Así consiguieron algunos que la Policía Nacional dejara de ser franquista (1)

Policías argentinos quieren para su país una policía similiar a la española, con un encaje más democrático.

Policías argentinos quieren para su país una policía similiar a la española, con un encaje más democrático.

El promotor del Sindicato de Policía de Buenos Aires, SIPOBA, Nicolás Alberto Masi, se ha puesto en contacto hace unos días con Pepe Tejero y posteriormente con quien firma este artículo. Pretendía que nos desplazáramos a Argentina, a la vista del juicio que tendrá lugar el día 11 próximo, para prestar testimonio por la legalización de Sipoba que llevan más de 10 años demandando. Tejero ya estuvo allí hace unos años cuando eran perseguidos y recibían palizas de sus compañeros más meaperros y corruptos, apoyando su derecho a tener organizaciones sindicales. El viaje no ha sido posible, así que Tejero y el que suscribe este artículo les hemos remitido este documento sobre el caso español para que dé respuesta a lo que necesitan y puedan trasladar al juez la conveniencia de legalización.

Se ha recibido petición de nuestro colega argentino de la Policía de Buenos Aires Nicolás Alberto Masi, respecto a exponer por escrito a) la evolución de la policía de la dictadura a la democracia y los cambios producidos en ella; b) el encaje de la jerarquía, la disciplina y la eficacia de la policía civil y democrática tras renunciar a los procedimientos del pasado en la dictadura, y c) beneficios que ha obtenido la ciudadanía y la sociedad en general del proceso democratizador de la policía en España y la existencia de sindicatos en la misma.

  1. a) Evolución de la Policía de la dictadura a la democracia y sus cambios. LA REFORMA POLÍTICA EN ESPAÑA O TRANSICIÓN

El 15 de diciembre de 1976, jueves, se aprueba en referéndum la Ley para la Reforma Política que permitía iniciar los cambios legales que fueron conocidos como transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria. Dos días después, el sábado 17 de diciembre, una manifestación de unos 400 miembros de la Policía Armada, la Guardia Civil (cuerpos militares) y algunos miembros del Cuerpo general de Policía (cuerpo civil que trabajaba sin uniforme) se manifestaron en la Plaza de Oriente de Madrid en demanda de mejoras profesionales.

Desde allí caminaron hasta la Puerta del Sol donde un general (Chicharro) trató de disolver a los manifestantes y fue agredido con un bofetón. Numerosos participantes fueron encarcelados y expulsados, y aunque esta ha pasado como la primera manifestación de actividad sindical tras la dictadura lo cierto es que tuvo otras motivaciones ocultas.

Los policías y guardias civiles recibían un pésimo trato de sus mandos, y en especial sus familias en la atención de la sanidad militar, donde la jerarquía se imponía a la gravedad del enfermo o a cualquier sistema de organización, de tal forma que si las mujeres y/o hijos de policías estaban esperando una consulta médica los familiares de los mandos podían llegar sin tener cita previa y pasar delante.

Había razones objetivas que habían creado malestar, además de la expuesta, el trato despótico de los mandos militares a los policías, a los que arrestaban durante días sin permitirles salir de los cuarteles por cualquier nimiedad, pero esa manifestación dos días después de aprobarse el inicio del cambio político y la implicación en la misma de miembros de la brigada político-social (la sección política de la Policía del régimen), hacen creer a historiadores que esa movilización fue un intento de frenar los cambios que se aproximaban y que los policías afines al régimen querían evitar a toda costa.

Primera célula: “Policía civil al servicio del pueblo”

Unos meses después un grupo de cinco policías en Sevilla crea una célula clandestina para defender, bajo el lema “Policía civil al servicio del pueblo” la desmilitarización de la policía y el derecho de sus miembros a estar en sindicatos, como ya ocurría en todos los países del entorno europeo (Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Portugal, Noruega, Suecia…).

Eran cinco miembros del Cuerpo de Policía Armada, (conocidos como los grises por el color de su uniforme), Cuerpo que en 1978 pasó a denominarse Cuerpo de Policía Nacional y cambió su uniforme del gris al color marrón, y en 1986 pasó a ser Cuerpo Nacional de Policía, en este caso fusionándose con el cuerpo civil de Policía, llamado entonces Cuerpo Superior de Policía y antes Cuerpo General (de carácter civil que trabajaban sin uniforme).

Unificados estos dos cuerpos policiales en un hibrido entre lo civil y lo militar, un instituto civil armado pero con legislación de funcionarios públicos civiles y algunas peculiaridades y recortes en sus derechos laborales y profesionales ello mejoró la coordinación y eficacia policial. Siguió existiendo como cuerpo militar de seguridad con el mismo uniforme y nombre la Guardia Civil, reminiscencia de los modelos de seguridad napoleónicos que se impusieron en algunos países de Europa en su tiempo y que permanecen todavía en España, Italia y Francia (han desaparecido ya en Bélgica y Austria).

La Guardia Civil estaba configurada como policía rural pero a partir de 1986 y de la ley de unificación de las dos policías que existían está en competencia con la Policía unificada, y aunque la ley orgánica de 1986 establece que las ciudades son competencias de la Policía Nacional, la Guardia Civil tiene miles de efectivos trabajando en todas las ciudades mientras en las zonas rurales los índices de criminalidad triplican a los de las ciudades porque están abandonadas por el Cuerpo que debería patrullarlas. Su estructura y funcionamiento militar lo hace un Cuerpo rígido, nada permeable y actúa con mucha autonomía respecto del poder político, como si fuera un Estado dentro del Estado, lo que permitió el intento de golpe de Estado del 23-F 1981.

La llegada del PSOE en octubre de 1982

Desde 1977 esos policías de Sevilla fueron contactando con otros policías en otras ciudades y con la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en octubre de 1982, su trabajo en la clandestinidad vio un cauce de diálogo abierto que concluyó con la legalización, el 21 de noviembre de 1984, refrendado con la ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986.

En 1978, a los que entonces eran policías civiles de investigación y sin uniforme ya les autorización a crear asociaciones profesionales, pero la Policía Armada, militar, que siguió siéndolo a pesar de cambiar de nombre y uniforme en 1978 a Cuerpo de Policía Nacional para cambiar el nombre y uniforme de la dictadura, fue militar hasta 1986, aunque con la legalización en 1984 de los sindicatos se dejó de aplicar el Código de Justicia Militar y se aplicó transitoriamente el régimen de los policías civiles ya referidos con anterioridad.

Aprobada la ley orgánica de 1986 que consagraba la unificación de los Cuerpos de Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía en uno de carácter civil, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se homologaban en parte con los derechos de los policías de la mayoría de países de la Unión Europea, si bien por las resistencias propias de poderes facticos militares, monárquicos, franquistas y políticos de la época los policías de España solo pueden estar afiliados a sindicatos formados por policías de su mismo Cuerpo, y no pueden afiliarse a sindicatos de trabajadores como sí tienen legalmente autorizado policías de Alemania, Francia, Italia… y otros países europeos, y también los miembros de las policías de comunidades autónomas y ayuntamientos, las policías locales.

Elecciones al Consejo de Policía

Desde 1987 se vienen celebrando elecciones al Consejo de Policía, a la que concurren los sindicatos presentando a sus candidatos y sobre el resultado se determina la mayor, menor o ninguna representatividad de quienes concurren; en ese órgano se debaten las normas legales de aplicación a los policías, los expedientes disciplinarios de carácter grave y se convoca en caso de que se produzca por algún sindicato una Declaración de Conflicto Colectivo que se resuelve en dicho órgano.

A pesar de la existencia de este órgano los sindicatos han convocado medidas de presión cuando ha habido desacuerdo, con concentraciones o manifestaciones en distintas provincias o de ámbito nacional, habiéndose celebrado la última en Madrid en noviembre de 2012 con más de 10.000 policías. Los policías son un colectivo de funcionarios que en su tiempo libre tienen derecho a manifestarse como los trabajadores de cualquier empresa o los funcionarios. Los policías que asisten a manifestaciones están fuera de servicio y deben hacerlo sin armas, y legalmente tienen prohibido el derecho de huelga o cualquier medida sustitutiva de la misma.

Esclavitud en la Policía uniformada militar

La Policía uniformada militar que existió hasta 1984 tenía sometidos a sus hombres (las mujeres entraron en la academia en marzo de 1984 y la primera promoción juró el cargo en 1985) a sistemas de trabajo de 24 horas continuadas por 24 de descanso, lo que resta mucho al rendimiento a partir de una jornada lógica, sin derechos, con muchas horas de estancia en cuarteles con bares dentro lo que fomentaba el alcoholismo, y el cambio a la policía civil fue una notable mejora del servicio que se prestaba (pasando de 24 horas continuadas a turnos de 8 horas) y se disparó la eficacia en cuanto a reducción de delitos, creciendo también de forma muy importante el número de delitos esclarecidos.

También en esos años se produjo un crecimiento notable de las policías locales, dependientes de los ayuntamientos, que hoy son más 3.000 Cuerpos y casi 70.000 policías, y cuyos miembros sí pueden estar afiliados a sindicatos de trabajadores sin que les afecte el recorte de ese derecho que solo es para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía (la Guardia Civil sigue con carácter militar y sus miembros no tienen derecho a constituir sindicatos).

Los miembros de los Cuerpos de policía propios de comunidades autónomas (Ertzaintza en el País Vasco, Mossos d´Ésquadra en Cataluña, y Foral en Navarra) tienen también derecho a estar afiliados a sindicatos propios o de trabajadores. Lo cierto es que quienes pensaban que al cambiar el Cuerpo de policía del Estado de militar a civil y que sus miembros tuvieran derechos sindicales iba a suponer un detrimento en la seguridad de la ciudadanía pronto comprobaron que ocurría justo todo lo contrario y que la policía funcionaba infinitamente mejor.

El otro caso: la Guardia Civil

Respecto de la Guardia Civil, el cuerpo militar existente en España también hubo movimientos clandestinos que querían desmilitarizar y disfrutar de derechos sindicales (Sindicato Unificado de Guardias Civiles, Asociación Democrática de Guardias Civiles) que fueron cercenados con dureza por los gobiernos del PSOE y los mandos militares de la institución, resultando diversos dirigentes de dichos movimientos expulsados o jubilados tras internamiento en psiquiátricos.

A pesar de ello, fue la justicia quien, en 1994, legalizó la primera asociación profesional (sin carácter reivindicativo y por lo tanto no sindicato) en la Guardia Civil, llamada “Asociación 6 de julio”; a la vista de ello pocos meses después el Gobierno autorizó la inscripción legal de la Asociación Coordinadora Pro-perjudicados por la Gestión de Luis Roldán, COPROPER, llamada así por el célebre director general corrupto del Cuerpo, que pocos meses después se fusionó con la Asociación 6 de Julio y es el origen de las actuales asociaciones profesionales en la Guardia Civil.

En ese proceso de conseguir el derecho asociativo una sentencia de la Audiencia Nacional de 1998 dice que el derecho de asociación en la Guardia Civil es “altamente saludable”, sin cuestionar su carácter militar, y antes, en 1993, el Tribunal Constitucional ya había reconocido el derecho de los miembros de la Guardia Civil a constituir asociaciones profesionales.

El Gobierno actual del PP como el anterior del PSOE (cuestionados ahora por un amplio espectro de la sociedad) no han dejado desde entonces de legislar contra esos derechos de los miembros de la Guardia Civil, a los que cada vez reconocen menos derechos y militarizan más, sin preocuparles que sea el colectivo de funcionarios y trabajadores con más alta tasa de suicidios del país.

(FIN DE LA PRIMERA PARTE. MAÑANA, LA ÚLTIMA PARTE, CON EL ENCAJE JURÍDICO DEL NUEVO ESTATUS)

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