.
En estas elecciones JUPOL, a pesar de su amplia mayoría, se presenta en coalición con un sindicato que fue representativo entre 2015 y 2019 y que perdió esa condición, ASP. Concurre una nueva organización, EYA, creada por el fundador de JUSAPOL y JUPOL, Natán Espinosa, que rompió con ellos por discrepancias internas.
Todos están de acuerdo en lo sustancial: la ley “Mordaza”
Estas elecciones no deciden nada importante ni para la ciudadanía, ni para los policías. Nada cambiará gane quien gane. Todos están de acuerdo en lo sustancial: la ley “Mordaza”. Su antecedente en 1992, la ley “Corcuera”, fue aceptada por todas las organizaciones menos por el SUP, sindicato que cambió sus principios en 2013 y apoyó en 2015 una ley más peligrosa para las libertades que la del ministro socialista. Una ley a la que hacen todo tipo de reparos organismos internacionales cuestionando su compatibilidad con derechos y libertades civiles consagrados en democracias. Las sanciones brutales en cuantía, que no estén debidamente justificadas ni controladas en su imposición, o el principio de autoridad vulnerando los derechos civiles con injerencias sin razón objetiva para ello (STC/1993), son recogidas en su informe por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que pide revisar esas y otras prácticas, que son jaleadas por mandos y políticos y toleradas por jueces y fiscales en España.
Las identificaciones arbitrarias, la subordinación de derechos civiles al principio de autoridad no está permitida en democracias europeas, pero en España las aplican todos los cuerpos policiales: la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Es una herencia del régimen anterior permitida por todos los gobiernos democráticos y los mandos policiales.
Defender los derechos profesionales de los policías
Los sindicatos policiales tienen como función defender los derechos profesionales de los policías, pero no pueden abstraerse de los principios constitucionales de los que emana su condición de agentes de la autoridad; es incoherente plantear que se tienen todos los derechos de la Carta Magna y sus leyes de desarrollo, mientras se niegan a la ciudadanía, a la que se trata como súbditos o vasallos sin derechos para rellenar estadística inútil a mayor gloria de los mandos.
En los años que dirigí el sindicato, entonces mayoritario, nuestra posición sobre los abusos policiales y el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía era tan firme como la exigencia de las mejores condiciones de trabajo para los policías. Nuestras denuncias contra las prácticas corruptas, también. Trasladábamos la información de policías corruptos y muchos fueron detenidos, encarcelados y expulsados; no escatimamos esfuerzos contra los delincuentes como tampoco para defender a los inocentes, gestionando indultos y rehabilitaciones contra condenas abusivas o erróneas.
En la policía hay mucha gente decente, la mayoría, y también hay corruptos y canallas, aunque hoy decir esto es ir contracorriente por el rancio discurso corporativo. Si no se tiene claro qué se puede hacer y qué no como policía, si no se admiten errores en sus filas, si se defiende la presunción de inocencia ante muertes provocadas por una paliza de varios policías, con pruebas obtenidas por otros policías, acabas defendiendo a corruptos y no protegiendo a policías decentes por el fanatismo corporativista, que creo es lo que está ocurriendo hoy.
Un ciudadano tiene derecho a no ser molestado
Todos los sindicatos defienden lo mismo: la ley “Mordaza”, patente de corso para los policías con la indefensión de los ciudadanos y un discurso victimista infantil que no se corresponde con la realidad. En 2022 hubo 15 personas muertas en enfrentamientos con los policías y ningún policía. Este año hemos tenido la desgracia de Andújar y han salido los sindicatos como si murieran decenas de policías cada año, cuando lo que ocurre es que hay millones de abusos, injerencias ilegales con identificaciones sin justificar como exige el Tribunal Constitucional.
Un ciudadano tiene derecho a no ser molestado en la calle por un policía sin una razón objetiva para ello. No vale el principio de autoridad por capricho porque vulnera derechos civiles. Solo ante un hecho evidente un policía puede activar ese principio ante un ciudadano en una democracia. En autocracias, repúblicas bananeras, dictaduras fascistas o comunistas es otra cosa, pero España no es eso ¿verdad? Hay millones de identificados y cacheos en busca de una dosis de droga para consumir en su domicilio, cuyo único fin es rellenar estadísticas y ganarse el favor de los mandos, con desprecio absoluto al derecho cívico a no ser interpelado por ningún policía en la calle. Portar droga para consumir en casa no es un factor de criminalidad ni de preocupación social.
Lástima que no se hayan aprobado algunos de los cambios de la ley Mordaza. Sí se puede grabar a un policía, es elemental en un Estado de derecho y en democracia. Sí hay que redactar con todo detalle una propuesta de sanción porque son brutales en sus cuantías muchas de ellas, y al retirarse del Código Penal como faltas la protección judicial desapareció.
Hay que graduar las sanciones al poder adquisitivo del denunciado, algo que es así en varios países europeos y que aquí supone una afrenta para estos policías formados más para un país bananero autocrático que para una democracia. Hay que ser escrupulosos en el trato a la ciudadanía, acabar con identificaciones ilegales y actuar con contundencia cuando la situación lo requiere.
Ante una persona armada con cuchillo, hacha o machete que acomete al policía o a otro ciudadano, fuego. Nunca dejar que alguien se acerque a menos de 10 metros. Y lo que dicen los malos profesores, fiscales pijoprogres y otros que acuden a la academia a cobrar, adaptarlo a la realidad. La formación es muy deficiente, pero el material humano de la policía española es de lo mejor del mundo. Si hay un país donde un policía puede morir rescatando a personas en un incendio, un accidente o en el mar, es aquí. Esa condición debe canalizarse y formarse para servir y proteger a la ciudadanía, no para obedecer órdenes, aunque sean ilegales, como ocurre hoy.
Mala formación policial
Una justicia eficaz y diligente que no deje en libertad a chorizos con decenas de detenciones, y una policía bien formada para un servicio a ciudadanos con derechos en democracia. Los policías hoy, sus sindicatos, defienden prácticas que no caben en una democracia porque han sido mal formados y ellos no son responsables; lo son los mandos y políticos. No hay dos intervenciones iguales, pero sí algunos principios a aplicar. Trato exquisito al ciudadano cuando se es requerido por ellos y ninguna intervención de iniciativa propia para identificar o cachear si no hay una razón sólida para hacerlo. Firmeza frente a los violentos. Ver que se zarandea o golpea a un ciudadano en una identificación arbitraria y se huye ante un elemento con un cuchillo no es la mejor imagen policial.
Tampoco se debe iniciar una persecución en coche poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía. En todo caso, actuar con mucha prudencia porque en cualquier democracia y Estado de derecho, la policía debe proteger a la ciudadanía antes que sentirse héroe persiguiendo chorizos con riesgo para la gente. No trasladar a las calles de España las películas de policías norteamericanas. No es profesional ni legal poner en riesgo la vida de nadie para detener a un chorizo. Y mucho menos disparar a alguien que huye.
De medios materiales, táser, cámaras corporales y otros medios no digo nada porque ya lo dicen los sindicatos. España precisa una reconversión policial para que los ciudadanos estén más seguros y los delincuentes más preocupados. Ésa será una asignatura pendiente del futuro gobierno y debería ir acompañada de una reforma judicial que elimine la idea de impunidad que tienen muchos delincuentes en este país.
