Foto: Senado
Tres asuntos merecen ser puestos sobre la mesa. Uno, el enfrentamiento y odio entre españoles e ilegales que Pedro Sánchez está propiciando con su actitud de desidia en Ceuta. Dos, cuando se produzcan muchos heridos y detenidos, incluso algún muerto, culpar a la derecha y extrema derecha de enfrentar a la población civil para derribar al gobierno y sembrar así el miedo con el que -piensa él- seguirá en Moncloa. Y tres, llegado a ese extremo ‘encontrar’ de repente la gran ‘solución’ al problema de las ciudades españolas en África, algo que ya le ha ‘soplado’ Albares: cogobernabilidad de Ceuta y Melilla con el rey Mohamed VI. Es decir, la entrega final de dos territorios españoles al moro. A Sánchez no le supera ni Godoy.
Ceuta y Melilla están en el alambre, mientras Pedro Sánchez, en el final de su vida –me refiero a la vida política-, practica lo que podríamos denominar como tierra quemada: la ingeniería del caos como estrategia de supervivencia. Ahora bien, hay un punto en el que la negligencia deja de ser torpeza para convertirse en diseño. Lo que ocurre en Ceuta no es un episodio desbordado por la fatalidad, ni siquiera un simple fallo en la política de fronteras; es la ejecución fría de una estrategia deliberada de tensión social. Moncloa ha decidido convertir la frontera sur de España y de Europa en un laboratorio de fractura civil donde la convivencia pacífica se sacrifica en el altar de la permanencia en el poder y de algo aún más oscuro.
La pasividad de Sánchez y su gobierno de mariachis ante el colapso migratorio no busca proteger derechos de nadie, sino provocar la chispa del enfrentamiento civil. Al no devolver a los asaltantes a Marruecos y forzar la convivencia en un espacio reducido, llevando al límite los recursos locales, Sánchez y sus ministros -de los peores en la historia de España, con Marlaska, Bolaños, Albares, Puente y… Planas en primera fila- promueve una fricción constante entre los ceutíes y quienes entran irregularmente, asaltando fronteras con violencia, robando y emboscando al ejército y a la Guardia Civil.
El objetivo es evidente: tensionar la calle hasta el estallido para, inmediatamente después, activar el aparato de propaganda gubernamental. Todo incidente violento o muestra de desesperación vecinal es catalogado de forma automática como “odio”, “racismo”, “extrema derecha”, “fascismo”… paseando otra vez el tan manido fantasma de Franco. Con este cortafuegos ideológico, el Gobierno levanta un muro de victimismo que oculta su inacción y sus verdaderos objetivos finales y que le permite señalar como enemigo a cualquiera que exija orden y seguridad jurídica.
Sin embargo, el cálculo va más allá del rédito electoral inmediato. En los despachos diplomáticos internacionales se percibe una sombra aún más alarmante: la paulatina preparación de la opinión pública española para una cesión estructural. Bajo el pretexto del “pragmatismo”, la pacificación de las relaciones con Rabat y el desgaste deliberado de la presencia del Estado en las ciudades autónomas, se asienta la hoja de ruta hacia un marco de soberanía compartida sobre Ceuta y Melilla. El Gobierno parece dispuesto a diluir la españolidad de ambas plazas históricas a plazos, convirtiendo la cosoberanía en la “solución inevitable” a un conflicto que él mismo ha alimentado. No lo supera ni el eterno traidor Fernando VII ni el válido Manuel Godoy, también un ‘enamorado’, pero éste de la reina.
Ahora bien, gobernar a través del miedo y la polarización tiene un coste devastador para la nación. Cuando un Ejecutivo utiliza la integridad territorial y el tejido social de sus ciudadanos como piezas de chantaje político, cruza una línea sin retorno. España no está ante una crisis fronteriza insuperable, sino ante un presidente en vacaciones permanentes que ha decidido que la división de sus ciudadanos y el abandono de su soberanía son un precio aceptable con tal de alargar su estancia en el poder.
Este replanteamiento de la cohesión nacional no responde únicamente a un cálculo narrativo, sino a una verdadera operación de ingeniería sociodemográfica y electoral. En una maniobra bidireccional, Moncloa busca sustituir la base social del país al tiempo que blinda su hegemonía en las urnas. Una política nazi de exterminio que ya le propusieron hacer de forma inmunda dos personajes siniestros de la podemía: Irene Montero e Ione Belarra.
Pero hay otros datos que se añaden a este episodio en la frontera sur. Primero, la regularización masiva e incondicional: el otorgamiento sistemático y masivo de permisos de residencia y la flexibilización de los accesos a la nacionalidad funcionan como un mecanismo de atracción sostenida y clientelismo institucional. Al convertir la irregularidad en derecho exprés, el Gobierno no solo tensiona los servicios públicos de las regiones, sino que sienta las bases para la creación de una nueva gran bolsa de electores dependientes del subsidio estatal, inclinando de forma permanente la balanza electoral hacia la izquierda.
La Ley de Nietos producto de la (des)Memoria Democrática: concebida bajo la coartada de la reparación histórica, la extensión indiscriminada de la nacionalidad a cientos de miles de descendientes en el extranjero -sin arraigo ni vinculación fiscal o de otro tipo con España- ha servido para inflar artificialmente el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Esa y no otra es la labor del braguetas de Moncloa en Argentina. El resultado electoral de este “pucherazo de guante blanco” es incontestable: un gran volumen de votos en el exterior que revierte derrotas parlamentarias en escaños decisivos y rescata mayorías que en el territorio nacional ya se daban por perdidas.
Gobernar a través del miedo, la sustitución electoral y la polarización tiene un coste devastador para la nación. Cuando un Ejecutivo utiliza la integridad territorial, el censo de sus ciudadanos y el tejido social de sus fronteras como piezas de chantaje político, cruza una línea sin retorno. Pero eso a Sánchez se la refanfinfla. Y si ustedes votan derecha y se mueren, miel sobre hojuelas, música bendita para el sanchismo.
