El 19 de enero de 2026, el silencio de la dehesa cordobesa se quebró con el estruendo del metal. El accidente ferroviario en Adamuz, que ha dejado un saldo de 45 fallecidos, no solo ha conmocionado al país, sino que ha activado un engranaje político y mediático diseñado para proteger al sanchismo de cualquier onda expansiva de responsabilidad.

Desde Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido una fórmula que ya es marca de la casa: “Asumimos toda la responsabilidad”. Sin embargo, para la oposición y los sectores críticos de la prensa, esta frase no es un acto de contrición, sino un cortafuegos. Al asumir una responsabilidad “genérica” y “del Estado”, se diluyen las responsabilidades políticas concretas de los gestores de Adif y del Ministerio de Transportes, liderado por su gran amigo Óscar Puente.

Mientras Sánchez apela a la “lealtad institucional”, la maquinaria gubernamental trabaja para acotar la investigación a lo estrictamente técnico, centrando el foco en las cajas negras y las cámaras de seguridad, alejando el debate de la falta de inversión o el mantenimiento de las vías que algunos informes preliminares ya señalan como posibles causas.

La crónica de estos días no estaría completa sin observar lo que ocurre en los platós de televisión y los estudios de radio más afines a Moncloa, esos jardines regados por el vino y las rosas del sanchismo. Allí, la consigna parece clara: señalar a quien pregunta. En las últimas 72 horas, destacados tertulianos y periodistas cercanos al sanchismo han desplegado una narrativa de ataque contra aquellos compañeros de profesión que intentan indagar más allá de la versión oficial.

Los argumentos utilizados en estas “mesas amigas” siguen un patrón previsible: en primer lugar, acusaciones de “carroñerismo”. Se tilda de “falta de ética” cualquier pregunta sobre el estado de las infraestructuras mientras las víctimas aún están siendo identificadas.

En segundo lugar, el estigma de la “extrema derecha”: Se vincula automáticamente cualquier exigencia de dimisiones con las estrategias de crispación de la oposición, buscando invalidar la crítica por su origen político.

En tercer lugar, la aplicación de la omertà, el estricto código de silencio y no cooperación con la autoridad, especialmente la policía y jueces, arraigado en la cultura mafiosa y sureña italiana. Es decir, el intento de imposición de una “Ley del Silencio” mediática donde pedir transparencia es interpretado como un ataque a las instituciones.

Mientras medios públicos como RTVE se apresuran a calificar de “bulos” informaciones sobre fallos previos en la vía (aunque admiten que existieron incidencias eléctricas), los periodistas independientes que cubren la zona de Adamuz denuncian una creciente hostilidad. En las tertulias nocturnas, se les acusa de “difundir desinformación” por el simple hecho de contrastar los datos de los sindicatos ferroviarios con los comunicados oficiales del Ministerio.

La estrategia de Moncloa busca ganar tiempo. Con tres días de luto oficial y un despliegue de “empatía” presidencial, el Gobierno intenta que la indignación social se disuelva antes de que los informes técnicos arrojen luz sobre las grietas del sistema. En este escenario, la prensa se divide más que nunca: entre quienes actúan como escudos humanos del poder y quienes, a riesgo de ser señalados como “agitadores”, persiguen la verdad que se esconde bajo los restos del tren en Adamuz.