Hacíamos grandes esfuerzos por mantener las tasas funcionariales, y aunque hubo una inicial rebaja, hemos conseguido mantener que ‘sólo’ cada 186 españoles puedan tener un funcionario para ellos solitos. Ahí se incluye todo, claro está: les puede tocar un maestro, un militar, un administrativo de manguito y visera, un policía o un guardia civil. Pero más difícil es que les toque un médico para repartirse: según la OMS, sólo tenemos 37 médicos por cada 10.000 habitantes y España ha pasado del puesto décimo del mundo en proporción de médicos al 16º.
Las cuentas son sencillas. Según el INE, España contaba a fecha 1 de enero de 2015 con una población oficial de 46.449.565 habitantes, aunque en 2011 había alcanzado el máximo de población con 47.190.493 habitantes. En todo caso, España es el quinto país más poblado de la Unión Europea, si bien su densidad de población (93,51 hab/km² según INE 2011) es menor que la de la mayoría de otros países de Europa Occidental.
Paralelamente, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el conjunto de nuestras administraciones contaban en 2015 con algo más de dos millones y medio de empleados. Exactamente, 2.542.787 empleados públicos. Así que, si esa cifra la dividimos por el censo nacional, el resultado es de un funcionario por cada 186 habitantes. No está mal, pero analicemos los datos.
Primero. De los 2.542.787 empleados públicos actuales, el 50,5% pertenecen a las Comunidades Autónomas (sic); el 22,7% a las entidades locales; el 20,9% a la Administración Pública Estatal, y el 5,9% a las Universidades. Es decir, que las autonomías cuentan con la mayor parte del funcionariado burocrático.
Segundo. Del total de funcionarios registrados, el 61,44% es funcionario tal cual, el 24,39% es personal laboral y el 14,17% ‘resto’ del personal, es decir, contratados, etc. Se deduce que el porcentaje de personal laboral es muy amplio y que ese 14,17% podría corresponder, entre otras cosas, a asesores, etc., lo cual sería mucho decir.
Tercero. Un 46% de todos los empleados públicos son hombres y un 54% son mujeres. Es decir, que las mujeres son mayoría en este caso.
Cuarto. En el ámbito de la Administración General del Estado (ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad), de los 195.032 empleados públicos, el 71,4% es funcionario, el personal laboral representa el 26,79% y el resto de personal el 1,81%.
Quinto. Un 75% del personal se sitúa entre los 40 y los 59 años. Es decir, que se ha rebajado la edad del funcionario.
Sexto. Los grupos mayoritarios dentro de los funcionarios de carrera pertenecen al Subgrupo C1, con un 39,48%, seguido de los subgrupos A1 y A2 con un 32,46%.
En estas cifras, naturalmente, no se incluyen a los políticos de todo tipo y pelaje: diputados, senadores, diputados autonómicos, alcaldes, concejales, chupatintas de empresas y organismo públicos… Si no, la ratio subiría más, dónde va a parar. Aunque, todo hay que decirlo: no sobra nadie; si acaso, los políticos.
