La mala praxis de los gobiernos apoyados por los estalinistas de Podemos: Baleares (2)

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El Gobierno de la socialista Francina Armengol está prisionero de Podemos en Baleares.

En Baleares, con 59 escaños a repartir -la mayoría absoluta se sitúa, por tanto, en 30 diputados autonómicos-, las elecciones del 25 de mayo de 2015 arrojaron los siguientes resultados: PP: 20 escaños; PSOE: 14; Podemos: 10; MÉS: 6; El PI: 3; MpM: 3; C’s: 2, y GxF+PSIB: 1.

Tras muchas negociaciones, la socialista Francina Armengol, con tan sólo 14 escaños, pudo formar gobierno de coalición con Més per Mallorca (MÉS, una coalición política española de ámbito mallorquín surgida en 2010 e integrada por Partit Socialista de Mallorca, Entesa per Mallorca, e Iniciativa Verds). Pero como no sumaban suficiente -no llegaban a los 30 escaños para la mayoría absoluta-, tuvieron que llegar a acuerdos de gobierno con Podemos, o en su caso con el resto de las fuerzas políticas, lo que ha propiciado un gobierno inestable marcado por las ocurrencias que vayan adoptando sucesivamente los stalinistas de Pablo Iglesias.

De momento, he aquí las prácticas radicales que ha analizado el documento del PP «Malas prácticas de gobiernos extremistas» en Baleares.

Ataques a la unidad y a los símbolos constitucionales y a las instituciones. Gobierno formado por partidos que votan en contra de la unidad de España y enaltecen a Otegui, por ejemplo. Derogación de la Ley de Símbolos. Modificación de la Ley de IB3 para controlar políticamente la televisión autonómica (ahora con las peores cifras de audiencia de sus 10 años de historia). Derogación de la Ley de protección de la maternidad. Prohibición de las corridas de toros. Demolición del monolito de sa Feixina en Palma en contra de informes y de la ciudadanía, buscando excusas sobre sus connotaciones franquistas, removiendo el pasado.

Subida de impuestos. Nuevos impuestos al sector del Turismo: la Ecotasa (la pagarán también los residentes a partir de julio de 2016), plantean impuesto a alquiler de vehículos, otros impuestos de carácter medioambiental.. Prevén un incremento del 65% en recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y un aumento en la recaudación del Impuesto de Patrimonio de un 45%. Un incremento del 18,16% en recaudación el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Incremento de gasto público y falta de transparencia. Incremento de asesores. El Gobierno cuesta 1 millón de euros más al año que en legislatura del PP en cargos. El Govern se ve obligado a bloquear partidas presupuestarias en febrero. Se supera el límite de déficit de 2015 hasta el 1,51% y culpa a Madrid. Se ponen en marcha proyectos como la Facultad de Medicina sin informes de viabilidad económica. No se publican los sueldos de altos cargos, ni los gastos de estos. Tampoco se publica la liquidación de presupuesto, ni plan de equilibrio económico-financiero.

Nepotismo y enchufismo. La Administración como una agencia de colocación familiar y partidista (entre la Consejera de Salud y su pareja sentimental, el director del Ib.-Salud, gestionan más de 1.000 millones de euros, según el documento del PP).

Ataques a la educación concertada. En menos de un año han conseguido enfadar a los profesores, a las academias privadas de formación y al sector empresarial de la enseñanza concertada.

Demonización de las iniciativas empresariales y de inversión productiva. Se suspenden inversiones importantes en el sector turístico y agrario, bajo la excusa de la protección medioambiental. Siembran dudas sobre la conveniencia o no del turismo o si es necesario limitar el número de turistas. Consecuencia: baja la inversión hotelera en primeros meses de 2016 en un 60% con respecto a 2015, de 73 a 30 millones. Mala imagen en promoción turística en ferias, donde se habla más de saturación y de colapso de infraestructuras. Retraso en pago ayudas al sector agrario.

Abandono de las políticas sociales. Plantas de hospitales cerradas mientras los servicios de urgencias están colapsados. No se cubren bajas de personal sanitario. Aumento de personas en lista de espera de dependencia (a finales de diciembre 500 personas más que en julio de 2015) y disminución del presupuesto. Menos calidad asistencial en atención primaria, al reabrir centros de salud a partir de las 17 h y no reforzar plantillas. Vuelven los retrasos en el pago a las farmacias.

 

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