Cuenta Italo Calvino que, en el siglo XVII, el vizconde Medardo de Terralba y su escudero Curzio marchan por la llanura de Bohemia para unirse al ejército cristiano para luchar contra los turcos, en una de esas “más altas ocasiones que vieron los siglos”, donde quizá pretendiera coincidir con Cervantes.
Calvino era un comunista que contaba que Europa se hizo contra los turcos, cosa que ahora no podría contar por incorrecto.
Es el caso que el vizconde, al parecer más animoso que experimentado, es enseguida derribado de su caballo y partido en dos por un obús turco. Cosidas cada una de sus mitades, el vizconde vivirá partido en dos, haciendo una el bien y otra el mal, hasta que mucho más tarde le coserán entero para empezar de nuevo.
El libro forma parte de una trilogía que, en realidad, además de literatura fantástica, habla de una Italia partida en dos (comunistas y Democracia Cristiana) que no había forma de coser.
Cosa parecida está ocurriendo con nuestro pretendido camino federal. Habrán visto que el federalismo (la izquierda federal, la derecha no usa esas cosas) ha desaparecido para dar paso a una serie de medidas que nos alejan de cualquier parámetro de igualdad territorial o pretendido federalismo.
El gasto territorializado español ha ido alcanzando dimensiones federales, especialmente desde que los pilares del estado del bienestar, con excepción de las pensiones, fueron transferidos (Bienestar social y dependencia, Salud y Educación). Pocos estados federales tienen grados de descentralización económica parecidos al español.
La cuestión es que el grado de desigualdad que el propio desarrollo territorial y de las ineficiencias del sistema financiero han generado va a ser profundizado por los acuerdos territoriales que se han negociado entre Sánchez y los partidos territoriales que son necesarios para la investidura.
Lo primero a lo que nos enfrentamos es que se pretende convertir a Cataluña en una Comunidad Foral por la puerta de atrás. Cosa que, por cierto, intento Más con Rajoy en aquella famosa entrevista. El acuerdo no sólo ha abierto la reflexión sobre el “cupo catalán”, a incluir en un nuevo y magnífico estatuto, sino sobre un segundo rescate para Catalunya, en forma de condonación de deuda.
Hablo de segundo rescate porque además del FLA (el Fondo de liquidez autonómico) del que se pretende condonar hasta 20 mil millones, Catalunya ha sido, desde la crisis financiera, la Comunidad con más recursos facilitados por el estado: hasta 138 mil millones de euros, es decir el doble del FLA en distintos instrumentos de tesorería, pagos a proveedores e instrumentos de distinto tipo.
Catalunya es la comunidad que, a pesar de su financiación, ha sido más favorecida. El discurso de que Catalunya es una comunidad mal financiada no se sostiene. La liquidación del sistema de financiación autonómico de 2021 (el sistema se liquida con dos años de retraso debido al IRPF) revela que las Comunidades infrafinanciadas (recursos por habitante, a nivel de competencias homogéneas, por debajo de la media) son: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Catalunya y Madrid tienen una financiación similar, más o menos en la media. Aunque siendo la población de Madrid superior, lo que aporta en forma de solidaridad la Comunidad presidida por Ayuso es el 24% de sus ingresos tributarios, mientras Catalunya solo pone el 9% de los suyos. Como imaginarán, si Catalunya se queda con el 100% de sus ingresos tributarios, ese 9% lo pondrán Madrid y Baleares.
Ni la Constitución ni la LOFCA (ley orgánica de financiación de las Comunidades autónomas) permiten para comunidades de régimen común medidas de esta naturaleza.
La condonación de la deuda supone, en primer lugar, un incentivo a ignorar la consolidación fiscal y el buen gobierno. Es una deuda que la ciudadanía ya está pagando en forma de deuda del estado. Que Cataluña no la pague les ahorrará intereses, pero es dudoso, a pesar de ello, que puedan acudir al mercado a buscar financiación. Lo que sí es posible es que la calificación de la deuda española baje y aumenten sus tipos de interés.
En términos financieros el troceamiento del Estado tiene, igualmente, notables implicaciones. Abandonar el principio de caja única de la Seguridad Social, a petición del PNV, Comunidad con las pensiones más altas, por cierto, está fuera de la ley y del Pacto de Toledo.
Dejar la Agencia Tributaria para la meseta, mientras la clientela del progresismo de verdad verdadero se queda con la gestión de impuestos; repartir la televisión pública o sus direcciones en función de quién vota a quién, hoy los trenes, mañana no se sabe, no contribuye a ningún federalismo sino a un cantonalismo tan ineficiente como ilegal.
Las bibliotecas de economía están llenas de libros que relación la evolución del gasto público con los resultados electorales. O sea, el simple clientelismo.
No se me ocurre qué tiene de progresista manejar la financiación autonómica a la carta o gestionar las instituciones económicas del Estado al margen del mercado. Menos aún ese principio preventivo de confederalismo que es exonerar a los vascos y catalanes del cumplimiento de las leyes básicas del Estado, por cierto, un principio de federalismo.
La izquierda original fue jacobina en exceso, probablemente porque los burgueses de Burdeos eran federalistas. Siempre, desde fenicios a los atenienses, lo han sido los comerciantes que vivían cerca del mar, a diferencia de las agrícolas burguesías interiores. Pero confederalizar un Estado, a golpe de ponerse en manos de sátrapas locales tiene poco o nada de progresista.
Cada sátrapa pondrá a los suyos al frente de las instituciones del Estado, desaparecerá la guardia de civil de puertos y aeropuertos, Correos ya no existe y nadie ve la televisión española y los impuestos los pagará Madrid. Todo en orden, en este federalismo demediado.
