Los dos diputados de IU-UP en el Congreso. Foto: IU.

Los equipos negociadores del PSOE y de IU-UP han pactado un ‘plan de emergencia social’ para que los dos diputados de IU den su voto a Pedro Sánchez en la sesión de investidura del próximo 3 de marzo. Este acuerdo, anunciado por el PSOE, ha obligado a reaccionar a Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, ha presentado de forma precipitada otra alternativa económica que amplía los puntos del acuerdo entre socialistas e IU.

Hasta el momento, Sánchez ha llegado a un acuerdo ‘de mínimos’ con Alberto Garzón, que contiene asuntos de gran trascendencia en materia de emergencia social, mercado laboral, recuperación de libertades y derechos sociales, reformas del sistema democrático, lucha contra la corrupción y pacto contra la violencia de género.

Los acuerdos sustanciales sobre emergencia social contemplan, entre otras, las siguientes medidas:

1. La creación con carácter inmediato de un Ingreso Mínimo Vital para familias que carecen de todo ingreso económico.
2. También de forma inmediata se aprobará un incremento del Salario Mínimo Interprofesional para este año 2016.
3. Recuperación del subsidio por desempleo para parados mayores de 52 años.
4. Reconocimiento del derecho a una vivienda a las personas que hayan sufrido un desahucio por insolvencia sobrevenida, a través de una ley de la función social de la vivienda que además recoja la suspensión de los desahucios en caso de personas en situación de emergencia social.
5. Se garantizará el suministro de agua a todos los hogares y se protegerá a los consumidores vulnerables contra la pobreza energética.

Paralelamente, el acuerdo contempla las siguientes medidas urgentes sobre el mercado laboral:

1. La derogación con carácter urgente de la reforma laboral del PP.
2. La aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
3. Un plan de choque por el empleo y la inserción laboral y el aumento de las políticas activas de empleo.

Los acuerdos entre el PSOE e IU-UP recogen también medidas para la reforma del sistema democrático, la lucha contra la corrupción y la recuperación de libertades, tales como:

1. Pacto por la restitución de libertades: derogación de la Ley mordaza, derogación del artículo 315.3 del Código Penal sobre el derecho a huelga y supresión de la prisión permanente revisable.
2. Aprobar una ley de muerte digna y avanzar en otros derechos civiles.
3. Compromiso para reformar el sistema electoral para incrementar la proporcionalidad y regular los debates electorales, más una ley de participación ciudadana.
4. Pacto anticorrupción: endurecer los delitos por corrupción (entre ellos, el de financiación ilegal de partidos políticos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias….), prohibir los indultos por corrupción o violencia de género, crear una oficina Anticorrupción, proteger a los que denuncian prácticas corruptas y endurecer las incompatibilidades.

Por último hay acuerdo también en la necesidad de aprobar cuanto antes un pacto social, institucional y político contra la violencia de género para aumentar la protección de las mujeres y de los menores víctimas de la violencia de género.