El 22 de julio presentó la dimisión la directora general de Tráfico, María Seguí, forzada por las noticias sobre prácticas irregulares en su gestión. El Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción, OCC, emitió una nota de prensa señalando las consecuencias que ha tenido para la persona que denunció dichas prácticas irregulares, donde se cumple el patrón habitual en este país para estos casos: el denunciante acaba sin trabajo, abandonado y olvidado por la sociedad.
Me refiero a Juan José Alba, investigador del Instituto de Investigación e Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba como jefe, primero, y compañero, después, del marido de la susodicha, que por denunciar las prácticas irregulares que conocía ha sufrido diversos perjuicios profesionales. Juan José Alba demostró que había mediciones erróneas del equipo especialista de investigación de accidentes de la Guardia Civil que actuaron como peritos en el accidente de Ortega Cano, o la manipulación ilegal de cadáveres incluso con falsificación de firmas, sin que ningún organismo ni responsable con capacidad para impedir que lo que él denunciaba se siguiera produciendo haya hecho nada.
No han surtido ningún efecto las denuncias cargadas de datos por los cauces institucionales y hasta que algunos medios de comunicación (OKdiario, Interviú y EL Mundo, justo es reconocerlo) las han difundido provocando un escándalo, los responsables políticos y de los distintos organismos que han conocido las mismas no han prestado ninguna atención a lo denunciado, ignorándolo y convirtiéndose en cómplices por omisión desde el ministro hasta el último funcionario. Situación propia de una sociedad inmersa en prácticas corruptas y en una hipocresía moral cada día más insoportable.
Recuerdo haber denunciado posibles casos de corrupción en obras (comisaría de Zamora, centro de internamiento de Extranjeros de Aluche, o en adquisición de coches y motos…) desde 1990 al menos, habiendo conseguido poco más que una amenaza de querella de algún comisario si el asunto se hacía público.
Hace tres años, una nueva denuncia que realizamos desde el sindicato por algo ya denunciado 20 años atrás, sobre presupuestos de obras en dependencias de la Dirección General de la Policía, ahora sí surtió efecto y desde entonces hay personas de la DGP investigadas y cesadas por ello.
Creo que el clima social existente ha ayudado a este cambio de actitud aunque no siempre es así, y como ejemplo, sigue sin conocerse quién es el responsable de haber invertido un millón de euros en el año 2012 en un sistema informático para agilizar el trabajo del SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar), sin haber conseguido que a fecha de hoy funcione, habiéndose invertido desde entonces otros 700.000€ más para seguir igual. ¿Quién responde por esa gestión tan ineficaz?
Evidencia de lo mal que sientan a los políticos las denuncias de corrupción (cuando son sobre gente de su partido, claro), es el caso del ático de Marbella. Tras amenazar el ministro de Interior y el DGP con expedientar a los policías que investigaron, presentamos denuncia en la fiscalía anticorrupción, quien al poco tiempo rechazó la misma señalando que había indicios pero que debíamos seguir investigando y aportar más pruebas. ¿Investigando un sindicato de policías que no tiene capacidad legal para hacerlo? ¿No es la fiscalía la que tiene instrumentos legales y capacidad para disponer una investigación?
En esa situación solo quedó para defender a los policías amenazados de expedientes presentar denuncia en el juzgado correspondiente, lo que se hizo en octubre de 2012 y por lo que sigue abierto ese caso, y ello a pesar de que el sindicato SUP que yo dirigía entonces desistió de la acusación popular poco después de que dejara la secretaría general, enviando un mensaje claro sobre su compromiso con la corrupción: ninguno. Mensaje que en un sindicato de policías no necesita más explicación.
Por esas y otras muchas vicisitudes relacionadas con prácticas de corrupción, cuando remitimos escrito del OCC a la Delegación del Gobierno en Aragón apoyando las denuncias de Juan José Alba no esperábamos nada, ni cuando lo remitimos a la fiscalía de Sevilla y al Ministerio del Interior, refiriendo prácticas cuando menos irregulares en unas jornadas de la DGT en Málaga que se iban a celebrar el pasado mes de junio, con participación de la pareja de la directora general pero que comparecía (se supone que cobrando por su conferencia y sus dietas, etc.) como un usuario de las vías de tránsito en España sin citar para nada su parentesco. Como si fuera uno que pasaba por allí por casualidad. Una tomadura de pelo.
Pese a ello la fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla nos remitió escrito rechazando la información facilitada con el sólido argumento legal de que no le decíamos quién nos contaba lo que le contábamos, y el subsecretario de Interior respondió que nuestro escrito de denuncia lo pasaba, en lo que se ve es un trámite ordinario en Interior, a la persona denunciada, a la directora general de Tráfico.
Y mientras, Juan José Alba, el denunciante, perdió su puesto de trabajo por las manipulaciones del marido de la directora general de Tráfico. Y eso, que para mí es lo más importante de todo esto, a fecha de hoy sigue sin resolverse. Mientras no se modifique la legislación y se garantice protección a los denunciantes de prácticas corruptas, España seguirá siendo a esos efectos de corrupción como lo que parece que es, una zahúrda.
En un futuro artículo comentaré las vicisitudes de Juan Domínguez (q.e.p.d.), coordinador de los TEDAX en el sindicato siendo yo secretario general por oponerse y denunciar prácticas corruptas, así como la irresponsabilidad con la que se han regido en esta materia tan sensible como la lucha contra el terrorismo responsables políticos y mandos policiales.
