Los autores de la denuncia, de izquierda a derecha: los diputados de IU Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere y el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo.

Alcaldes, diputados y cargos públicos de Izquierda Unida han presentado en la Fiscalía provincial de Sevilla una denuncia contra las compañías eléctricas ante una presunta conspiración para alterar el precio de la energía, sobre todo en el periodo de invierno y cuando el frío arrecia en casi toda España. IU no entiende cómo pueden subir de esta forma los precios de la luz, y califica de inexplicable que se rebaje la producción de luz a través del gas.

Ante estos hechos, los cargos públicos de IU quieren evitar que las eléctricas se salgan con la suya y han pedido a la Fiscalía que investigue lo siguiente:

• 1.- Que inicie una investigación sobre las razones por las que en un periodo de altísima demanda las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando con su decisión un encarecimiento del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios.
• 2.- Que investigue si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas, especialmente las determinadas zonas blancas, pudieran estar incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas.

Según la denuncia de IU, a la que El Satiricón ha tenido acceso, la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que favorecen los beneficios empresariales en detrimento de las personas usuarias:

“Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas. Cabe recordar –dice IU en su denuncia- que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reiterado en sus informes estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza. En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por ‘manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica’”.

Según IU, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 Iberdrola llevó a cabo actuaciones con las que la compañía retuvo el agua de sus presas en los embalses del Duero, Tajo y Sil para encarecer el precio del mercado, en vísperas de la celebración de la subasta eléctrica que debía determinar el precio de la luz en el primer trimestre de 2014.

IU recuerda a ese respecto que “el duro expediente de la CNMC consideró probado que la compañía ‘consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado’. De hecho su actuación produjo el incremento de unos 7 euros por megavatio hora (MWh), y de paso se procuró unos beneficios de 21,5 millones de euros. Aquel episodio movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, supuestamente para evitar que la luz incrementara un drástico encarecimiento de golpe, aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30%”.

El bajo nivel de las centrales de gas de ciclo combinado

Para IU, los pormenores relatados por la CNMC y que dieron como consecuencia la imposición de la referida sanción, recurrida por la empresa, y las posteriores decisiones gubernamentales, se parecen mucho a lo que está sucediendo estos días:

“Si en aquella ocasión fueron las centrales hidroeléctricas las que redujeron su actividad, ahora son las centrales de gas de ciclo combinado las que presentan un bajo nivel de funcionamiento o están paradas, permitiendo que los precios queden fijados por los ciclos combinados más ineficientes y por tanto más caros. El gobierno se limita a describir las subidas, sin un atisbo de reacción que corrija el marco legal y deje fuera del mismo las prácticas empresariales que encarecen con descaro el suministro eléctrico poniéndolo a unos precios fuera del alcance de millones de personas”.

La formación que coordina Alberto Garzón afirma al respecto que se impone la apertura de una investigación “que no sólo ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, sino actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas. Es inaceptable que los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”.