El tal Ruiz, de los sincronizados de a fascal la hora, está empeñado en ser altavoz, al borde de la calumnia, de una denuncia por abuso sexual contra Adolfo Suárez, el fallecido primer presidente de la democracia española. Tanto persiste el tal Ruiz que ha intentado ponerse en contacto con la familia que, al parecer, es heredera de la hipotética maldad del citado. El activista se sorprende de que, conociéndole, la familia no le coja el teléfono. No me consta que haya llamado a la familia de Salazar o de Izquierdo o de la responsable de Igualdad del PSOE. Es lo que tenemos.
El titular de esta entrada remeda un viejo refrán castellano: “A moro muerto, gran lanzada”, que podría parecer inconveniente, aunque el objetivo de la invectiva no eran los musulmanes, sino los cristianos. El refrán alude a la notable cobardía de quienes, en la Reconquista, esperaban el final de las batallas para acudir al campo a lancear musulmanes ya muertos. (No hace falta ponerse woke ni pedir perdón a los musulmanes, era la Reconquista, el refrán es de hace ochocientos años, eran ellos los que conquistaron y no han pedido perdón a los visigodos, oiga).
La cobardía no reside en la denunciante, aunque algo diré luego. Los cobardes son quienes manipulan la noticia con el objeto de deteriorar la memoria de un hombre muerto, manipular el sentido de la denuncia, ocultar las vergüenzas propias o incluso ejercer el ventajismo y oportunismo político sobre aquello que desprecian.
Una mujer ha denunciado, de momento sin conocerse prueba, que fue objeto de acoso y abuso sexual (no laboral, como dice Sánchez). Adolfo Suarez habría ejercido “abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación que comenzaron cuando era menor de edad”. En la denuncia presentada no consta prueba.
Más de cuatro décadas después, considera la denunciante que es liberador haber roto su silencio y reclama medidas de “reparación social”. “No me quería llevar este secreto a la tumba como ha hecho él”, declara a RTVE esta mujer, que tiene ahora 60 años y ha pasado “un proceso de sanación muy largo” (han pasado 43 años, al parecer) antes de formalizar el pasado 9 de diciembre la denuncia.
Hizo pública la denuncia el canal de televisión de Pablo Iglesias. Inmediatamente contó con el apoyo de Podemos y del PSOE. La reparación social consiste en cancelar el nombre del aeropuerto de Barajas y la consiguiente penalización mediática.
Nada que objetar al derecho de sanar a la velocidad que una persona agredida desee o de formular denuncia. Pero el mismo derecho al honor pertenece al denunciado. Se que, en esta materia, la carga de la prueba ha sido invertida, pero es todavía el absurdo más notable si la persona a la que se denuncia ha fallecido y no puede mostrar su inocencia. No califico el comportamiento de la denunciante, ni su retraso de recuperación emocional, aunque resulta sorprendente para muchos.
Antes de que se acuse a este blog de cómplice con violencia sexual, puede leerse aquí, por ejemplo, una opinión al respecto. Aquí, lo primero es decir que la denuncia es de una persona, por ahora, desconocida, que no puede ser contrarrestada ni contrastada, que no produce efectos penales ni civiles de ninguna naturaleza (ley acatable en mano, incluida la ley privada de Irene Montero). Solo persigue un reconocimiento social imposible, salvo que aparezca prueba irrefutable. Desde luego no será ni penal, ni civil, ni indemnizatorio.
No cabe duda de que no pocas veces se ha utilizado la reputación política o personal para ocultar comportamientos inaceptables. Pero, en ausencia del derecho de defensa, habría que ser más prudente, quedar a espera de futuras confirmaciones si se producen, pero no a la espera de presentes indecencias políticas, entre otras, el uso de una hipotética víctima para espurios fines políticos.
Porque, estimadas y estimados lectores, de esto va el asunto. Quienes ocultaron los comportamientos de Errejón, los fiscales que exoneran, ahora, a Errejón, quienes ocultaron a Salazar, quienes negaron auxilio a víctimas de Salazar o en Galicia o en Valencia de otros, son los que reclaman contra quien no puede defenderse.
Buscar un chivo expiatorio, el machismo del paleolítico o la violencia de hace más de cuarenta años tiene un primer objetivo: hacer normal lo de Salazar, culpar al heteropatriarcado de los desmanes de Errejón o la cómplice desidia del PSOE en la necesaria diligencia para corregir los comportamientos de los amigotes de Sánchez. Blanquear las vergüenzas propias.
Los que no pueden mirar hacia otra parte ante la denuncia contra alguien que no puede defenderse son los mismos que permitieron que se abrieran las braguetas en la Moncloa o Ferraz, pero aceptaron ver a Errejón o Monedero ir con la “testosterona” en la mano, incluso con alumnas y en despachos universitarios.
Pero hay un objetivo que comparten el socialismo populista realmente existente, el sanchismo, y la izquierda de verdad verdadera: el deterioro de la idea de transición, consenso y encuentro para la sustitución del odio y el conflicto.
Se trata de recordarnos, una vez más, que la idea de transición pertenece a gente indecorosa. Todo es franquismo y fascismo, así nada lo es. Un punto más a la demolición de la arquitectura de la democracia española. A este personal le encanta abrazarse a un muerto.
La colonización de la televisión pública, por activistas interpuestos, de los de a un fascal la hora, es el instrumento elegido para ampliar la lista de chivos expiatorios, venalidades y responsabilidades políticas. Ni siquiera hace falta fingir que se es periodista ni fingir responsabilidad política. Lanzada al muerto y a esperar que escampe. Es eso y nada más.
