En Podemos han descubierto que ya no les bastan las redes sociales; que sólo con esas redes no consiguen llegar al gran público ni frenar a los medios de comunicación tradicionales, y han optado por intentar potenciar los canales audiovisuales y los periódicos en la red que se constituyan a través de cooperativas que, naturalmente, deberían estar controladas por podemitas. Para lograr sus propósitos, ya tienen en marcha una nueva Proposición no de Ley que presentarán en el Congreso tras la constitución de la XII Legislatura el próximo 19 de julio.

Lo llaman el Tercer Sector de la Comunicación y lo que en realidad pretenden conseguir de forma abierta es sustituir el tradicional papel del periodista profesional por el “empoderamiento ciudadano en lo relativo al Derecho Constitucional a la Comunicación”. En otras palabras: sustituir al profesional por lo que escriban las masas, controladas a su vez por podemitas colocados en los lugares estratégicos.

La idea no es nueva; es tan antigua como el ser humano: dado que la información es poder, de lo que se trata es de controlar esa información, algo que desde que el mundo es mundo han intentado reyes absolutos y dictadores de todo signo: desde Franco a Hitler, desde Castro y Chávez a Stalin. Lo realmente nuevo es querer controlar la información -reconvirtiéndola, además, en manipulación de masas– a través sobre todo de las posibilidades que ahora brindan las nuevas tecnologías.

En realidad, esta idea de Pablo Iglesias -y más especialmente de Íñigo Errejón– parece tomada directamente de Joseph Goebbels, o, al menos, no desmerece en lo más mínimo lo que aquel jerarca nazi maestro de la manipulación comunicativa llevó a cabo en la Alemania de Hitler. En todo caso, lo que quiere Podemos es extender el modelo que ya ha ensayado con algunos medios de comunicación -es decir, en algunos periódicos en internet y en algún canal generalista, además de en la “Tuerka”, el programa de Iglesias- que se han convertido en la punta de lanza del podemismo.

El Tercer Sector: un “agente social fundamental”

En este campo comunicativo, Errejón piensa que el Tercer Sector de la comunicación es un agente social fundamental, que cumple un rol insustituible en la ampliación y protección de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en el proceso de comunicación social, superando el rol pasivo que tradicionalmente se asigna a las audiencias y fomentando la reflexión crítica. En palabras más sencillas: se trata de que las masas, debidamente manejadas por el podemismo, tomen el control de la comunicación, o, lo que es lo mismo, que desarrollen una “comunicación social”, un eufemismo para designar el bloguerismo y la manipulación en las redes sociales que tan bien se le da a Podemos.

Errejón mantiene que, en España, los gobiernos del PSOE y del PP no sólo han ignorado este tercer sector, sino que lo han excluido y marginado e impedido su desarrollo. Es más, dicen que se han dedicado a perseguirlo y hostigarlo jurídicamente.

[Aunque Errejón lo silencia, el ejemplo podría ser “Tele K”, la televisión alegal de Pablo Iglesias y del concejal de Vallecas Paco Pérez, a la que este último ha sacado tantísimo rendimiento lucrativo: tanto, como que hoy gana 94.000 euros al año como presidente de la Junta Municipal de Puente Vallecas, y todo porque el ínclito Paco Pérez manipulaba con Iglesias a los vallecanos desde “Tele K”, un canal no legal, pero tolerado].

En todo caso, la dirección podemita con el trío Iglesias-Errejón-Echenique sostiene que “los adelantos tecnológicos en el terreno de la comunicación han hecho posible democratizar la libertad de prensa al abaratar ostensiblemente los costes de producción para la emisión de información en múltiples soportes, facilitando el empoderamiento en comunicación de la ciudadanía y contribuyendo así a hacer realidad el Derecho a la Comunicación, que es un derecho humano emergente y cuya garantía de cumplimiento corresponde a los poderes públicos”.

Eso es, al menos, lo que sostuvieron en una PNL presentada en el Congreso el pasado mes de abril y que ha decaído tras la disolución de las Cortes.

Pero no hay problema. Desde Podemos se está preparando otra PNL más dura al respecto para “fomentar un rol activo de participación en el proceso de la comunicación social”; es decir, para controlar la información y las fórmulas de comunicación_manipulación desde las bases.

Un rejón contra los periodistas

Para ello, Errejón parte de los datos reales de la miseria que se vive hoy en día en el sector de la comunicación, uno de los más duramente golpeado por la crisis económica: 12.000 puestos de trabajo perdidos desde 2008; 51% de paro; precariedad; cierre de casi 300 cabeceras, etc.).

Es cierto que esa situación ha propiciado la aparición de nuevos medios gestionados directamente por profesionales de la información que han apostado por la innovación en sus fórmulas empresariales como las cooperativas mixtas de periodistas y usuarios.

Pero la mentalidad absolutista de Podemos tiene claro que la educación mediática es un aspecto muy importante para el “empoderamiento de la ciudadanía en comunicación”, y que su implantación y recorrido en diversos países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia o Finlandia “demuestran el impacto positivo que tiene esta en el compromiso cívico, político y social de los jóvenes”.

Bueno, algo de eso se ha visto en el Reino Unido con el Brexit, es decir, cómo desde el podemismo y la extrema derecha británica se ha ganado el referéndum para romper la Unión Europea, algo que también pretende la Podemos española.

Ampliar la “comunicación comunitaria”

Los podemistas parecen pensar que si en Inglaterra gana el Brexit, en España, con una “comunicación comunitaria” debidamente controlada por el podemismo, se pueden tomar a la bayoneta los cuarteles de invierno. Y, así, se están planteando una nueva PNL que exija al Gobierno que aplique inmediatamente lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en referencia a comunicación comunitaria.

Pedirán la aprobación de un Plan Técnico Nacional que “no presente contradicciones con lo dispuesto en la citada ley” y la asignación de licencias provisionales a las emisoras ya existentes como prevé la disposición transitoria 14 de la LGCA.

Igualmente, quieren que se establezcan líneas de ayuda específicas en el sector de la comunicación para víctimas de despidos colectivos, jóvenes emprendedores, y modelos de negocio que apuesten por fórmulas cooperativas y que consideren la importancia de la independencia para el ejercicio del periodismo. Esta idea, en principio, es buena, pero la segunda parte ‘huele’ demasiado a control: “Estas ayudas deberán asumir como objetivo el fomento de la diversidad de la oferta y la apuesta por la innovación en las fórmulas empresariales y de gestión. Dichas ayudas no necesariamente deben implicar nueva inversión, sino, por ejemplo, un reparto de la publicidad institucional transparente y basado en criterios socioeconómicos objetivables”.

Es decir, doble control: a través de la obligación de fomentar la diversidad -¿colocación de comisarios políticos en las nuevas redacciones?- y de la distribución de la publicidad institucional, un mecanismo de control siempre utilizado por los gobiernos predecesores.

También quieren promover campañas por “una audiencia activa”, fomentando la “implicación y participación directa de la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública”, tanto en la gestión como en la elaboración de contenidos, a través de plataformas digitales interactivas, organismos de participación, proyectos educativos, etc. Se promoverán contenidos educativos específicos sobre comunicación y sociedad.

Y, finalmente, claro está, la vieja idea de influir en la mente del individuo desde que es niño al estilo de lo que se hace en las madrasas musulmanas: “Implementación de la educación mediática en el currículo de la educación obligatoria”. Ahí es nada.