Sesenta y seis (como el inicio del número del diablo, símbolo de la maldad y la corrupción) procesados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu como presuntos ladrones, chorizos, corruptos, administradores desleales o apropiadores de lo ajeno. La de las ‘tarjetas black’ es la primera pieza del Caso Bankia que se cierra y estos 66 procesados -entre los que están Rodrigo Rato, Miguel Blesa y representantes de las cúpulas de los grandes partidos políticos y sindicatos que nos llevaron a la ruina y que pretendieron disfrazar de crisis lo que era una estafa- deben ser considerados como una victoria de la colaboración ciudadana, sin la ayuda de los mismos partidos que ahora pretenden apuntarse el tanto.
El juez Fernando Andreu ha concluido la instrucción y ha dictado un auto de continuación de la tramitación de dicha pieza separada en la que están imputados Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otras 64 personas más por el uso de las tarjetas «black».
En su auto, el juez de la Audiencia Nacional concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos.
De lo actuado, según el juez Andreu, se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios.
En su resolución, Fernando Andreu rechaza las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones formuladas por Jorge Rábago Juan Aracil, Mariano Pérez Calver, Ramón Martínez Vilches, Enrique de la Torre Martínez, José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón Escudero.
Del mismo modo, afirma que la instrucción, que se ha realizado de forma profusa y profunda, debe darse por conclusa, al haberse practicado todas las diligencias esenciales para determinar la naturaleza y las circunstancias de comisión de los hechos, por lo que no considera necesario la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Estanislao Rodríguez Ponga y Pedro Bedia Pérez.
El titular del juzgado central de instrucción número 4 ha dado traslado al fiscal, y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Ahora bien, nada de esto habría sido posible sin la ayuda de ciudadanos anónimos que han colaborado en momentos clave con el movimiento 15MpaRato a lo largo de 4 años de proceso judicial.