“Ley Mordaza”: mucho que cambiar

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados debate sobre los cambios, muy necesarios, en la “Ley Mordaza” aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP que vino a sustituir, y empeorar, la “Ley Corcuera” de 1992, ampliando la capacidad policial para injerir, intervenir, retener (figura ilegal pero que se produce millones de veces cada año) como si los ciudadanos no tuvieran derechos civiles.

Por las noticias que me llegan no creo que estén abordando el problema fundamental de la norma: atender a las resoluciones judiciales sobre las condiciones necesarias para que un policía, de cualquier cuerpo que todos actúan igual, ordene a un ciudadano identificarse. Lo que enseñan las academias de policía es que el principio de autoridad se aplica a criterio del policía y que es un valor superior a los derechos de ciudadanía. Esto, y la exigencia de los mandos deriva en una práctica de identificaciones masivas ilegales por no existir razón para ello, al requerirse una sospecha racional que se pueda exponer por escrito para tal proceder, según han dictaminado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Los derechos civiles protegen a la ciudadanía de los abusos del Estado y sus fuerzas de seguridad; existen en todas las democracias y no se respetan en dictaduras (comunistas, fascistas, religiosas, autarquías…) y España es la única presunta democracia (partidocracia) donde la práctica policial no respeta los derechos de su ciudadanía a los que trata como súbditos o lacayos. Es una injerencia para rellenar estadísticas que provoca que se produzcan más delitos. Mientras más tiempo y más coches están detenidos haciendo identificaciones a ciudadanos para rellenar las estadísticas del mando, en su zona de patrullaje crecen los delitos. Es una relación causa-efecto acreditada empíricamente pero no parece que le importe ni a mandos ni a políticos.

Los cambios que se están produciendo sobre capacidad de rodear organismos oficiales, o la exigencia de no utilizar pelotas de goma son una estrategia para acabar con la seguridad en las calles. Y Bildu, ERC, JxCAT, UPodemos, CUT, BNG y es posible que también el PSOE de Sánchez, lo utilicen en cuanto llegue la derecha al Gobierno.

En cambio, me parece positivo que se puedan grabar las actuaciones policiales; no es posible impedirlo en una democracia y que se exija que los policías que imponen una sanción deban razonar objetivamente el hecho ocurrido. Que las sanciones sean atendiendo a la capacidad económica del denunciado es una recomendación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que analiza las prácticas de las policías respecto a los ciudadanos. Para actuar en determinadas zonas (narcotráfico, independentismo…) los policías deberían poder llevar un embozo para cubrirse el rostro, pero en ese caso debería ir acompañado de un número identificativo visible (como los de UIP) que garantice su identificación en caso de ser necesario.

Las fuerzas de seguridad precisan de una importante inversión en medios materiales; cámaras grabadoras incorporadas al uniforme para defenderse de denuncias falsas y para impedir la actuación de los chulos de barrio de uniforme, corruptos y canallas abusones que los hay y nadie les pone coto. Y pistolas táser para repeler agresiones con un arma que no sea tan lesiva como la de fuego. Cada día es más habitual enfrentarse a personas con armas blancas o machetes y si la única defensa es el arma reglamentaria, cada vez que se haga uso de ellas habrá un policía acusado y puede que condenado por el principio de proporcionalidad.

Lo más urgente es un cambio radical en la formación que se imparte en las academias, en todas, las de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales sobre el principio de autoridad. Los ciudadanos en democracia tienen derechos civiles inalienables salvo que sean sospechosos con indicios de que pueden cometer un delito o acaban de cometerlo.

Los policías están para dar seguridad y proteger esos derechos, no para vulnerarlos, por lo que deben actuar con prudencia y criterio objetivo cuando ordenan a un ciudadano identificarse. Tal hecho debe plasmarse en la nota de servicio que los mandos deben revisar. Si un policía tiene 30 identificaciones semanales y 10 detenidos por resistencia en un año en el mismo barrio que otro no tiene ninguno, ese policía es el chulo del barrio y debe ser apartado de esa tarea o sancionado.

Tras usar restrictivamente esa potestad legal del principio de autoridad, llega cómo aplicarlo, protocolos de actuación hoy inexistentes. Nadie, ningún ciudadano que pasee por la calle o en un coche puede ser detenido-retenido para identificarlo y registrarlo, o para registrar el coche, en busca de un trozo de droga que lleva a casa para consumo propio. Porque ese ciudadano no es un peligro para la ciudadanía y mientras se pierde el tiempo con él, no se están patrullando zonas donde se están produciendo delitos. La única detención-retención procedente es para hacer la prueba de alcohol porque llevamos una máquina que mata y, salvo que sea positiva, no requiere identificación del ciudadano.

Las policías españolas, las estatales y muchas locales (parece que menos las autonómicas, salvo que te dediques a quitar lazos amarillos en Cataluña, que entonces los Mozos te persiguen), realizan millones de identificaciones anuales que vulneran derechos civiles de la ciudadanía y es ahí donde debe ponerse el acento. No intervenir salvo que haya un desencadenante, un indicio, y una vez que se interviene (por ejemplo, en reyertas y ante violentos) los policías deben disponer de todo el apoyo del Estado y la justicia, con los medios coercitivos necesarios para actuar con toda la contundencia que requiere la situación.

No se puede actuar molestando ilegalmente a personas honradas para quitarle la droga que porten para consumo propio o para que su identificación conste en una estadística que no sirve para nada, y no actuar con la contundencia necesaria ante reyertas y violentos, aunque quienes la protagonicen sean extranjeros, de color, árabes o de cualquier etnia. Y es lo que está pasando hoy en España. No hay que identificar a nadie por ser negro, árabe o gitano, ni tampoco actuar con más “mano izquierda” con ellos en situaciones de violencia por el temor de los policías a la reacción de mandos, políticos, jueces y las múltiples organizaciones que viven de subvenciones, ansiosas de denunciar falsamente violencia policial para seguir garantizándose las subvenciones de las que viven muchos cobrando un salario improductivo.

La policía debe cambiar su paradigma de máxima injerencia sobre la ciudadanía con sanciones administrativas y centrarse más en la seguridad preventiva, impedir delitos contra esas personas honradas. Más policía de seguridad y menos administrativa, y es aplicable tanto en las ciudades como en los pueblos y zonas rurales y para todas las policías, estatales, autonómicas y locales. Ése es el cambio necesario para que mejore la seguridad de la ciudadanía y de los policías. Menos delitos, menos identificaciones, menos sanciones administrativas que producen más seguridad, más libertad, más derechos.

 

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