Las tasas judiciales introducidas por Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue ministro de Justicia nos han costado a todos los españoles nada menos que 639 millones de euros en sus casi tres años de aplicación. Que era una defraudación masiva da muestras el que el gobierno de Rajoy, que las aprobó bajo presión de Gallardón, dio luego marcha atrás y suprimió esas tasas que dificultaban aún más la distribución de la Justicia en España. Ahora se pide su retirada también para pymes y ONGs.

Un informe remitido por el Gobierno de Rajoy al Parlamento desarrolla el importe de las cantidades recaudadas por tasas judiciales desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en miles de euros, términos líquidos y con criterio de caja.

He aquí el cuadro por provincias de lo recaudado gracias a ese gran recaudador que fue Gallardón: