El primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, deberá responder ante la justicia española: el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una querella de Vox por delitos de tortura y contra la integridad moral dirigida contra él y contra agentes y funcionarios de policía y judiciales de Gibraltar. La querella tiene que ver con la detención e ingreso en prisión en junio pasado de Juan Ignacio Mínguez, presidente de Vox Madrid, tras la colocación de una bandera española en la falda del Peñón, así como la privación de libertad del abogado Pedro Fernández, que acudió a interesarse por su situación durante el juicio celebrado dos días después.

En el auto en el que Ismael Moreno acepta la competencia y admite la querella, que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, el juez acuerda una serie de diligencias para la averiguación de los hechos, entre ellas oficiar a la Policía Judicial para que acrediten si Fabián Picardo tiene residencia en España, así como recabar del Ministerio de Asuntos Exteriores un informe sobre si tuvieron conocimiento oficial de los hechos y, en su caso, la forma y fecha en que se les comunicó la detención. Además, que le informe de si España ha emitido nota de queja o protesta frente a las autoridades británicas por dichos hechos o cualesquiera otros relacionados con la actuación de éstas en Gibraltar.

Igualmente, el juez Moreno solicita a Asuntos Exteriores que le indique si el ministro principal de Gibraltar está amparado por los beneficios de la inmunidad diplomática.

La resolución del juez acuerda también solicitar comisión rogatoria a las autoridades británicas para que aporten copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y enjuiciamiento practicados a los querellantes y ordena tomar declaración como testigo al abogado Pedro Fernández.