Ya les aviso. De los mismos productores de protejamos a los okupas, llegará enseguida “turistas fuera de nuestras casas”.
El turismo, como industria, es “la más famosa de España y sus regiones” (naturalmente, con la excepción de Aragón, cuyo liderazgo en materia de fama fue acreditado por el profesor Tomás Bretón, a finales del siglo XIX, en enjundioso estudio llamado “La Dolores”, aceptado y cantado por todos los pueblos de habla hispana e, incluso, catalana).
Seguro que me han perdonado este paréntesis patriótico, antes de volver al sesudo análisis. No cabe duda de la relevancia del turismo en el crecimiento económico español, utilicen el PIB, el empleo o cualquier otra medida.
No existe consenso en el análisis económico sobre si la determinación turística del crecimiento es positiva o negativa. Ustedes pueden observar experiencias como la veneciana, bastante dramática, o la de Costa Rica, cuyo nivel de sostenibilidad parece bastante evidente.
Sea como fuere, una parte del pensamiento económico ha definido el “mal de la playa” (Beach Disease). Es ese momento en que el coste de infraestructuras, la competencia urbana para ser más atractivos, la débil formación que supone la especialización o los efectos sobre la vivienda o el retraso de otros sectores hacen que la economía dependiente sea ineficiente a largo plazo.
Si bien hace dos décadas el Gobierno de las Islas Canarias (Coalición Canaria) intentó una estrategia de sostenibilidad, no faltan voces en las islas que ya reclaman el alejamiento del turismo o de industrias de atracción. Baleares, menos preocupada históricamente por el tema, ha iniciado movimientos del mismo tipo.
Debe decirse que el monocultivo turístico no solo no ha sido afrontado por ningún gobierno, sino que no ha merecido esfuerzos sinceros de cambio de modelo productivo en nuestro país.
Pero antes de iniciar medidas de cambio productivo (los cambios en materia digital o verde, por Europa financiados, no suponen producir cosa distinta a servicios) ha llegado la “turismofobia” en materia de vivienda. Me atrevo a hacer una profecía: antes de que concluya la campaña electoral la vivienda vacacional será motivo de agresión.
Según el INE (estadística experimental), hay en España, registradas y legalizadas 311.518 viviendas vacacionales, a fecha de agosto del año pasado. Andalucía es la Comunidad con más legalizaciones, seguida de Valencia, Cataluña y Canarias (70 mil en Valencia y más de 40 mil en las otras). Madrid solo tiene legalizadas alrededor de 15 mil, por ejemplo. Sobre el total de las viviendas censadas el porcentaje anda por el 1,5%, por debajo del parque de vivienda de alquiler (un dos por ciento).
Ahora bien, las cifras ocultan el problema de la vivienda no legalizada. Contando sólo con Airbnb, Madrid ofrece 21 mil viviendas (una tasa de ilegalidad del 40%). En el resto de las Comunidades, Airbnb ofrece datos de nueve ciudades en España, ocurre lo mismo: Airbnb ofrece una tasa de viviendas ilegales del mismo nivel, Como ya ocurrió en París o en otros países europeos.
Es cierto que esa tasa va disminuyendo a medida que los clientes exigen, por razones de calidad, legalización, pero la tasa española es muy elevada.
Se acusa a estas viviendas turísticas de la elevación de los precios de alquiler y la gentrificación de los centros urbanos.
Sobre la gentrificación habría que preguntarse cuando empezó todo. El momento en que los mercados se orientaron hacia clientes de alto poder adquisitivo, cuando las ciudades debilitaron las posibilidades de rehabilitaciones de vivienda o se empezó a tolerar la ocupación, y un montón de situaciones que expulsaron a la gente mayor a viviendas en el extrarradio que pudo financiar con su alquiler vacacional.
La rentabilidad reclamada por las entidades que negocian con alquiler –fondos, especialmente- no es la que obtienen la mayor parte de los tenedores de estas viviendas que, en la mayoría de las ocasiones, no son grandes.
La mejora de la regulación de la vivienda vacacional es necesaria, pero es bastante improbable que las poblaciones pasen a vivir en esas zonas centrales. El turismo de masas es difícilmente expulsable de las ciudades.
Lo que es esperable, eso sí, es que el laboratorio de ideas del populismo realmente existente alumbre pactos políticos antiturísticos, que tendrán en la vivienda vacacional el centro de su atención.
Situación que elevará el precio de los hoteles, albergues y demás y erosionará las cifras turísticas en un momento en que la industria ofrece alguna duda: necesitamos más turistas, para compensar la reducción de pernoctaciones y cierta reducción del gasto, al menos por ahora.
Yo les aviso: ahora se nos viene el “mal de la playa”. Eso sí, sin alternativas de modelo productivo.
