El 21 de diciembre de 1978, en Anglet (Francia), José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, destacado miembro de ETA, participante en el atentado que acabó con la vida del almirante Carrero Blanco, murió a causa de la explosión de una bomba colocada en su coche. El artefacto fue detonado cuando Argala se disponía a utilizar el vehículo. Este atentado fue reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE), un grupo parapolicial vinculado a la guerra sucia contra ETA.

La guerra sucia se inició en un contexto de gran inestabilidad política, con la transición a la democracia, la presión de los militares, la inexistente colaboración francesa en la lucha contra ETA y la creciente debilidad política de los gobiernos de UCD.

Entre la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 y la derrota electoral de UCD en octubre de 1982, la guerra sucia contraterrorista, desarrollada por grupos en los que aparecen implicados elementos que continuarán presentes hasta la desaparición de los GAL en 1987, cobra una gran actividad. En esta actividad y durante este periodo se produjeron numerosos atentados con el resultado de 41 muertos y 36 heridos. Las acciones fueron reivindicadas principalmente por el Batallón Vasco Español, y una de las características que diferencia esta etapa es que la mayoría de los atentados sangrientos se produjeron en territorio español, 21 frente a 17 en Francia, y dos se llevaron a cabo en lugares tan remotos como Venezuela y Estados Unidos, ambos reivindicados por el BVE con el resultado de tres muertos.

Como consecuencia de esta actuación antiterrorista, en territorio español se llevaron a cabo algunas investigaciones y procesamientos. El 4 de marzo de 1981 fueron detenidos en San Sebastián cinco componentes de un comando del BVE y posteriormente puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

De este y otros atentados se desprende que, en la época de los Gobiernos de UCD, actuaron grupos de mercenarios, integrados sucesivamente por fascistas italianos de Ordine Nuevo, miembros de la organización argentina Triple A, individuos relacionados o pertenecientes a la OAS francesa y, finalmente, personas de los bajos fondos del hampa. Otros dos atentados de esta época resultan igualmente significativos por distintos motivos. El primero, realizado en Alonsotegui, Vizcaya, el 19 de enero de 1980, causó cuatro muertos por bomba en el bar Aldana, además de ocho heridos. El segundo, el ametrallamiento del bar Hendayais, de Hendaya, el 23 de noviembre de 1980, que produjo dos muertos y diez heridos. En aquel entonces, este grupo llegó a plantearse el secuestro del dirigente político vasco Juan Mari Bandrés para ser canjeado por Javier Rupérez, que había sido secuestrado por ETA político militar.

El tratamiento que se dio en los medios de comunicación a las actividades de aquellos grupos parapoliciales, en los años 80, basculó entre el silencio, la noticia escueta y el apoyo explicito a sus actividades. Baste, para ilustrar ese apoyo, estos párrafos de un editorial de Diario 16 después del intento frustrado del secuestro de Larrechea Goñi, para intentar salvar la vida del capitán de Farmacia Martin Barrios:

“Es preciso cerrar filas en torno al buen gobierno que tenemos, formado por hombres competentes y patriotas dispuestos a conciliar los valores esenciales de libertad y seguridad. Sus aciertos en la lucha antiterrorista deben recibir aplauso y sus errores comprensión”.

Y concluía: “O ellos o nosotros. Por eso hay que terminar con ETA de la forma que sea”.

En 1983, ese mismo periódico publicaba lo siguiente: “A Barrionuevo no habría que cesarle por estar consintiendo acciones irregulares en el sur de Francia, sino por no cosechar tan pocos éxitos a pesar de la infinita buena voluntad con que ejerce el cargo”.

Y en otro artículo se decía lo siguiente: “La ecuación es cada vez más simple, por muy inconfortables que frente a ella se sientan los estetas de la chaise longue: o ellos o nosotros. Por eso hay que terminar con ETA de la forma que sea”.

En 1984, tras el asesinato del etarra Txapela por los GAL, se publicó lo siguiente: “Por fin los hechos demuestran que existen alternativas eficaces a la frustrante exhortación a la paciencia que venía haciéndose endémica en nuestra clase política”.

Con el tiempo, la postura del periódico evolucionó hacia la denuncia y la investigación de los GAL: había llegado el momento de participar en el desalojo, “de cualquier manera y a cualquier precio”, del Gobierno del PSOE de Felipe González.

Cuando asumí el cargo de Director de la Seguridad del Estado, en diciembre de 1982, sabía que debía establecer prioridades claras para abordar los numerosos retos que enfrentaba el país. Entre los objetivos iniciales no estaba el tratar de forma inmediata el control de ciertas actividades internas; consideré que actuar así habría supuesto irrumpir en el complejo entramado de la institución de manera abrupta, como un “elefante en una cacharrería”. Era fundamental proceder con prudencia y sentido estratégico.

Las prioridades abarcaban múltiples frentes. La situación en el País Vasco, marcada por la amenaza terrorista, requería una atención especial y recursos significativos. Paralelamente, la conformación de mi primer equipo de trabajo resultaba esencial para garantizar la eficacia en la toma de decisiones y la ejecución de las políticas. La colaboración con Francia era otro elemento clave, ya que la cooperación internacional se presentaba como indispensable para combatir el terrorismo de manera más efectiva.

Otro de los focos principales fue la modernización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como su formación continua para afrontar los nuevos retos que se presentaban. A ello se sumaba la mejora del equipamiento de policías y guardias civiles que estaban destinados en la lucha contraterrorista, buscando que contaran con los medios necesarios para desempeñar su labor con seguridad y eficacia. Asimismo, era imprescindible mantener bajo control el llamado “ruido de sables”, es decir, cualquier atisbo de inestabilidad o injerencia militar en la vida política. La seguridad ciudadana, entendida como un pilar básico para el correcto funcionamiento del binomio libertad-seguridad, ocupaba también un lugar destacado entre las prioridades. Todas estas tareas suponían un esfuerzo coordinado y sostenido en el tiempo.

En este proceso revisé minuciosamente la información disponible, tanto la que ya obraba en mi poder como la que me facilitaron responsables anteriores del Ministerio del Interior, en especial de los tiempos de la UCD. Analicé los casos judiciales pendientes relacionados con acciones u omisiones de actividades parapoliciales, y puse todo mi empeño en contribuir a encontrar soluciones favorables para los afectados. Diversos colaboradores míos de aquella etapa pueden dar fe del esfuerzo realizado en ese sentido.

Pasaron los años y la lucha contra el terrorismo y por la seguridad del Estado continuó, marcada por la lentitud y la tragedia. A lo largo de ese tiempo, vivimos tanto éxitos reconocidos como fracasos, así como la dolorosa experiencia de numerosos entierros que dejaron una profunda huella en todos nosotros. La colaboración con Francia, aunque en sus inicios fue tímida, empezó a abrirse de manera gradual. Ese proceso de cooperación internacional estuvo repleto de episodios que, sin duda, merecen ser relatados con detalle en otra ocasión.

A medida que nos acercábamos a 1992, nos enfrentábamos a retos de enorme dificultad, en un contexto en el que España adquiría una proyección internacional sin precedentes. La imagen y el prestigio de la joven democracia española estaban en juego ante los ojos del mundo. Lejos de ser una afirmación exagerada o vacía, puedo atestiguar personalmente el respeto y la consideración que despertaba España en aquellos años, fruto del esfuerzo colectivo y de la determinación con la que afrontamos los desafíos de ese período.

Con la llegada de 1993, España comenzó a experimentar un escenario cada vez más convulso y complejo. La situación económica presentaba signos evidentes de deterioro, lo que se traducía en crecientes dificultades tanto para el Gobierno como para la sociedad en general. Paralelamente, salieron a la luz varios casos sonados de corrupción, que contribuyeron a erosionar la confianza en las instituciones y a alimentar el descontento social.

En este clima de incertidumbre, la oposición, aún inmadura y carente de la solidez que exige una democracia consolidada, mostró una impaciencia palpable. Su principal objetivo era desalojar a Felipe González de la Moncloa a cualquier precio, lo que intensificó la tensión política y polarizó aún más el debate público.

En medio de este contexto surgió un fenómeno impensable en un país que aspiraba a consolidarse como miembro de pleno derecho de la Unión Europea y como democracia madura: la guerra sucia de los denominados “años de plomo”. Este periodo, marcado por la clandestinidad, la violencia y la vulneración de los principios democráticos, fue el germen de la conocida como “la conspiracióon”, un episodio que marcaría profundamente la vida política y social del país.

Sin embargo, el desarrollo y las consecuencias de “la conspiración” constituyen otro capítulo aparte que merece ser abordado en detalle en otro artículo.