El 6 de diciembre de 1982 asumí el cargo de director de la Seguridad del Estado. Mi nombramiento se interpretó como parte de una estrategia más amplia, impulsada por el gobierno socialista con el fin de afrontar los retos de seguridad que se vivían en aquellos años. Se esperaba que mi llegada contribuyera significativamente en la lucha antiterrorista, así como en la reorganización interna de los cuerpos de seguridad del Estado y la puesta en marcha de nuevas estrategias de coordinación policial. Estaba claro que las responsabilidades que se me asignaban no eran en absoluto tareas menores o sencillas.
Mi bagaje en materia de seguridad se había forjado a lo largo de tres años de intenso trabajo en el Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Tras la victoria del PSOE en las primeras elecciones democráticas municipales de 1979, con Enrique Tierno Galván liderando la candidatura socialista, tuve la oportunidad de continuar mi carrera como funcionario municipal. En ese contexto, José Barrionuevo Peña, entonces teniente de alcalde responsable del área de Seguridad, me ofreció incorporarme a su concejalía para asumir funciones de formación, selección y organización de la Policía Municipal.
El destino profesional que se me presentaba suponía continuar de otra manera mi labor en el Ayuntamiento, aunque, a diferencia de mi anterior tarea, debía dedicarme a jornada completa y afrontar una carga de responsabilidad muchísimo mayor. Aquella etapa se caracterizó por grandes ilusiones, aunque marcadas por la incertidumbre del horizonte político y social que vivíamos in extremis. No obstante, el hecho de poder trabajar en esas tareas suponía para mí la materialización de numerosas aspiraciones, especialmente aquellas relacionadas con el futuro de España. Mi mirada –entonces como ahora- estaba puesta en Europa, en los países que disfrutaban de paz y libertad, y en el modelo que yo mismo deseaba para nuestro país.
Inicié mi nueva responsabilidad en el antiguo cuartel de Conde Duque, situado tras el palacio de los Duques de Alba, en un Ayuntamiento gobernado por una coalición del PSOE con el PCE y con figuras destacadas de ambos partidos: Tierno Galván, Ramón Tamames, Joaquín Leguina, Alonso Puerta, Enrique del Moral, Juan Barranco, Enrique Barón, Donato Fuejo, José Acosta, Alfredo Tejero, Cristina Almeida, Luis Larroque, Eduardo Mangada, Martín Palacín, etcétera. Aunque militaba ya en el PSOE, yo no era un “pata negra” del partido, no destacaba por una trayectoria muy participativa y toda mi obsesión se centraba en contribuir a llevar a buen puerto la llamada Transición democrática. Después, una vez cerrado aquel tiempo tan difícil y sacrificado, tampoco destaqué como parte del cuadro dirigente del partido socialista. Es verdad que no tuve ninguna aspiración al respecto porque, a mi parecer, las responsabilidades en seguridad que asumí eran incompatibles con una militancia política comprometida. Sin embargo, a pesar de todo, siempre fui leal al gobierno socialista y jamás traicioné mi compromiso político con el PSOE. Ahora bien, también tengo que subrayar con auténtico pesar que esa generosa actitud personal mía no fue siempre correspondida.
El 23 de febrero de 1981: una noche decisiva
La tarde-noche del 23 de febrero de 1981 quedará grabada en mi memoria como una de las más intensas y determinantes de mi carrera política. Durante el intento de golpe de Estado, mi responsabilidad principal era la dirección de la Policía Municipal de Madrid. Ocupaba el cargo de delegado de Seguridad y Policía Municipal, lo que implicaba tener bajo mi mando a 4.000 agentes de policía y cerca de 800 bomberos, una estructura considerable que debía actuar con rapidez y eficacia en un momento de máxima tensión.
En aquel tiempo contaba con la colaboración de un nuevo inspector jefe de los municipales, un coronel de Infantería que había sido seleccionado personalmente por mí y cuya labor estaba bajo la supervisión directa del concejal del área, José Barrionuevo. A pesar de llevar poco tiempo en el cargo, aquel militar demostró una gran profesionalidad y un compromiso total con la democracia en una situación tan crítica.
La gravedad de los acontecimientos que se sucedían, con la ocupación del Congreso de los Diputados por Antonio Tejero y con los tanques en la calle en Valencia, nos obligó a tomar la decisión de movilizar a todos los policías municipales. Pensamos, creo que con gran acierto, que su presencia visible en las calles de Madrid resultaría fundamental, no solo para mantener el orden público, sino también para recabar información de primera mano y vigilar de cerca los movimientos de las tropas que se desplazaban entre el Congreso y sus respectivos acuartelamientos. Aquella noche supuso un enorme reto, pero también fue un ejemplo de la responsabilidad y el compromiso de los cuerpos de seguridad durante uno de los episodios más delicados de nuestra historia reciente. Sin duda, fue una noche para no olvidar.
Superado este gravísimo episodio gracias a la postura decidida del Rey Juan Carlos, que era la única figura respetada por el conjunto de las Fuerzas Armadas, todo dio un vuelco decisivo, haciendo irreversible el camino hacia la democracia. No voy a entrar en el eterno debate sobre el papel del Rey en aquellas horas –o en las horas previas al intento de golpe de Estado-, aunque podría hacerlo dado el nivel de información que recibí a posteriori, así como por las charlas que mantuve con uno de los mejores jefes de la Casa Real que ha tenido Su Majestad: el general Sabino Fernández Campos. Cierto es que aquellos tragos tan amargos, sin la presencia sangrienta y constante de la actividad terrorista, nunca hubiesen aparecido de aquella manera.
El golpismo se alimentaba del terror indiscriminado y de la amenaza del nacionalismo separatista. No olvidemos que estábamos todavía en los años de la llamada “guerra fría”, y los servicios de inteligencia de los países que orbitaban alrededor de la URSS intentaban alterar las democracias europeas, impulsando y financiando actividades de terror en la Europa democrática. Las víctimas elegidas por los terroristas, además de altos cargos políticos y judiciales, eran casi siempre personas pertenecientes a los Cuerpos de Seguridad y a los Ejércitos, conscientes de que soliviantaban sus ánimos y sus protestas.
Modernización de la Policía Municipal
La instauración de la democracia plena tras las elecciones municipales supuso un cambio significativo en la gestión de la seguridad de las grandes y medianas ciudades. En este nuevo contexto, los Ayuntamientos se vieron renovados con la incorporación de un grupo de concejales jóvenes y comprometidos, cuya motivación e ilusión eran comparables a las mías. Compartíamos un objetivo común: transformar y modernizar la policía municipal, orientando su misión hacia el servicio efectivo a la ciudadanía.
Desde ciudades como Madrid y Barcelona, junto con sus respectivas áreas metropolitanas y municipios que superaban los 50.000 habitantes, impulsamos la organización de numerosos encuentros y jornadas. Estas reuniones se convirtieron en espacios clave para el intercambio de iniciativas y experiencias, así como para la homogeneización de medidas relacionadas con la formación, el equipamiento y la coordinación de los cuerpos policiales. En las grandes ciudades, las policías –municipal y nacional- se acercaban entonces mucho a un modelo militar. En el caso de Madrid, contaba incluso con un Estado Mayor.
Volviendo hoy la vista atrás considero, sin ninguna duda, que los resultados obtenidos fueron notables. Logramos poner en marcha, en aquellos años difíciles y marcados por la desconfianza hacia la figura del policía una nueva “policía de barrio”. Este modelo apostaba por la cercanía al ciudadano, con agentes preparados para ofrecer ayuda y generar confianza en la sociedad. La presencia policial dejó de ser motivo de temor, como lo había sido en el franquismo, para convertirse en un elemento fundamental de apoyo y colaboración con la comunidad.
El papel de los cuerpos policiales en la consolidación de las libertades
A pesar de no haber sido nunca un militante destacado en la dinámica interna de las agrupaciones del partido, como he dicho, tanto en 1979, en el Ayuntamiento, como en 1982, en la Dirección de la seguridad del Estado, me movió la convicción de que los cuerpos policiales desempeñan un papel esencial en la consolidación de las libertades. En mi análisis personal percibí que el binomio “Libertad-Seguridad” es inseparable: sin seguridad, es difícil disfrutar plenamente de la libertad. Por este motivo, a partir de 1979 me propuse incorporar en las ponencias congresuales socialistas un apartado específico que recogiera la necesidad de definir un modelo policial acorde con la España que emergía en ese momento histórico.
Me inspiré, en primer lugar, en la experiencia europea. La búsqueda del modelo adecuado no resultó especialmente compleja, pues bastaba con observar los sistemas policiales implantados en los países democráticos de Europa. Esos modelos servían perfectamente como referencia para orientar los cambios imprescindibles en España, alejándonos del esquema heredado del régimen autoritario anterior y remover por completo la estructura de la Policía Armada.
Era evidente que se hacía necesaria una reestructuración de los cuerpos policiales. El modelo vigente, procedente de la etapa franquista, ofrecía algunas bases aprovechables, pero requería profundas reformas. Consideré fundamental corregir la naturaleza de la llamada Policía Armada, ya que funcionaba como un cuerpo de carácter militar. La propuesta consistía en unificar la policía nacional –ya se le había cambiado el nombre-, encargada de la presencia en la calle y del orden público, con el Cuerpo Superior de Policía, que se ocupaba de tareas de investigación, policía judicial, información, documentación y control de extranjería. De esta unión surgiría el Cuerpo Nacional de Policía, capaz de responder mejor a las nuevas exigencias democráticas.
Respecto a la Guardia Civil, que en determinados momentos se mantuvo en una situación de incertidumbre, opté por mantener su naturaleza militar y su doble dependencia de los ministerios de Interior y Defensa. Sus competencias seguirían centrándose en su presencia en las zonas rurales, en la intervención de armas y en la vigilancia de fronteras, tanto terrestres como marítimas, ampliando así su ámbito de responsabilidad en el nuevo contexto democrático.
Aprobación y consolidación del nuevo modelo policial
Nos animaba el deseo y la necesidad ineludible de adaptar las instituciones de seguridad a los valores democráticos y conseguimos, no sin tensiones, que el proceso de reforma de los cuerpos policiales culminara con éxito tras un extenso recorrido. La propuesta de un nuevo modelo policial fue finalmente incorporada en la ponencia general de Libertades Públicas, lo que constituyó un paso decisivo dentro del marco de la renovación institucional.
Durante la celebración del XXIX Congreso del PSOE, celebrado en Madrid entre el 21 y el 24 de octubre de 1981, dicha ponencia fue aprobada, marcando así un hito fundamental en el desarrollo de un sistema policial moderno acorde con las libertades recién recuperadas en España. Este respaldo congresual otorgó legitimidad y solidez a las reformas propuestas, permitiendo que se avanzara hacia una legislación específica que consolidara estos cambios.
Años más tarde, en 1986, se produjo la aprobación, con una mayoría abrumadora en el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. Esta ley reflejaba fielmente el espíritu y buena parte del contenido de la ponencia original, garantizando así la continuidad de los principios que habían guiado el proceso reformador. De este modo, se establecieron las bases legales y orgánicas para la actuación de los cuerpos policiales en el marco de una España democrática, consolidando el binomio inseparable de libertad y seguridad.
He intentado trasladar a este artículo, para situar a los lectores de ahora, el ambiente que se respiraba en las calles de España en aquellos años 80, pero requeriría de una memoria que ya no tengo. No basta con contar cual era mi estado de ánimo ni las sensaciones que vivía cada día, me gustaría poder añadir anécdotas y hechos en los que intervine, órdenes que impartí y disgustos que padecí. De estos últimos, hubo tantos en los primeros meses en mi cargo de director de la Seguridad del Estado que, por primera vez en mi vida, terminé enfermando con una gripe muy fuerte y un herpes Zoster de “caballo”. Todavía recuerdo que me llevaban un montón de firma a casa para solventarlo en la cama.
Nombramientos clave en la reforma policial
Desde mi incorporación a Interior en diciembre de 1982, una de las primeras decisiones que debían adoptarse en el proceso de reestructuración de los cuerpos policiales, y cuya dilación no era aconsejable, consistía en abordar el capítulo de los nombramientos, comenzando por la designación de los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil. Para garantizar la idoneidad de estos cargos, se depositó confianza en los consejos y propuestas brindados por los responsables de Interior pertenecientes al Gobierno de la UCD hasta ese momento.
La situación política existente hacía inviable considerar personas “afines” al PSOE para ocupar estos puestos; de hecho, las pocas que existían no estaban dispuestas a asumir responsabilidades en la lucha contraterrorista, aunque tampoco era ésa la intención principal. La prioridad era encontrar a los mejores profesionales y el requisito esencial era que fueran leales al objetivo final: la consolidación de la Democracia.
Durante el proceso de reforma policial, la plena colaboración recibida por parte de figuras clave del Ministerio del Interior resultó determinante para el éxito de la transición hacia un modelo policial alineado con los principios democráticos. En particular, destacan el apoyo ofrecido por Juan José Rosón, ministro saliente, y Francisco Laina, entonces secretario de Estado de Seguridad, cuya cooperación facilitó la renovación institucional y garantizó una transición eficaz.
Con el respaldo del ministro, se tomó la decisión de mantener en sus puestos a altos funcionarios de la Administración, tanto en cargos directivos como de responsabilidad intermedia, incluyendo directores generales y subdirectores. Esta medida se basó en la experiencia y el compromiso demostrados por estos profesionales, quienes, salvo contadas excepciones, cumplieron ampliamente con las expectativas y necesidades del proceso reformador.
Un momento clave en este proceso tuvo lugar el 7 de diciembre de 1982, cuando el Gobierno presidido por Felipe González, con José Barrionuevo como ministro de Interior, nombró a Rafael del Río Sendino como nuevo director general de la Policía Nacional. Este hecho supuso un hito relevante, al tratarse del primer director de la Policía Nacional designado por un gobierno socialista. Del Río, que contaba con experiencia previa como jefe superior de Policía en Barcelona y Valencia, fue elegido para liderar este nuevo periodo de transformación.
En ese mismo acto, se decidió mantener en el cargo al teniente general Aramburu Topete como director general de la Guardia Civil. Aramburu Topete, cuya actuación fue decisiva durante los acontecimientos del 23 de febrero, representaba la continuidad y la estabilidad en un momento crucial para la consolidación del nuevo modelo policial.
Uno de los asuntos pendientes en el proceso de reforma institucional era la resolución del capítulo de nombramientos en los Gobiernos Civiles. Estos organismos seguían siendo, en aquel momento, centros de poder y responsabilidad de gran relevancia. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la función principal del gobernador civil consistía en coordinar y dirigir las Fuerzas de Seguridad en la provincia, gestionando la distribución de los servicios y velando por el mantenimiento del orden público.
La llegada de un nuevo color político al Gobierno de España, en plena Transición, puso de manifiesto la necesidad de normalizar la alternancia en las tareas de la Administración. Era imprescindible adaptar la gestión pública a las nuevas circunstancias democráticas, asegurando la continuidad institucional y la profesionalidad en el ejercicio de la función pública.
Desde mi experiencia personal y lo vivido en aquellos años, considero que la Transición política en España solo se consolidó plenamente a los pocos años de la victoria electoral del PSOE en 1982. La etapa anterior, así como la inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, bajo los gobiernos de la UCD, sirvió para desarrollar en cierta medida la Carta Magna y para convertir en habitual, siguiendo la célebre expresión de Adolfo Suárez, la acción política que ya era común en la calle y entre la ciudadanía.
Nosotros, los socialistas de entonces, carecíamos de experiencia en el manejo de los resortes del poder ejecutivo y en la dirección de la administración política, pues llevábamos cuarenta años sin ocupar responsabilidades de gobierno. Esta circunstancia marcó el enfoque y las prioridades en la gestión administrativa durante la Transición.
Nombramientos de segundo nivel: experiencias y vivencias personales
La importancia de los nombramientos políticos de segundo nivel fue especialmente relevante durante la etapa de consolidación democrática. El paso por los Ayuntamientos democráticos desde 1979 resultó de extraordinaria utilidad para afrontar esta responsabilidad. En ese periodo, muchos concejales que habían ocupado concejalías de seguridad tras las primeras elecciones municipales democráticas aceptaron cargos que requerían un compromiso más allá de la vocación política. Su entrega y profesionalidad, tanto en el ámbito político como humano, contribuyeron decisivamente al éxito de la transición institucional.
Cubiertos los primeros escalones en el ámbito de mi responsabilidad, inicié el camino en la gestión de estos nombramientos. No podría calificarlo de aventura, ya que no fue una situación inesperada o imprevisible; era consciente de la magnitud del reto que tenía por delante. Sin embargo, no anticipé hasta qué punto el terrorismo llegaría a transformar mi vida y la de mi familia, sumando un componente de dolor y tragedia que solo se revelaría con el tiempo.
Aquella mañana de diciembre de 1982, muy temprano y en torno a estas fechas, llegué al Ministerio del Interior, situado en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid, para tomar posesión de mi despacho en la primera planta. Me acomodé en un gran sillón detrás de una mesa repleta de teléfonos de distintas formas y colores, dispuesto a asumir mis nuevas responsabilidades. Había citado al director de la Policía para tratar los nombramientos de los nuevos comisarios generales. En ese momento sonó uno de los teléfonos; lo cogí, preocupado por la posibilidad de recibir una mala noticia. Para mi sorpresa, era el Rey Juan Carlos. No había hablado nunca con Su Majestad ni esperaba una llamada de ese nivel. Sentí que no figuraba entre sus habituales interlocutores, pero sus palabras, el apoyo transmitido y el ánimo recibido a través de ese gesto humano y solidario, me acompañaron siempre en el desempeño de mi trabajo. Es un recuerdo que permanecerá presente durante toda mi trayectoria profesional y a lo largo de mí vida.
