Entre 2005 y 2009, España condonó 774 millones de euros a países africanos y sudamericanos que, curiosamente, eran de donde más en masa salían inmigrantes ilegales hacia España. El programa, que lo había establecido la exvicepresidenta Fernández de la Vega, no dio los resultados apetecidos y fue cancelado de hecho por el PP cuando llegó al poder en diciembre de 2011. Ahora la Comisión Europea quiere poner 1.000 millones de euros para un fondo fiduciario europeo-africano que sirva para gestionar la crisis de los refugiados, aunque lo que se pretende en realidad es poder exigir el rápido retorno de los refugiados que no obtengan asilo político.
Desde 2005, año en el que la entonces vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, inició una nueva política para intentar frenar la afluencia de inmigrantes ilegales desde el África subsahariana, España ha condonado más de 774 millones de euros a un total de 20 países. Esa política de condonación de deuda se mantuvo hasta 2009, mimetizada dentro de los denominados “programas de conversión de deuda”. Pero según extraconfidencial.com, esa fue sólo una parte de la cifra total que aportó España bajo el mandato de Zapatero para frenar la riada de la inmigración irregular desde sus países de origen. A esa cifra de 774 millones en cuatro años habría que sumar otras partidas en clave de cooperación que están fuera de la contabilidad de esas condonaciones de deuda.
El Gobierno de Rajoy reconoce ahora que le han sido perdonadas a una veintena de países partidas millonarias, y son países que coinciden con aquellos de los que partían hacia España un número mayor de inmigrantes ilegales. Trece de esos países son africanos –del Magreb y del África subsahariana- y siete son sudamericanos.
Condonaciones a países africanos
Según esos datos, desde 2005 España ha ‘perdonado’ 322,28 millones de euros a Uganda (27,92 millones); Tanzania (18,86); Senegal (68,4); Mozambique (12,9); Mauritania (21,3); Marruecos (50 millones); Guinea Ecuatorial (28,2); Ghana (31,8); Etiopía (6,6 millones); Camerún (21,3); Burkina Faso (5,5), y Argelia (29,5 millones).
En esas partidas están incluidos los países del Magreb, debido a su proximidad con España, y prácticamente la totalidad de los países subsaharianos en los que más nacionales salen como inmigrantes irregulares con destino a Canarias, por la vía de las pateras, y hacia Ceuta y Melilla a través de la frontera marroquí, o bien desde Argelia o Mauritania.
Las partidas que puso en marcha Fernández de la Vega también incluían a países sudamericanos con gran flujo de inmigrantes hacia España, aunque estos a través de las vías aéreas (aeropuertos de Madrid y Barcelona). Estas otras partidas se dirigieron a Perú (14,8 millones de euros condonados); Paraguay (7 millones); Honduras (246,9); El Salvador (8,5); Ecuador (37,1); Costa Rica (4,7), y Bolivia (124,6 millones). La cantidad total entre 2005 y 2009 fue de 443,6 millones de euros a países sudamericanos.
La ayuda al desarrollo
Ahora, el Gobierno de Rajoy alega que esas condonaciones se basaron en los llamados «programas de conversión de deuda», por los que España aceptaba no cobrar ciertas cantidades siempre que el país deudor pusiera otra cantidad pactada. Con el conjunto del capital –el condonado y el que ponía el otro país- se debían financiar proyectos concretos de cooperación.
Sin embargo y pese a esas cautelas legalistas, en realidad esas condonaciones tenían mucho que ver con el compromiso que debían adoptar esos países para frenar sus flujos migratorios ilegales: se intentaba aliviar las presiones migratorias sobre las fronteras españolas en Canarias, Ceuta y Melilla, así como para los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Para poder contabilizar esa condonación de deuda se inventó la fórmula de «conversión en programa de inversión».
Esa fórmula que puso en marcha Fernández de la Vega no ha dado el resultado esperado en materia de cooperación, según pone de manifiesto el Gobierno del PP. En el caso de Uganda, país al que se le condonaron entre 2007 y 2008 un total de 27,92 millones de euros que tenían que haber sido justificados con proyectos de desarrollo, el Gobierno dice ahora que estos acuerdos no han respondido «a las expectativas de la Administración, por lo que en el año 2014 se ha optado por rescindirlo y proceder a su gestión conjunta con el firmado en el año 2008». No resulta raro observar, pues, que esa misma fórmula se repite en otros países a los que se ha condonado deuda.
Observando ese desastre general, España ha optado por crear un Comité Binacional que “decide los proyectos a financiar en función de la identificación que las autoridades del país hacen de sus prioridades de desarrollo, de forma que la financiación de proyectos se enmarque en su estrategia de reducción de la pobreza”. En definitiva, que ese dinero no llegó a ser usado para aquello para lo que se pactó.
