Esta semana hemos asistido al cambio de gobierno más rápido que se haya conocido en España durante el régimen del 78, utilizo esta expresión porque me evoca al pasado, un pasado reciente, tan reciente como ayer, y es que me temo que estamos ante el principio del fin de la Constitución de 1978.
Desde el jueves 31 de mayo de 2018 —hago este énfasis en la fecha para que mis futuros lectores aprecien mi capacidad vaticinadora— no hago más que preguntarme cosas que no tienen una respuesta lógica; por ejemplo: ¿Por qué Rajoy no se ha defendido con más ahínco a ser censurado? ¿Por qué el PSOE, un partido bastante moderado, a caballo entre el comunismo y el capitalismo, que siempre ha intentado sacar lo mejor de ambas tendencias para ofrecérnoslo a todos, se alía con lo peor de la pluralidad política española cuando hasta ahora había sido un fiel aliado del PP, al menos, contra los que ahora lo arropan? Véase terroristas, separatistas y equidistantes o cobardes que no se atreven a decir claramente que están entre los primeros, los peores de la ecuación, reses mansas que sólo topan por la espalda.
Como se pueden imaginar, las respuestas de mis elucubraciones han pasado por todo el espectro de posibilidades, desde la traición más ruin del PSOE hasta la del PP; y ha sido al analizar estos dos extremos cuando me ha surgido la teoría de la conspiración, aquella que en las novelas lo resuelve todo, pero, claro, las novelas son ficción y esto es la vida real. No obstante, se la expongo.
El pasado jueves 7 de septiembre de 2017, se reunieron en la Moncloa Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para llegar a un pacto que garantizara “La defensa de la democracia”, palabras que entrecomillo porque es la expresión textual que utilizó el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez, y que resumían el encuentro de ambos líderes al tiempo que materializaban un frente común, forjado por las dos principales fuerzas políticas del país, para acometer con éxito al mayor desafío al orden constitucional desde el nefasto 23 de febrero de 1981.
Otra célebre decisión que el hoy presidente del gobierno dejó clara tras la media hora de aquella reunión fue que, y más o menos cito textualmente:
– No hay contemplaciones para los socialistas con JxSí y la CUP, ni tampoco las hay con la presidenta del Parlament que ha actuado con autoritarismo y mala fe -rescato estas palabras de la hemeroteca de aquellos días-.
Tras la reunión, Pedro Sánchez partió hacia Extremadura y Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa ante los medios en la Moncloa para confirmar los recursos del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Referéndum, el decreto de convocatoria del 1-O, las normas complementarias de organización del plebiscito y la elección de los miembros de la Sindicatura Electoral.
También advirtió Rajoy que no renunciaría a nada para impedir que los secesionistas liquidasen de un plumazo el modelo de convivencia democrático. Acto seguido lo hizo Adriana Lastra, vicesecretaria general socialista y portavoz adjunta en el Congreso, para explicar el compromiso adquirido por ambas partes de crear una “comisión para el diálogo, la evaluación y la modernización del Estado autonómico”.
El mismo jueves, el PSOE presentó en el Congreso su propuesta y Lastra compareció apoyada por Meritxell Batet, líder de los parlamentarios del PSC en Madrid, para dejar clara su posición:
– El Gobierno sabe que tiene todo el apoyo del PSOE para la defensa del Estado de Derecho frente a quienes quieren quebrarlo; sabe que la respuesta socialista es anteponer los intereses generales a cualquier otro.
Y se esforzó en dejar muy claro que Sánchez actuaría con responsabilidad de Estado y respaldaría, sin ambages, las decisiones del Ejecutivo. Pero a continuación insistió en la necesidad de abrir cauces de diálogo para buscar una solución al conflicto y revisar el modelo territorial:
– Lo importante es que las fuerzas políticas del hemiciclo, y ahí estará Podemos -ésta fue una de las promesas de Sánchez a Rajoy-, se sienten a dialogar sobre el modelo territorial tratadas como formaciones constitucionalistas.
En ese sentido, tanto Lastra como Batet subrayaron la importancia de la comisión para la evaluación del Estado autonómico que los socialistas planteaban y que contaría con el apoyo de la abrumadora mayoría de la Cámara, dando por seguro el respaldo del PP y Unidos Podemos.
La propuesta, un escrito de cuatro páginas que comienza alabando los logros de la Constitución, especialmente de su Título VIII, la organización del Estado, para argumentar después:
– “Tras 40 años de vida, los socialistas consideramos que un Estado federal corregirá los defectos de organización y funcionamiento del Estado autonómico […] representará un proyecto común para una España plural y diversa, donde la soberanía única residirá en la ciudadanía española, pero en la que al tiempo se asuma la existencia de las diversas identidades que la integran, garantizando un autogobierno territorial de calidad y facilitando la convivencia, la cohesión social y territorial, el desarrollo y la igualdad de todos los ciudadanos».
Propuesta en la que el PSOE no se moja en asuntos polémicos, no fija una posición férrea, y propicia el diálogo sin apartarse de su apuesta por el modelo federal, obviando su controvertida definición de Estado plurinacional. Remarca que la comisión de estudio tendrá que analizar las deficiencias del modelo actual y realizar las propuestas que considere necesarias de mejora institucional, normativa y de todo tipo sobre la arquitectura territorial de España. Y deja en el aire un debate que concluirá con la necesidad de reformar la Constitución de 1978, e invita al nuevo órgano a emitir un dictamen con las resoluciones y propuestas que remitirá al pleno del Congreso para su discusión y aprobación.
¿Cuándo se pondría en marcha? -Ésa era la primera pregunta del millón-. La vicesecretaria general señaló que Sánchez y Rajoy no habían hablado de fechas, pero recalcó que lo importante era que se constituyera, empezara a funcionar y se sentaran a negociar todos los partidos, incluso los independentistas, y en ese sentido señaló que el PDeCAT había mostrado su disposición a formar parte de él y confió en que ERC se acabara sumando.
Si entonces no había duda de la posición del PSOE, menos la había ahora, pues su firme decisión fue ratificada por Sánchez en el Congreso de la Socialdemocracia alemana (SPD) donde no sólo defendió con ahínco la unidad de España, sino que alentó a toda Europa contra la amenaza que el secesionismo constituía para el proyecto europeo.
Sin embargo, aquellas manifestaciones ocultaron para un sector de la prensa otra reunión que Sánchez mantuvo en Alemania y que hoy cobra un valor superlativo. Me refiero a la conversación con Olaf Scholz, el nuevo ministro de Finanzas alemán, y con Andrea Nahles, presidenta del SPD. A los que dejó bien claro tres cosas: la necesidad de apoyarse mutuamente con vistas a las elecciones europeas de 2019, su posición sobre el conflicto catalán y su propuesta de reforma de la Constitución. Entre otras frases en inglés ante tan reputado foro, Sánchez aseguró:
– “Nadie está por encima de la ley en una democracia y nadie puede violar la Constitución para conseguir objetivos políticos […] El movimiento independentista decidió romper la ley […] España hoy es una democracia consolidada que integra la diversidad desde un punto de vista federal, como sucede aquí en Alemania […] El secesionismo es una amenaza para España y para el proyecto europeo, para los valores de la unidad y la solidaridad y sobre todo para los valores del Estado de Derecho […] Podemos ser críticos con el Gobierno, pero no vamos a traicionar el Estado de Derecho”.
Si la primera pregunta del millón era ¿cuándo se pondría en marcha?, la segunda era ¿cómo? Pues bien, mi teoría de la conspiración me responde que desde el día que se presentó la Moción de Censura esas preguntas tienen respuesta. Como también la tiene la nobleza con la que Rajoy se ha entregado a Sánchez. Veamos. Ni Rajoy ni sus correligionarios pueden hacerlo debido a su férrea posición contra el independentismo, amén de que un cambio tan radical de sus posiciones de inicio ahuyentaría a una gran masa de sus votantes hacia Ciudadanos, y no está el horno para bollos. Sin embargo, el PSOE, más flexible en sus posicionamientos, sí puede hacerlo y además adelantaría a Podemos por la izquierda.
La conclusión es que Sánchez es el hombre adecuado para aprovechar lo que queda de legislatura y proponer un marco de negociación con el PNV, PDeCAT, JxCat incluidos, y ERC, que culminaría con la aprobación de una reforma constitucional que un nuevo PP, regenerado tras su salida del gobierno, apoyaría tácitamente; y con el inicio de una nueva legislatura que la ratificaría y, de paso, dejaría en la cuneta a Podemos y Ciudadanos.