El Tribunal Supremo ha sentenciado que el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos debe ser repuesto en su cargo como jefe provincial en Madrid, de donde fue destituido por la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, cumpliendo órdenes del ministro Marlaska. Tiene dos meses de plazo para cumplimentar la orden judicial y por lo que se insinúa, es posible que, aunque vuelva a su plaza, el coronel sea cesado inmediatamente después por pérdida de confianza porque esos cargos son de libre designación. Al haber desaparecido la exigencia contra el secreto de una investigación judicial que hizo nulo su cese, al ministro le bastará considerar que no es idóneo para el cargo y relevarlo. Posiblemente lo recurrirá el coronel, pero dado el horizonte electoral previsible y los tiempos judiciales eso ya no afectará ni al ministro ni a su presidente.

Mi experiencia en estos asuntos es que rara vez se cumplen las sentencias sin apostillas, engaños o manipulaciones. Entre otras cosas porque, habiendo conocido varias sobre evidentes abusos de políticos y mandos, nunca ninguno de ellos ha sido condenado personalmente, sino que, en todo caso, la Administración ha abonado una indemnización, repuesto en el puesto o el salario detraído por decisiones arbitrarias. El responsable de la decisión nunca responde de sus actos. Los políticos y mandos tienen patente de corso.

El cese de Pérez de los Cobos estuvo mal argumentado y fue precipitado. Como el coronel dijo en su recurso y todo el mundo cree (el Tribunal Supremo también), el motivo del cese fue no haber informado de la investigación judicial encargada a la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M días antes de la alerta sanitaria por el virus. Se investigaba si cuando se autorizó la misma el Gobierno ya sabía que había grave riesgo de contagio, decidiendo primar su interés político sobre la salud pública. La investigación judicial fue archivada poco después. El Gobierno sabía que el riesgo existía. La ideología de género que ha transmutado el feminismo para mal es una de las banderas del Gobierno Frankenstein; han apostado a esa estrategia política como evidencia la ley del “sí es sí” y sus resultados, o la más reciente ley Trans siguiendo la estela de otras como las “ecológicas”, destruyendo más de 300 pantanos y represas en los dos últimos años cuando la sequía castiga a agricultores y ganaderos, quema los montes y llega a restricciones humanas.

Pérez de los Cobos es un reputado mando de la Guardia Civil con una brillante hoja de servicios que durante muchos años (2006-2018, de Rubalcaba a Marlaska) estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad gestionando asuntos sensibles como los fondos reservados. Fue cesado con el enfado y protesta de las asociaciones de guardias civiles (tan verticales de su empresa/institución como los sindicatos policiales de la suya), por considerar que el cargo que ocupaba, de adscripción indistinta, solo debía ocuparlo un mando de la Guardia Civil. Fue nombrando en su lugar el comisario José Antonio Rodríguez, un profesional cercano al PSOE procedente del PCE (Enrique Curiel).

Pérez de los Cobos ha sido elogiado por su gestión como responsable de coordinar las fuerzas de seguridad en Cataluña el 1-O (incluidos los Mozos) que en mi opinión fue bastante deficiente, uno de los fracasos de su brillante hoja de servicios. El dispositivo se organizó tarde (cuando estaban los colegios ya ocupados) y miles de efectivos de la Guardia Civil permanecieron en cuarteles sin ser utilizados. Las urnas llegaron, los colegios ocupados por independentistas y reaccionar tarde y mal con falta de previsión produjo que decenas de policías (la mayoría inspectores) estén hoy imputados. No he conocido una declaración del coronel coordinador del dispositivo respecto a sus subordinados. Si los hubiera defendido como ha hecho con su cargo tendría más respeto por mi parte.

Grande-Marlaska fue el juez del caso Yak-42. Basta ver qué autos emitió, cómo fueron recurridos, cómo lo ascendieron primero a presidente de Sala, decidiendo él mismo sobre sus decisiones anteriores recurridas por familias de las víctimas y cómo accedió al CGPJ, siempre con apoyo del PP, para hacerse idea de su personalidad.

También instruyó el “caso Faisán”, donde no quiso profundizar en declaraciones del comisario jefe de la UCI (Unidad Central de Inteligencia) José Cabanillas, sobre el mando que le pidió destruir la grabación que probaba el “chivatazo”. Nunca quiso recibir al comisario general de Información, Telesforo Rubio, quien impidió que se destruyera la prueba y fue “acusado” en medios de comunicación durante dos años de ser el autor del aviso a Elosua. Los políticos y periodistas que manipularon, mintieron y actuaron en clave política contra Telesforo Rubio nunca pagaron por ello. No fue ni llamado como testigo y el asunto se cerró con muchas lagunas en la investigación condenando a dos inocentes.

El DAO de la época apoyó siempre al jefe de la investigación desde Asuntos Internos (al que el comisario Cabanillas acusó de proponerle destruir la prueba), pero cuando el mismo insinuó la posible intervención política desde Madrid en el chivatazo el DAO lo desautorizó de inmediato. No defendió la inocencia de dos mandos a los que apoyaron todos sus compañeros (¿imaginan un “chivatazo” a ETA y que decenas de policías que llevan toda la vida deteniendo a terroristas apoyen a los autores?), pero intervino para frenar que se señalaran complicidades políticas.

Marlaska pasará a la historia como un mal ministro. Tiene entre manos un asunto con la suficiente relevancia para que quede en la historia de su mandato como contrapeso al deterioro de su imagen: hacer justicia con el reingreso de los guardias civiles expulsados en la década de los 90 por defender el derecho de asociación en la benemérita. El reingreso de José Morata, José Piñeiro, Manuel Rosa y, a título póstumo, de Manuel Linde, sería un acto de justicia que no hizo ninguno de sus predecesores. Existe el precedente de la UMD; solo tiene que seguirlo para cerrar esta mancha sucia de comportamientos ilegales de políticos y mandos contra guardias civiles demócratas que actuaron dentro de la Constitución.