La hermana del rey emérito aparece con una sociedad offshore en Panamá abierta nada más acceder él al trono y cerrada días después de abdicar, casi cuarenta años después. La «amiga entrañable» de ese mismo rey, también. El hombre con más poder durante los ocho años de Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, el ideólogo de la política económica y después presidente del FMI y de Bankia, igual. Un amigo y la actual esposa del ex presidente socialista Felipe González, y un ministro del Gobierno del PP, Soria, no han faltado a la cita de los papeles de Panamá, entre otros empresarios, banqueros, políticos, artistas y gente del arte y la cultura. Y también miembros de otros muchos países, lo que lejos de conducirnos a la resignación de que en todas partes se roba debería llevarnos a la comprensión de que el mundo capitalista de mercado libre y sin reglas, donde el dinero puede ir y venir y las personas mueren de hambre en un cenagal ante cualquier valla fronteriza no es un modelo que se deba aceptar resignadamente.

Centrándonos en España, la transición de la dictadura a la democracia con un jefe de Estado impuesto por el dictador antes de morir no ayudaron a crear una moral pública, cívica, ciudadana, sino que se mantuvo la del amiguismo y el Estado y sus instituciones como cortijo de los poderosos que nos ha traído hasta aquí. La falta de controles sobre los dineros públicos hizo el resto.

Un ministro del dictador creó el partido que hoy gobierna y desde ese mismo partido hoy se niega la Ley de Memoria Histórica y se acusa de querer reabrir heridas a quienes solo quieren encontrar los restos de un familiar que yacen enterrados como si fuera un animal en cualquier cuneta. Y no hablamos de unos pocos restos, hablamos del segundo país del mundo en desaparecidos tras un conflicto con más de cien mil personas en esa situación.

En materia de seguridad pública se ha construido un laberinto costoso y mal coordinado, con miles de cuerpos de policías locales, unidades adscritas a comunidades autónomas, cuerpos propios en las mismas, una policía civil y una militar dependientes del Estado en permanente conflicto, descoordinadas y con duplicidad en muchas tareas y servicios y por ello costosísima, en descarnada competencia, y un servicio secreto que trabaja dentro y fuera al servicio de la Corona como prioridad sobre los interés del Estado y la nación, subordinados a los del sostenimiento de la Monarquía, piedra de bóveda sobre la que se asientan las tres patas que son Constitución y bipartidismo (una pata cada partido) para que el sistema no cambie pase lo que pase.

Un sistema de seguridad donde hay cientos de cuarteles de la Guardia Civil que cierran de noche o no aceptan denuncias en determinados días, y un sistema de productividad en la Policía que lleva a millones de identificaciones indiscriminadas e ilegales, así como a dificultar todo lo posible la presentación de denuncias. A más identificaciones y menos denuncias recibidas en el territorio en cuestión, (comisaría local, provincial, distrito, etc.), más dinero se percibe en productividad. Eso lleva a organizar lo que se llaman filtros, que son controles de identificación de ciudadanos como quien actúa en cualquier dictadura de súbditos que no de personas libres y con derechos sometidas al imperio de la ley. O a que en comisarías se pongan todo tipo de obstáculos a las personas que van a denunciar, como por ejemplo, en una comisaría local de Sevilla, donde si vas a denunciar el robo de un maletín de dentro del coche el sábado por la tarde te dicen que eso no es urgente y vuelvas el lunes; o si vas a denunciar el robo de la batería del coche te dicen que lleves el coche con una grúa a la comisaría a tomarle huellas, o si vas a denunciar a una persona te exigen que facilites el DNI de a quien denuncias o tampoco lo admiten, y si preguntas el número de identificación profesional del policía de la Oficina de Denuncias te despacha diciendo que él no tiene que llevar ese número.

Con estas trabas consiguen que algunas personas desistan de presentar la denuncia y figuren menos delitos y faltas cometidos en la zona. Eso está pasando hoy en España y ese trato a la ciudadanía se parece mucho al de cualquier dictadura bananera.

Y si del aspecto político y de seguridad pasamos al de la ciudadanía, las cosas no van mejor. Hay dos millones de personas sin cobertura del Estado que llevan años parados; antes, tener trabajo era ser pobre pero autosuficiente y desde hace años eso se acabó; hoy se puede ser trabajador y pobre de solemnidad y no poder calentarte en invierno, y ahora parece que alguien ha hecho las cuentas y entiende que con estos salarios de miseria no se pueden mantener las pensiones dentro de muy pocos años. Y sigue habiendo más de cuatro millones de personas sin empleo, y en comunidades autónomas como la de Andalucía, los índices de pobreza y paro en comparación con otras regiones de España y Europa son los mismos desde hace 25 años.

Es hora de acabar con esa idea de que la transición española fue ejemplar. Es mentira. La corrupción que corroe el sistema democrático es fruto de aquel tiempo, de aquellos dirigentes, y una parte importante de la pobreza, la miseria, de la vulneración de derechos civiles de la ciudadanía por las fuerzas de seguridad tienen su origen en aquellos cimientos.

Hoy y en el futuro pagaremos ser una sociedad mal formada, más de bueyes mansos que de ciudadanía consciente de sus derechos, fruto de casi cuarenta años de dictadura y represión, que acabaron de ahormar una mentalidad ya de por sí deficiente por sistemas de enseñanza vinculados a la resignación de la Iglesia y al principio de autoridad de los que siempre han mandado en las vidas de los demás.

Y así seguimos.